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La oposición presiona para una comparecencia sobre el fraude de formación

El PP-A e IU insisten en pedir que dé explicaciones en el Parlamento de Andalucía tras la nueva fase de la operación Edu y quieren que comparezca en la cámara la propia presidenta, Susana Díaz.

Hasta el pasado mes de noviembre, Luciano Alonso había comparecido periódicamente para informar del proceso de verificación de las subvenciones, pero no se ha contado nada nuevo desde hace tres meses.

La intención del consejero es "no interferir" en el periodo preelectoral, mientras el portavoz del Gobierno de Andalucía insiste en garantizar que se seguirá obrando "con transparencia".

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Desde que pasado 4 de diciembre el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, compareciera en comisión parlamentaria informar del plan de choque de revisión de expedientes de todas las subvenciones concedidas desde 2007 para la formación, puesto en marcha en septiembre de 2013, no ha habido información pormenorizada sobre esta depuración expediente a expediente. Desde entonces han ocurrido tres cosas: ruptura del pacto entre el PSOE-A e IU, convocatoria de elecciones autonómicas para el 22 de marzo y la consiguiente disolución del Parlamento de Andalucía, que se ha quedado como diputación permanente.

Esto ha provocado que en casi dos meses no se haya actualizado una información a la que el Gobierno de Andalucía se comprometió en aras de la "transparencia" de la que quiere impregnar su gestión. Luciano Alonso comparecía puntualmente mes a mes en la cámara, pero una vez disuelta ésta no se han articulado otros mecanismos para informar. De hecho, el propio consejero llegó a a manifestar en una entrevista en 8TV Andalucía la pasada semana que no iba a ahondar en el tema para "no interferir" en el periodo preelectoral.  

Este martes, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, matizaba que no tiene noticias en este sentido, y ha recalcado que se sigue manteniendo la premisa de la transparencia. "No me consta que haya un posicionamiento en sentido contrario", ha subrayado. Cuando se le ha preguntado si estaba en condiciones de garantizar que se vaya a ofrecer en los próximos días una actualización de esta investigación, ha precisado que "es una competencia de la Consejería".

En este contexto, cabe recordar que tanto el PP-A como IU han registrado una petición de comparecencia de la presidenta, Susana Díaz, en el Parlamento de Andalucía para informar del fraude de la formación, iniciativa que tomaron la pasada semana a raíz de la tercera fase de la operación Edu, desarrollada por la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional). Sin embargo, pese que en la Mesa de la Cámara suman mayoría absoluta estas dos formaciones, su propuesta no tiene visos de prosperar. De hecho, los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía apuntan en esta dirección, y es que se trata de una situación similar a un periodo inhábil, donde no pueden acometerse comparecencias de este tipo, por lo que se prepara un informe para desestimarlo.

Se trata de por lo menos "dar ruido"

Tanto en IU como el PP-A han reconocido las dificultades para sacar adelante esta demanda, donde incluso ni siquiera tendrían garantizado que fuera la presidenta la que compareciera, sino "algún miembro designado por el Gobierno de Andalucía". Pese a ello han decidido "dar ruido" -como decía gráficamente un exdiputado del PP-A- porque han encontrado una baza para la precampaña. Precisamente después de que IU, durante su etapa en el Gobierno, no lo hubiera planteado, pese a que ya se habían desarrollado la primera y la segunda fase de la Operación Edu.

Cabe recordar que, según la última información aportada por Luciano Alonso, se han cerrado 640 resoluciones de reintegro por las que se reclaman 19,3 millones de euros cuyo destino no se habría justificado debidamente. Hasta entonces se había revisado el 70,11% de los 8.505 expedientes de subvenciones para cursos objeto de análisis, es decir, 5.963. Pero es de suponer que la revisión ha arrojado nuevos datos estos meses, para un trabajo que la Consejería calculó que necesitaría dos años, o sea, hasta septiembre de 2015.

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