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La Junta dice que defenderá la Ley de Dependencia pese a las "continuas trabas" del Gobierno central


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Junta garantiza que seguirá "defendiendo" la Ley de Dependencia pese a las "continuas trabas" del Gobierno central

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha garantizado este viernes que desde Andalucía se seguirá "defendiendo" la Ley de Dependencia a pesar de las "continuas trabas" del Gobierno central, después de la aprobación de dos Reales Decretos que "inciden en el recorte de derechos" y en la "burocratización" en el acceso a las prestaciones.

   Sánchez Rubio ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Granada para informar sobre los detalles del refuerzo aprobado en Consejo de Gobierno en materia de Dependencia, con una dotación extra de casi 10,3 millones de euros para garantizar la atención a las personas dependientes, así como la tasa de reposición del sistema.

   La consejera ha lamentado que los nuevos cambios normativos aprobados por el Gobierno en los últimos días de diciembre vayan a suponer la bajada de la intensidad del Servicio de la Ayuda a Domicilio, que se verá reducida hasta en 20 horas para grandes dependientes, pasando de 90 a 70 horas mensuales de atención máxima.

   "La población andaluza se verá perjudicada por esta medida puesto que hay 42.694 personas que están recibiendo este servicio, lo que representa casi el 35 por ciento del total nacional", ha dicho Sánchez Rubio, quien ha añadido que para afrontar este asunto el Gobierno andaluz tratará de ampliar el número de personas atendidas, a fin de suplir esa reducción de horas, que puede afectar a casi 39.000 personas, aumentando la cobertura y garantizando el mantenimiento del empleo.

   La nueva normativa, según ha relatado Sánchez Rubio, también introduce mayor burocratización en el acceso del ciudadano a las prestaciones. Pues, se exige, por ejemplo, que junto con la solicitud la persona solicitante presente documentación relativa a su situación económica y patrimonial cuando aún no se ha valorado si la persona presenta o no situación de dependencia. Para facilitar los trámites, Andalucía es la única comunidad autónoma que no exige la presentación del informe de salud junto con la solicitud, sino que es la propia Administración la que se encarga de obtenerlo solicitándolo directamente al Servicio Andaluz de Salud.

   Estos nuevos decretos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, también endurecen los requisitos que deben cumplir las personas cuidadoras obligándoles, por ejemplo, a estar prestando atención previa a la solicitud durante, al menos, un año y a la convivencia en el mismo domicilio que la persona en situación de dependencia. Igualmente se deroga la norma que establecía revalorización anual de las cuantías de las prestaciones económicas en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que en la práctica "elimina el incremento de las cuantías máximas de las prestaciones económicas".

   Además, según ha expuesto Sánchez Rubio, el decreto-ley también penaliza el reconocimiento de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar al reducirse la financiación estatal para esta prestación, potenciándose que se concedan prestaciones económicas vinculadas a servicios privados.

   Por último, la consejera ha mostrado su temor a que el nuevo decreto sobre copago en el que se está trabajando desde el Gobierno introduzca también esta fórmula en la Dependencia, en perjuicio de los usuarios.

   Estas normas suponen, "ya oficialmente y con una norma con rango de ley, un recorte de derechos y una burocratización en el acceso a las prestaciones, algo que ya sabíamos pero que viene ahora impuesto por un decreto-ley desarrollado específicamente para la dependencia", ha lamentado la consejera, quien ha garantizado no obstante que en Andalucía "apostaremos por los servicios de proximidad para garantizar la estabilidad en el empleo en el sector y lucharemos para reconquistar el terreno perdido en estos años de crisis".

ANDALUCÍA, A LA CABEZA

   La consejera ha detallado que estas medidas afectarán especialmente a Andalucía porque es la primera comunidad autónoma en el desarrollo de la Ley de Dependencia.

   Las 167.700 personas beneficiarias en Andalucía representan el 22 por ciento del total nacional, estando cuatro puntos porcentuales por encima de su peso poblacional, que es del 18 por ciento.

   Sánchez Rubio ha dado más datos, como que Andalucía es la comunidad autónoma que más personas dependientes atiende, que una de cada cuatro prestaciones de dependencia se da en Andalucía --hay 228.557 prestaciones concedidas-- y que el 35 por ciento de la ayuda a domicilio del total de España se presta en Andalucía, así como el 47 por ciento de la teleasistencia. "No quiero dejar pasarla oportunidad de volver a insistir en que, a pesar de las continuas trabas que puedan ponerle a la Ley de la Dependencia, desde Andalucía vamos a seguir defendiéndola", ha recalcado la consejera.

REFUERZO

   Sánchez Rubio ha recordado que esta semana el Consejo de Gobierno ha acordado la distribución de 10,29 millones de euros entre las ocho diputaciones provinciales y los 82 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes para financiar, durante este año, el mantenimiento de los contratos de los trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en la comunidad autónoma. Se garantiza de este modo la financiación para contratar a 268 trabajadores sociales, pese a la merma de 314 millones del Gobierno central para dependencia en los últimos tres años.

   Por provincias, Almería recibirá 851.213 euros; Cádiz, 1,4 millones, y Córdoba, 1.147.233. Por su parte, Granada, recibirá 1.161.290 euros; Huelva, 615.412; Jaén, 990.397 euros; Málaga, 1,7 millones, y Sevilla 2,35 millones de euros. Estos servicios se encargan de gestionar las prestaciones y proporcionar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a colectivos como los de personas mayores y con discapacidad o inmigrantes. Su gestión compete a las entidades locales y la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal.

   Desde el año 2006 la Junta ha habilitado anualmente créditos dirigidos a la contratación del personal de refuerzo por parte de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Contando con los recursos consignados para 2014, Andalucía ha destinado a este fin 131,39 millones de euros, mientras que para el total desarrollo de la ley, se han dedicado 6.743 millones. Igualmente, en los presupuestos de 2014 la Junta reserva 1.115 millones para atender el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. "Una apuesta --ha insistido la consejera-- por mantener el bienestar de estas personas y el empleo que mueve a su alrededor".

   Sánchez Rubio ha querido destacar que, "a pesar de las serias dificultades con las que nos hemos encontrado existe este compromiso firme de la presidenta de la Junta y de todo el Gobierno de Andalucía de continuar gobernando en pro de las personas en situación de dependencia". Para ello, ha afirmado la consejera, durante el año 2014 se garantizará "la tasa de reposición y el incremento paulatino para llegar a la cobertura de años anteriores".

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