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Debería prevalecer el derecho del escolar transexual antes que el ideario del San Patricio, dice la Junta

Ruiz Espejo afirma que se llegará a las instancias educativas y no descarta las judiciales "si hacen falta"

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La Junta asegura que debería prevalecer el derecho del escolar transexual antes que el ideario del San Patricio

El caso del menor transexual del colegio San Patricio de Málaga capital, de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, dependiente del Obispado, sigue sin resolverse. A juicio de la Junta de Andalucía, en este caso se debería "poner por encima de cualquier otra cuestión, más allá del propio ideario del centro, el derecho individual de una persona".

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha señalado que si este caso acaba en los tribunales "es porque estamos impidiendo el desarrollo de un derecho individual". Así, ha lamentado que los responsables del centro educativo, concertado con el Gobierno andaluz, se hayan negado a atender las recomendaciones efectuadas por la Delegación de Educación en la provincia.

"Nosotros le hemos exigido que atienda las recomendaciones de la Inspección y en caso de que no sea así recurriremos a las instancias que tengamos, tanto administrativas como las judiciales si hacen falta", ha asegurado el delegado.

Tras recordar que en otros centros educativos de la provincia donde se dieron casos similares "no ha habido ningún problema", ha lamentado que se quiera "limitar el derecho de nadie". "No se puede transgredir ese derecho; los derechos que ya existen no podemos estar en contra o a favor porque están garantizados y no se pueden transgredir", ha apostillado.

Aunque ha resaltado que se exige un cumplimiento de la atención adecuada a todos los niños y el respeto a sus derechos, ha incidido en que el "derecho a la identidad es individual y hay que respetarlo".

En este punto, sobre el anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de iniciar un expediente para retirar el concierto al colegio San Patricio, Ruiz Espejo ha sostenido que los centros públicos -o sostenidos con fondos públicos- "tienen que cumplir lo que dicen las instancias educativas, la Inspección, y en este caso incluso la Fiscalía".

"Si no se atienden esas recomendaciones se situará fuera de la legalidad, y nosotros tendremos que hacer cumplir lo que establecen los conciertos y el respeto a las instancias educativas. Si no existe ese respeto y alguien quiere situarse fuera de los requisitos de los conciertos educativos tendrá que asumir las consecuencias", ha finalizado.

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