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Seleccionados 12 laboratorios para una nueva subasta de medicamentos que prevé ahorrar 33 millones de euros

La Junta de Andalucía lanza esta convocatoria cuando todavía está pendiente la resolución del recurso que presentó el Gobierno de España contra el procedimiento.

Se estima que las medicinas elegidas, con casi 300 principios activos, comenzarán a suministrarse en las farmacias en a partir del mes de febrero de 2014.

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Junta selecciona 12 laboratorios en una nueva convocatoria pública de medicamentos con la que prevé ahorrar 33 millones

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía ha resuelto una nueva convocatoria pública de selección de medicamentos con la elección de 12 laboratorios. Este procedimiento se enmarca en el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Farmacia que permite avanzar en la eficiencia económica del sistema sanitario público, apurando nuevos márgenes de mejora.

Entre los fármacos seleccionados se encuentran antiulcerosos, hipoglucemiantes, antitrombóticos, diuréticos, antihipertensivos, reductores del colesterol y los trigliceridos, antifúngicos, antibióticos, inmunosupresores, antiinflamatorios, antihistamínicos y ansiolíticos. Se estima que comenzarán a dispensarse en las farmacias de la comunidad autónoma a partir de febrero de 2014.

En la convocatoria resuelta ahora se incluían 288 principios activos diferentes de 148 subgrupos farmacoterapéuticos y con 5.325 marcas o denominaciones comerciales distintas. Un total de 14 laboratorios se presentaron a esta convocatoria que se publicó, el pasado mes de junio, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En concreto, los laboratorios seleccionados son: Onerosa Pharma, Francisco Durban, Arafarma Group, Bausch & Lomb, KRKA, Aristo Pharma Iberia, Korhispana, Abamed, Vir, Aurobindo, Bluefish Pharmaceuticals y Rambaxy.

Contra esta convocatoria, el Gobierno de España ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el que solicita la suspensión cautelar del procedimiento, sobre el que aún no hay pronunciamiento. La Junta de Andalucía defiende la medida porque, además de suponer un importante ahorro para el sistema sanitario público, sin mermar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, permitirá que aquellas personas que requieran hacer uso de ellos tengan acceso siempre al mismo medicamento, con el mismo envase y la misma presentación, lo que facilitará su identificación y, por tanto, la adhesión al tratamiento.

Las empresas que participen deben acreditar que tienen capacidad para producir la cantidad requerida y su compromiso para garantizar el abastecimiento de manera que se pueda atender la demanda derivada de las prescripciones realizadas. De hecho, la capacidad de producción se ha tenido en cuenta como prioridad en caso de empate. Estas empresas firmarán un convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que tendrá una duración de dos años y en el que se comprometen, en el plazo de un mes, a abastecer a las farmacias. Dado que el precio de los medicamentos no se modifica, el colectivo de las oficinas de farmacia seguirá obteniendo los mismos márgenes de beneficio que determina la ley.

Uso racional del medicamento

Andalucía es referente nacional en políticas de uso racional del medicamento, entre las que se incluye la prescripción por principio activo, un modo de indicación recomendado por la Organización Mundial de Salud (OMS) y que supone que los médicos no prescriben la marca comercial sino el principio que produce la acción terapéutica. El 93% del total de recetas prescritas en la sanidad pública de Andalucía son por principio activo.

El objetivo es que los medicamentos que se entregan en las farmacias a los usuarios que acudan con una receta por principio activo sean los seleccionados por el SAS, de manera que se pretende aprovechar la economía de escala que supone seleccionar medicamentos para más de ocho millones de usuarios y conseguir con ello mejoras económicas procedentes de la industria farmacéutica que repercuta en la sostenibilidad.

En 2001 se comenzó a implantar este modelo de prescripción y, desde entonces, esta fórmula, junto a otras políticas de uso racional del medicamento, ha permitido reducir la factura farmacéutica sin menoscabo de la calidad y la eficacia del medicamento y han supuesto un ahorro de 1.000 millones de euros en la última década. La experiencia andaluza ha servido de base a la implantación de este modelo de prescripción por principio activo al conjunto del Sistema Nacional de Salud.

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