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Juristas crean una red de trabajo “contra la criminalización de la protesta social”

Abogados y expertos en Derecho se coordinan para estudiar la defensa de los movimientos sociales ante la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Con la vista puesta en la llamada “Ley Mordaza”, los juristas trabajan para ver en qué situación queda la capacidad de acción de los movimientos sociales y sus distintas manifestaciones.

Se trata de “crear una red de autoayuda” entre abogados y activistas sociales a los que se les ofrece material elaborado sobre los puntos clave de la reforma del Código Penal y una guía práctica para manifestantes.

“La justicia ya es cara, por las tasas y por los abogados, y con estas nuevas sanciones se intenta ahogar económicamente a los movimientos sociales”, advierten.

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Activistas del Movimiento Antirrepresión se manifiestan ante la Subdelegación del Gobierno de Córdoba contra la Ley Mordaza.

Activistas del Movimiento Antirrepresión se manifiestan ante la Subdelegación del Gobierno de Córdoba contra la Ley Mordaza.

Estudiar qué prevé sancionar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y anticipar así la acción de los movimientos sociales ante esta reforma legislativa del Gobierno.  Ese es el principal objetivo sobre el que trabajan juristas cordobeses, en contacto con colegas de otras provincias, para crear una red de trabajo contra lo que señalan como “la criminalización de la protesta social” que, a su juicio, conlleva la denominada “Ley Mordaza”.

Así, un grupo de abogados y profesores de Derecho trabajan de manera coordinada para estudiar minuciosamente la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y los puntos clave de la reforma del Código Penal que afectarán a la capacidad de acción de los movimientos sociales y a sus distintas maneras de manifestarse.

Se trata de “anticiparnos a la nueva ley y ver en quésituación se quedan los movimientos sociales para movilizarse”, cuenta a eldiario.es/andaluciauno de los integrantes de este grupo de juristas, Juan Escribano, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Almería.

“Hemos visto la necesidad de poner en común nuestros conocimientos y nuestra formación como juristas para trabajar en la defensa de los movimientos sociales ante las sanciones” que se contemplan en la nueva ley. Por ello, mediante una red de trabajo en contacto con otros grupos que trabajan jurídicamente sobre el mismo asunto como la Comisión Legal Sol 15M de Madrid o la Sociedad Andaluza de Juristas 17 de marzo, abogados y expertos en Derecho han sentado las bases de una tarea en común que proporcione formación y material informativo a los movimientos sociales para desarrollar sus acciones. “Se trata de crear sinergias con otros colegas en otras provincias y con integrantes de los movimientos sociales” explica Escribano. “Crear una red de autoayuda con compañeros comprometidos”, sintetiza.

Claves de las reformas y guía práctica para el manifestante

De momento, este grupo de juristas que en Córdoba colabora con el Movimiento Antirrepresión conformado por quince colectivos sociales, ya ha distribuido entre los integrantes de distintos movimientos un documento con los puntos clave de la reforma del Código Penal en el que se explica que ésta “supondría un profundo cambio en el modelo punitivo actual y un alarmante aumento de la represión y el control social”.

En este documento se repasan las medidas principales de la reforma prevista por el Gobierno que, desde el punto de vista de estos juristas, “penalizan la legítima protesta y la contestación social”. Así, bajo distintos epígrafes como “Un código penal más severo: hoy es falta, mañana delito”, “Cuando la solidaridad puede ser delito” o “Persecución de la libertad de expresión y de la protesta social”, el documento distribuido permitirá a los ciudadanos y activistas conocer de qué manera afectará la reforma del Código Penal a la acción social.

De otro lado, también se ha distribuido ya entre integrantesde los movimientos sociales una “Guía práctica para manifestantes bajo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana”, un documento de preguntas y respuestas sobre las infracciones recogidas en el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno.

“Las nuevas leyes suponen una reforma constitucional encubierta”

“Lo que pretende el Gobierno, al margen de convertir el Derecho Penal en Derecho Administrativo, es generar un efecto disuasorio en el ciudadano al imponer sanciones económicas por participar en movilizaciones sociales”, explica Escribano. “La justicia ya es cara, por las tasas y por los abogados, y con estas nuevas sanciones se intenta ahogar económicamente a los movimientos sociales”.

Pero junto a ello, hay otro punto de vista objeto de estudio entre los juristas que integran esta red de colaboración. “Frente a una Constitución garantista con los derechos, estas nuevas leyes vienen a mermar su contenido y suponen una modificación constitucional encubierta”, advierte Alba Doblas, abogada y parlamentaria de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía.

Ante ello, la respuesta que en su opinión deben dar los ciudadanos está clara: “Reaccionar”. Reaccionar ante lo que supone “volver a la dictadura con unas multas económicas que hacen daño a la población y tiene como finalidad acallar a la ciudadanía”, concluye.

Quienes colaboran en esta red de trabajo jurídico tienen claro que las reformas legislativas del Gobierno en este ámbito “están diseñadas a la medida de los nuevos movimientos de resistencia que han surgido, a la medida de las nuevas formas de expresión del rechazo que producen las políticas del gobierno”, señala el portavoz del Movimiento Antirrepresión, Guillermo Contreras. Y advierten: “Con estas nuevas leyes, la arbitrariedad queda por encima de los derechos de los ciudadanos”.

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