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Las 15 propuestas de Podemos de Andalucía para un “escenario óptimo” del modelo de financiación

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Olga Granado

La propuesta de Podemos para el nuevo modelo de financiación -los grupos del Parlamento de Andalucía tienen hasta este lunes para registrar la suya- tiene muchos puntos en común con la del PSOE, dado que recogió parte del decálogo que pusieron sobre la mesa los de Teresa Rodríguez, y con la de IU, por la sintonía programática entre estas dos formaciones.

No obstante, para el que Carmen Lizárraga ha calificado como “el debate por excelencia” en estos momentos, la propia diputada de Podemos ha referido “siete diferencia” con el texto del PSOE, que se reducen si se compara con el de IU. Las dos fuerzas de la derecha (PP y C's) no se puede comparar a esta hora porque han dejado el registro para la tarde.

Eso sí, en un documento elaborado con aportaciones de las personas que han comparecido en el grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía, se reitera -como en el caso de las otras dos formaciones- que “no es un debate de capacidad fiscal, sino de nivelación de derechos sociales”. Y también, que la vía de incrementar la autonomía fiscal no debe emplearse para solucionar los problemas de falta de recursos del modelo en vigor.

Principios

El documento comienza recordando los seis principios que a su juicio deben regir el modelo y en los que hay una coincidencia generalizada, con matices: suficiencia para garantizar servicios públicos fundamentales y el resto; equidad de acceso a los mismos para toda la ciudadanía, independientemente del territorio donde se resida; corresponsabilidad fiscal; transparencia; solidaridad, para alcanzar el equilibrio; y lealtad institucional.

Diagnóstico

Continúa el texto con un diagnóstico de la situación, partiendo de que Andalucía está en las comunidades autónomas con más problemas de infrafinanciación. Se une a esto la insuficiencia del sistema porque la diferencia entre el gasto que han asumido los territorios desde que en 2009 se estrenó el modelo en vigor y los recursos recibidos (entregas a cuenta e ingresos por IRPF, IVA e impuestos especiales más los del fondo de suficiencia) se estima en 23.500 millones de euros. Y en tercer lugar, apunta la falta de lealtad institucional, porque el modelo lleva caducado desde 2014, porque se ha fomentado el dumping fiscal, porque existe descoordinación en el ejercicio de la autonomía financiera...

Escenarios

Posteriormente, Podemos, a diferencia de los otros grupos, establece tres escenarios para abordar el problema de la insuficiencia. El escenario óptimo, que se produciría una reforma fiscal que dotaría de mayor progresividad para resolver la falta de ingresos. Otro en el que no se produciría la reforma fiscal, salvo elementos de armonización fiscal y transparencia entre administraciones tributarias. Y un tercero: el sistema fiscal se modificaría, haciéndose más regresivo, con un aumento del IVA y un sistema de copagos. Este último lo rechaza de plano Podemos.

15 Propuestas

Yendo a lo más concreto y comenzando por el problema de la falta de recursos del modelo en vigor y, dado que existen diferentes metodologías de cálculo para financiar los servicios públicos fundamentales, Podemos recuerda que en el grupo de trabajo se ha hablado de una horquilla de insuficiencia de entre los 16.700 y los 20.900 millones de euros. En el caso de Andalucía, entre 3.400 y 4.000, en lo que coincide con el PSOE mientras que IU va más lejos. Estas estimaciones siguen siendo notablemente inferiores a la que se obtendría teniendo en cuenta los niveles de gasto de medida en la UE, pero “sería el punto de partida” para el nuevo, según Podemos.

En segundo lugar, recoge, igual que hace IU y no así el PSOE, que el gasto en servicios públicos fundamentales debe fijarse en un porcentaje mínimo del PIB: 7% en salud, 5% en educación y 2% en servicios sociales.

Igualmente, Podemos cree “prioritario constitucionalizar el blindaje de los derechos sociales fundamentales” con una reforma “sustancial” del artículo 135 de la Constitución Española -IU habla de derogarlo y el PSOE no lo menciona- dando prioridad a la garantía de los mismos.

Igual que IU, también cuestiona la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que tiene su origen en el 135.

En cuanto a población ajustada, considera que deberían incluirse factores socioeconómicos que no se consideran en estos momentos. Concretamente: población protegida equivalente a efectos de gastos sanitarios; la población desde 0 hasta 18 años; el número de universitarios en centros públicos; población en riesgo de pobreza o exclusión social; tasa de desempleo e índice de temporalidad o precariedad. Todos los parámetros sugeridos por Podemos han sido incorporados a la propuesta del PSOE, salvo el de la temporalidad, mientras que IU insiste en que sería más justo considerar la población de derecho.

Las tres formaciones defienden una simplificación del modelo. Podemos, como el PSOE, habla de tres fondos: el fondo de garantía para los servicios públicos fundamentales, el fondo de suficiencia autonómica para cubrir otras competencias homogéneas y un fondo de reserva. Básicamente con estas premisas cada uno:

  1. El primero se compondría, como en estos momentos, de la totalidad de los ingresos derivados por la participación de las comunidades autónomas de las principales figuras tributarias, es decir IRPF, IVA e impuestos especiales. Cree que se debería mantener el mismo porcentaje de cesión de IRPF (50%), pero en el caso del IVA e impuestos especiales debería incrementarse por lo menos hasta un 70% para un reparto entre las administraciones más acorde con sus obligaciones. El PSOE ha hablado de un 75%.
  2. Para el segundo, garantizado con transferencias directas por parte de la Administración General del Estado (AGE) en función de la evolución interanual del gasto, cree que el criterio de reparto sería la población real en su mayor parte, añadiendo algún factor relativo a la sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, kilómetros cuadrados de espacios protegidos.
  3. Existe un consenso sobre la creación de algún tipo de fondo de estabilidad que permita mantener el nivel de gasto público si cambia el ciclo de la economía. Sería un fondo de reserva que pueda ser utilizado cuando los niveles de ingresos no sean suficientes para garantizar los servicios públicos fundamentales. Pese a que lo comparten PSOE e IU, sólo Podemos insiste en que la posibilidad de acumular recursos para el mismo debe estar condicionada a que, previamente, se hayan revertido los recortes para garantizar el suelo de gasto que se ha propuesto para salud, educación y servicios sociales.

Sobre la falta de armonización fiscal, Podemos subraya que la gestión de impuestos cedidos (sucesiones y donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados) presentan problemas de “competencia desleal”. La solución, como han apuntado el PSOE e IU, la pone en establecer un suelo mínimo de tributación no bonificable para el conjunto de los territorios. Respecto a los tributos propios, “la autonomía fiscal tendría que ser reforzada ampliando el abanico de impuestos en los espacios de sus competencias estatutarias”. Eso sí, “tienen que ser considerados como recursos adicionales y no pueden nunca ser sustitutivos de los comunes”. Para concluir: “La lucha contra el dumping fiscal no puede considerarse de ningún modo una limitación de la autonomía, sino un ejercicio de lealtad institucional”.

Como han hecho en sus propuestas el PSOE e IU, Podemos también deja por escrito su rechazo “con firmeza” cualquier intento de solventar la insuficiencia con mecanismos de copago.

Sobre statu quo, Podemos apunta que el escenario óptimo permitiría una nivelación hacia arriba en términos generales, consiguiendo que las regiones más infrafinanciadas llegaran a los niveles de las que se han encontrado tradicionalmente en mejor posición. Con esta reforma se superaría el criterio del statu quo a partir del año base del nuevo modelo porque ha sido “ determinante en la cronificación de las desigualdades” de los modelos previos.

En esta línea, una de las propuestas en las que ha incidido Podemos y no las otras formaciones que ya han presentado su propuesta, es que se cree una administración tributaria integrada y de corte federal. “Ello permitiría también hacer frente en mayor medida y a menor coste a los comportamientos de elusión y evasión fiscal”, remarca. Cualquier avance en la integración de las agencias tributarias autonómicas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) “debe ir precedido de un conjunto de gestos y medidas de restauración de la confianza por ambas partes”.

Concluyendo con el tema tributario, como también han apuntado PSOE e IU, Podemos abunda en que deben recuperarse y aplicarse con lealtad territorial. La solución es establecer un suelo mínimo de tributación no bonificable para el conjunto de las CCAA, con el fin de evitar así la competencia fiscal entre los territorios y garantizando unos ingresos mínimos para el conjunto.

“Sería beneficioso que las comunidades autónomas forales (País Vasco y Navarra) realizasen alguna aportación para el sistema común”, recoge la propuesta de Podemos, un tema que el PSOE ignora, pero que IU también ha incluido.

Por otra parte, recalca que “sería necesaria una reforma del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o su sustitución por mecanismos que faciliten el acceso al crédito a las comunidades autónomas que presentan, en determinados momentos, problemas de liquidez y solvencia. El PSOE e IU proponen más directamente su eliminación, y los socialistas, incluso, sugieren la capacidad de las autonomías para salir a los mercados de deuda por su cuenta.

Coincide con PSOE e IU en que en el caso del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es preciso un cambio en su reglamento, si bien detalla como las otras fuerzas la apuesta por el voto ponderado, por ejemplo.

Por último, pese a que Podemos reconoce que la financiación local no forma parte del debate, ve necesario iniciar un proceso de reforma de la misma “de forma ineludible”.

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