Tirón de orejas del CES a la Junta por abusar del trámite de urgencia para las leyes
La reunión este lunes de la comisión permanente del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía ha sido más bronca de lo habitual por la intención de la mayoría de los consejeros de presentar una queja contra el Gobierno de Andalucía por la tónica de los últimos meses, en los que muchas de las normas que están llegando a este órgano consultivo para que emita sus dictámenes lo están haciendo por el trámite de urgencia, lo que acorta los plazos para su trabajo. El último ha sido el anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, cuyo dictamen se someterá a votación en el pleno de este jueves, donde precisamente se pretende elevar una declaración dirigida a la Junta de Andalucía contra el “abuso de la vía de urgencia”, tal y como explican los consejeros que han estado en la comisión permanente.
Esta situación se ha producido en un contexto de distanciamiento con la Junta de Andalucía por parte de los sindicatos UGT-A, sobre todo, y CCOO-A, que en cierta medida han encontrado otra vía de explicitar este malestar con su postura en el CES. De todas maneras, no han sido los únicos, porque los representantes de los consumidores o de la economía social, por ejemplo, que también cuentan con miembros en el CES, han expresado igualmente su respaldo a esta queja, que en un primer momento se intentó frenar desde la dirección del organismo. En todo caso, finalmente se ha consensuado la presentación de lo que puede considerarse un tirón de orejas al Gobierno de Andalucía.
En este sentido, Olga Ruiz, presidenta de Facua en Andalucía y encargada de la ponencia del dictamen sobre este último anteproyecto de ley, ha explicado que “lo que debería ser algo excepcional se está convirtiendo en una práctica habitual”, lo que dificulta la elaboración de los informes por parte del organismo, “especialmente cuando se trata de normas que previamente han sido ampliamente debatidas y sometidas a procesos de participación”. En este sentido, remarca que “se puede entender que sea algo coyuntural, pero no estructural, lo que nos preocupa porque hace difícil que este órgano cumpla con su función”. Subraya que son “demasiadas” las normas que están llegando por vía de urgencia, como el caso de esta última o como previamente lo hizo la modificación del decreto para la implantación de campos de golf de interés turístico.
En los mismos términos se expresa María del Carmen Barrera, consejera por UGT, que la situación se está haciendo “realmente intolerable, no sólo por el abuso de la vía de urgencia, sino también porque el Gobierno de Andalucía está recurriendo sistemáticamente a la aprobación de normas por decreto ley”, de manera que deja lugar a que se produzca el debate. Entiende que no se está dando su sitio “a un órgano que es un lujo de participación que no existe en otras comunidades autónomas”, de ahí que hayan impulsado esta declaración institucional. Igualmente, ha subrayado que la situación se hace más complicada en la recta final del año “por la premura del Gobierno de Andalucía en sacar adelante más normas”.
Un diálogo que no se produce
Desde el CES explican por el trámite ordinario tienen 20 días naturales para sus dictámenes, que se reducen a 15 en el caso de la vía de urgencia. Son sólo cinco días de diferencia pero que a la hora de elaborar los dictámenes se convierten en cruciales para garantizar la calidad de su debate. Cabe recordar que el CES, que está adscrito a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo pero goza de autonomía, tiene como fin “servir de cauce de participación y diálogo permanente en los asuntos socioeconómicos”, tal y como figura en su reglamento publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En el mismo están representados las organizaciones sindicales, empresariales, consumidores y usuarios, economía social, administraciones locales, universidades y expertos en el ámbito.
Entre sus funciones, figura la de emitir, con carácter preceptivo, informes sobre los anteproyectos de leyes que regulen materias socioeconómicas y laborales y decretos que, a juicio del Consejo de Gobierno, “posean una especial trascendencia” en la regulación de estos temas, salvo los relativos a los presupuestos autonómicos. También realiza los estudios, informes o dictámenes que sean solicitados por el Consejo de Gobierno, sobre los mismos temas.
