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Aprobado por unanimidad el dictamen de la futura ley LGTBI de Andalucía

El texto incorpora como principal novedad la inclusión de las familias en el ámbito de la regulación, especialmente las homoparentales

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FOTO: PARLAMENTO ANDALUZ

La Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad este miércoles el Dictamen a la Proposición de Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.

El texto conjunto, validado en julio por el Pleno del Parlamento y que sustituye a propuestas anteriores promovidas de forma independiente por PSOE, IU y Podemos, incorpora como principal novedad la inclusión de las familias en el ámbito de la regulación, especialmente las homoparentales.

Asimismo, establece la creación del Consejo Andaluz de Participación del colectivo Lgtbi, órgano de consulta, asesoramiento, representación y participación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el desarrollo de las políticas en la materia y de elaborar un informe anual.

En el ámbito sanitario, la proposición incorpora los derechos de los menores transexuales ya recogidos en el Proceso Asistencial Integrado que la Consejería de Salud desarrolla desde enero de este año. Se incluyen entre ellos el tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados, y el tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado para propiciar el desarrollo de los deseados.Asimismo, respecto a los menores intersexuales, el sistema sanitario público de Andalucía velará para que las prácticas de modificación genital en recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos.

Respecto a la inserción social, la propuesta establece medidas dirigidas a víctimas de violencia y a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, además de otras específicas de apoyo, protección y mediación a menores y jóvenes sometidos a situaciones de presión o maltrato psicológico y/o físico.

Por su parte, los centros residenciales, los de día para personas mayores, los de participación activa y los destinados a personas con discapacidad garantizarán el derecho a la no discriminación de las personas tanto a título individual como en su relación sentimental.En materia educativa, se refuerzan las medidas de lucha contra el acoso escolar por motivos de orientación o diversidad sexual, así como las acciones para detectar, prevenir y proteger de acciones de discriminación hacia personas Lgtbi, incluyendo a las que forman parte de familias homoparentales.

En el ámbito laboral, la principal novedad es la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo. Las destinadas a conciliación laboral incluirán igualmente cláusulas para reconocer la heterogeneidad del hecho familiar.

La propuesta también incluye un régimen de infracciones y sancionador para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger y reparar a las víctimas. Se distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, con multas de hasta 120.000 euros. Estas cuantías irán acompañadas, además, de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública, la inhabilitación para ser titular de centros de servicios de carácter público y el cierre o suspensión temporal de los mismos por un periodo máximo de hasta cinco años.

La Consejería de Igualdad deberá elaborar anualmente un informe estadístico sobre las agresiones y discriminaciones contra personas Lgtbi y los casos de delitos de odio, teniendo en cuenta los datos aportados por los puntos de Información y atención a las víctimas.

La protección de los derechos Lgtbi está regulada parcialmente en Andalucía a través de la Ley 2/2014, de 8 de julio, para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de las personas transexuales de Andalucía. Esta norma dio respuesta a las demandas planteadas por el colectivo para ampliar la regulación más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio en el Registro Civil, que desde 2007 permite la legislación estatal.

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