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Córdoba reinvierte parte del sueldo de concejales en garantizar el agua a familias sin recursos

La medida forma parte del Plan de Rescate Ciudadano establecido como prioridad al inicio del mandato y establece un mínimo de suministro por cada miembro de las familias que no pueden afrontar el pago del recibo

La empresa municipal de aguas ha quintuplicado su partida de emergencia social: de 80.000 a 400.000 euros

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Isabel Ambrosio destaca que Córdoba será "ciudad refugio", como históricamente

Ciudad libre de cortes de agua a familias sin recursos que no pueden pagar la factura. Ese es el objetivo que se ha marcado el Gobierno municipal de Córdoba (PSOE e Izquierda Unida) y que el Ayuntamiento quiere cumplir con las medidas adoptadas recientemente por parte de su empresa municipal de aguas (Emacsa).

Así, el Consistorio ha establecido el suministro de tres metros cúbicos de agua para cada miembro de aquellas familias que no puedan afrontar el pago del recibo de Emacsa, de manera que no se produzca nunca un corte del suministro y se le garantice un mínimo vital de agua acorde con las necesidades de una persona.

Para ello, el Gobierno municipal ha multiplicado por cinco la partida económica destinada a las emergencias sociales en la empresa local de aguas. Solo el año pasado, fueron 320 las familias que se beneficiaron de las ayudas de Emacsa para pagar sus recibos del agua. Y así, este presupuesto pasa de la anterior cifra de 80.000 euros – cuantía que se quedó pequeña para afrontar todas las situaciones de familias sin recursos que llegaban hasta Emacsa- hasta llegar a 400.000 euros ahora.

Parte de esa nueva partida económica se sacará del ahorro en sueldos y personal de confianza que el Gobierno municipal realizó al comienzo del mandato con respecto al anterior ejecutivo local,  un ahorro de más de medio millón de euros en nóminas que ahora están disponibles para emergencias sociales, como se ha explicado desde el propio Ayuntamiento.

El suministro de agua también se contempla en otros casos excepcionales como el de un edificio "reocupado" sin licencia de fin de obra, donde se plantea la instalación de un contador provisional, siempre que la situación de emergencia quede acreditada ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Luz y vivienda, otras medidas del Plan de Rescate Ciudadano

La garantía del suministro de agua por parte del Consistorio cordobés forma parte del Plan de Rescate Ciudadano, un paquete de medidas que el equipo de Gobierno se comprometió a poner en marcha con prioridad en este nuevo mandato para garantizar los suministros vitales a las familias cordobesas sin recursos para afrontar sus pagos.

El objetivo primordial de este plan es cubrir las necesidades básicas del conjunto de la ciudadanía tanto en materia de suministros como de alimentación y vivienda. Para este último apartado, el Ayuntamiento pondrá en marcha en este mes de septiembre la Oficina Municipal de la Vivienda, un servicio público y gratuito de intermediación y prevención para evitar desahucios en la ciudad, que además prevé la creación de una bolsa de viviendas y trabajará en coordinación con la plataforma Stop Desahucios y otras administraciones públicas.

En el caso del suministro de energía eléctrica, el Ayuntamiento se ha propuesto negociar un convenio con Endesa para trabajar de manera coordinada con esta empresa y poder afrontar el pago de la luz de las familias sin llegar al corte del suministro.

El Plan de Rescate Ciudadano forma parte del acuerdo de legislatura que suscribieron los dos partidos que conforman el gobierno municipal en la capital cordobesa (PSOE e IU) y que también fue rubricado en ese acuerdo por Ganemos Córdoba para apoyar la investidura de la alcaldesa socialista, Isabel Ambrosio. De hecho, Ganemos Córdoba ha trabajado en estas semanas en el diseño de las medidas de este plan de rescate que cuenta con su apoyo, muy especialmente en la puesta en marcha de la Oficina Municipal de la Vivienda.

Por su parte, el PP -el grupo mayoritario de la oposición- ha dado a conocer sus propias medidas sociales para asegurar el consumo de agua, que pasan por una tarifa y un canon "social" de la empresa municipal de agua y que deberían tener su reflejo en las ordenanzas fiscales del próximo año. La tarifa social que propone el PP reduciría un 25% la factura del agua para familias sin recursos, mientras que el canon social supondría establecer un precio menor para los colectivos desfavorecidos.
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