Las diferencias entre los partidos dificultan que el Parlamento de Andalucía sea más transparente
Las negociaciones que los tres grupos parlamentarios retomaron el primer trimestre de 2014 para reformar el reglamento y hacer la institución más transparente continúan por un camino tortuoso que tenía el pasado mes de junio un momento critico -cuando el presidente de la cámara, Manuel Gracia, salía con un ultimátum- y que han vuelto a torcerse este lunes. Los partidos del Gobierno de Andalucía (PSOE-A e IU) y la oposición (PP-A) se acusan mutuamente de la falta de consenso en una cuestión en la que los tres se habían comprometido a intentar que se aprobara por lectura única, conscientes -por lo menos en la teoría- de que la institución necesita sumarse también a las exigencias de más participación y transparencia que perciben en la ciudadanía.
Uno de los escollos está en la modificación del artículo 165.6 para facilitar la inclusión en los pleno de las preguntas ciudadanas. La propuesta es que si un diputado asume una pregunta ciudadana enviada al registro y calificada por la Mesa de la Cámara, automáticamente se incluirá en el orden del día, mientras que en estos momentos no se mete en el mismo. Pero la cuestión es que el PP-A pretende que no cuenten en el cupo del grupo cuando un diputado asuma una de estas preguntas ciudadanas. El PSOE-A, sin embargo, teme que si no cuentan se conviertan en un “coladero” en el que los populares aprovechen para llevar hasta el pleno cuestiones que ellos mismos hayan provocado “artificialmente”, por lo que creen que incluirlas en el cupo es la única manera de controlar esto. Pero ocurre que cuando Manuel Gracia les presentó sus propuestas para negociar a comienzos de año abría la posibilidad de que quedaran fuera del cupo, de manera que esto ha sido interpretado por la oposición como un “paso atrás” en la intención de mejorar la institución.
En este contexto, el PSOE-A e IU interpretan que la oposición está poniendo “todo tipo de trabas” para ralentizar la negociación y lo achacan principalmente a que ellos están empeñados en que se saque adelante su propuesta de que sean públicas las declaraciones de la renta y bienes de los cónyuges de todos los parlamentarios y los populares se niegan. De hecho, los socios ya se han encargado de que se publiquen las de los suyos. Sin embargo, el PP-A no comparte esta medida, que por otra parte entiende incluso que tiene un tinte en contra de la igualdad por vincular la tarea de una persona a la de su pareja y creen, además, que es más “efectista que efectiva”.
De todas maneras, el PSOE-A e IU le han restado importancia a la tensión en las negociaciones que, a su juicio, quiere trasladar el PP-A hacia el exterior cuando en realidad “las diferencias son mínima y salvables”. Es más, insisten en culpan a los populares de dilatar el proceso y poner problemas “permanentemente a la hora de reunirse”, lo que atribuyen a la propia situación de la bancada popular, con sucesivos cambios -el más reciente el obligado por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la incompatibilidad del cargo de parlamentario y alcalde o presidente de diputación- en los que no termina de librarse de esa imagen estar un tanto a la deriva.
Sea como sea, no es la primera vez que la transparencia es el elemento que complica las relaciones entre los tres grupos parlamentarios. Basta con recordar cuando en mayo de 2013 el PP-A abandonó la Mesa de Partidos del Pacto por Andalucía cuando se filtraba a los medios de comunicación el anteproyecto de la Ley de Transparencia mientras todavía estaban negociando.
