El mapa de los asentamientos de inmigrantes en Huelva: 2.500 personas entre cartón y plástico

Unas 2.500 personas viven en asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva durante la campaña de la recogida de la fresa (de febrero a junio). Un gran porcentaje de estas personas, casi 1.000 se quedan todo el año en esas condiciones, según Cáritas. Lo muestra en un mapa, en el que tiene localizados los asentamientos en municipios que tienen en común vivir de la agricultura relacionada con la fresa, y que en algunos lugares, como Lucena del Puerto, se localizan en medio del campo, mientras que en Lepe algunos de estos asentamientos están a menos de 500 metros del casco urbano.

A pesar de que en 2014 se alcanzó un acuerdo entre administraciones para erradicar los asentamientos antes de 2020, estos no han dejado de crecer. Y hay casos realmente llamativos, como el que se ha ido levantando junto al cementerio de Lepe, que de unas pocas chabolas hace ocho años ha pasado a ser una pequeña ciudad de cartón y plásticos que no para de crecer.

ONGs como Cáritas y organizaciones como Cruz Roja se han propuesto, al menos, intentar solucionar el día a día de las personas que viven en los campamentos. Su último informe al respecto es demoledor, y calcula las 2.500 personas citadas durante la recogida de la fresa. Un número mayor al de la población de muchos pequeños municipios de la misma provincia.

En la actualidad, hay localizados en torno a 30 asentamientos permanentes, según Cáritas, que se ubican en zonas de cultivo de frutos rojos o cítricos como municipios del Condado Occidental (Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Palos y Mazagón) y de la Costa (Lepe).

Más allá de la cifra voluble, que desciende cuando acaba la campaña fresera, lo que más preocupa a Cáritas son las 800 personas que han hecho de estas chabolas sus viviendas permanentes. Además de que el perfil ha ido cambiando. Los que se encuentran en los asentamientos chabolistas son en su mayoría inmigrantes subsaharianos, aunque desde hace unos años ha aumentado el número de familias procedentes de Europa del Este y Marruecos. Hay mujeres, y también se han localizado menores de edad.

En cuanto al perfil mayoritario, el informe consultado por eldiario.es/andalucia indica que se corresponde con el de un varón joven (de 20 a 40 años), de nacionalidad subsahariana (el 75%), que se desplaza por las diferentes campañas agrícolas solo o en pequeños grupos y que carece de apoyo social.

Con documentación legal

Otro dato es que la mayoría de estas personas tienen su documentación en regla para vivir en España. Casi el 70% de los asentados podrían alquilar una vivienda y trabajar dados de alta. Pero que no hagan estas dos cosas es algo que se intenta también erradicar. Buena parte de culpa la tiene el hecho de que en algunos casos viven de la economía sumergida, que les permite ganar 15-20 euros en un día trabajando en el campo de forma esporádica. Con ese dinero tienen para comprar lo básico para ellos (arroz, pasta, artículos de higiene personal) y para mandar algo a sus familias. En la dinámica de tener lo suficiente para vivir pero no para alquilar una casa llevan ya meses, y algunos años, viviendo en condiciones infrahumanas.

Desde Cáritas Diocesana se ha reclamado en numerosas ocasiones una mayor implicación de las administraciones para buscar una solución a este problema, así como la creación de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a los trabajadores temporeros no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios.

Reclama también que se pongan en marcha programas de mediación para el alquiler de viviendas que ofrezcan una alternativa a las chabolas. Por ahora, nada se ha podido hacer que sea efectivo.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denuncia “la inoperancia, pasividad e irresponsabilidad” de las administraciones a la hora de dar soluciones a la situación de los asentamientos“, sobre todo después de sucesos como el de hace dos semanas en Moguer, con un nuevo incendio en un asentamiento, que esta vez no produjo víctimas.

APDHA asegura que lleva años denunciando y proponiendo soluciones para esta situación “sin obtener ninguna respuesta válida y real por parte de las administraciones públicas y de los partidos políticos”, señalando que se escudan “en la falta de presupuesto o en que no se trata de sus competencias”. Para esta asociación, solo “la implicación real de todas las administraciones buscando soluciones efectivas, duraderas, coordinadas e integrales” puede llegar a encontrar una solución a este tema.

En una de las últimas ocasiones en las que un incendio provocó una reacción fue en 2014, cuando organizaciones que trabajan con inmigrantes alcanzaron un acuerdo con el Ayuntamiento de Lepe y la Junta de Andalucía para que se erradiquen los asentamientos de inmigrantes de la provincia, con el horizonte puesto para ello como máximo en el año 2020.

Tras un incendio que arrasó las chabolas en las que vivían 130 personas en la localidad lepera, representantes de las organizaciones Fecons, Anusci, Cepaim, Huelva Acoge y Cáritas, Ayuntamiento de Lepe y Consejería de Igualdad se reunían para alcanzar acuerdos de medidas urgentes, como reubicar a los damnificados, y algunas a largo plazo, con el plazo de 2020 para que todas las chabolas dejen de existir. A falta de cuatro años para que ese plazo finalice, parece difícil que se pueda cumplir.