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La Confederación del Ebro rechaza las pretensiones trasvasistas de Valencia y de Cantabria

El Consejo del Agua del Ebro dio el visto bueno al nuevo Plan Hidrológico de la cuenca hace unos días. Foto: chebro.es

Eduardo Bayona / Eduardo Bayona

Zaragoza —

El Ebro no tiene caudales sobrantes para trasvasar. Así de claro se lo ha dejado la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a las comunidades autónomas de Valencia y de Cantabria, que pidieron en sus alegaciones al Plan Hidrológico (PHE) de la cuenca, respectivamente, una transferencia de caudales que convertía en anecdóticos los planteamientos de Josep Borrell y de Jaume Matas y la exención para devolver el agua que desde hace 30 años garantiza el suministro en su zona costera.

Los criterios del organismo de cuenca han sido ratificados por el Consejo del Agua del Ebro, que hace unos días avaló su propuesta de PHE. Esta solo requiere ya los informes del Consejo Nacional del Agua y del Consejo de Estado para que el Consejo de Ministros pueda convalidar su contenido como real decreto.

“El Plan Hidrológico 2015-2021 tampoco establece excedentes y los volúmenes no asignados a usos o a caudales ecológicos pueden tener una elevada variabilidad”, señala la CHE en la respuesta a las pretensiones de la anterior Generalitat valenciana, que consideraba “posible trasvasar hasta 4.000 hectómetros cúbicos” y aseguraba que, “de acuerdo con el plan, hay excedentes”.

También pedía “que en el Plan Hidrológico Nacional se ejecute el trasvase del Ebro”, solicitud que la CHE resolvió con una breve remisión a la Ley de Aguas: “Los trasvases intercuencas son un tema competencia del Plan Hidrológico Nacional, que por tanto supera las competencias del Plan Hidrológico de la cuenca de Ebro”.

El agua de la costa cantábrica

Cantabria, por su parte, pidió que la cuenca del Cantábrico Occidental -básicamente el área de Torrelavega y la costa-, que desde 1982 se beneficia del bitrasvase Ebro-Besaya, fuera eximida de la obligación de devolver los caudales que recibe del embalse del Ebro. Sostiene que esa situación provoca un “déficit hídrico” y que, al requerir bombeos desde gran altura, no resulta “económicamente sostenible”.

Este trasvase, diseñado para paliar el impacto territorial de la construcción del embalse del Ebro, fue ampliado en 2009 para llevar anualmente a Cantabria 26 hectómetros cúbicos, el grueso de los cuales se almacena en ese pantano al carecer la zona de destino de capacidad para almacenar un volumen de esa magnitud. Una ciudad como Zaragoza consume menos de 60 al año.

La CHE rechaza la posibilidad de eximir a Cantabria Occidental de devolver el agua al Ebro: “dentro del PHE no cabe hablar de trasvase entre cuencas unidireccional, ya que es competencia exclusiva del Plan Hidrológico Nacional”.

Estudio para modificar las condiciones

No obstante, la CHE sí accede, como medida complementaria y con una dotación de 40.000 euros para los próximos cinco años, a elaborar un “Estudio de optimización con propuesta de soluciones para garantizar la sostenibilidad económica del bitrasvase Ebro‐Besaya conforme a reglas de devolución que habrán de establecerse en el Plan Hidrológico Nacional”.

El objetivo de este dictamen será “minimizar los costes económicos de los bitrasvases entre ambas cuencas” de acuerdo con una serie de normas. Una consiste en que el agua del Ebro no puede ser destinada a cubrir caudales ecológicos en los ríos de la costa cántabra, sino que estos “deben ser únicamente garantizados por los recursos hídricos de la propia demarcación”. La otra apunta a analizar las posibilidades de integrar en el sistema, para realizar los bombeos de devolución, “los aprovechamientos hidroeléctricos en las cuencas del Besaya-Pas.”

Obras de dudosa viabilidad

El PHE, que incluye un programa de medidas a ejecutar en los próximos seis años, hasta el 2021, mantiene “vivas” algunas actuaciones consideradas como “de viabilidad por justificar”.

Entre ellas se encuentran varios embalses incluidos en el Pacto del Agua, un documento aprobado por las Cortes de Aragón en 1992 que ha sido objeto de revisión y varios de cuyos proyectos presentan graves problemas, como los pantanos del Vero, Las Umbrías, Morós/Carabán, Espeso, Valcodo, Síscar‐La Condoñera, El Pontet, Batán, Molí de las Rocas y la contrapresa de Moneva. Están valorados en 164,9 millones y figuran como “medida complementaria”, aunque sin previsiones de inversión efectiva en esos años.

Llama la atención que el Plan Hidrológico incluya de nuevo en su apartado de inversiones el Plan de Depuración de Núcleos Pirenaicos, actuación catalogada entre básica y complementaria a la que el Ministerio de Medio Ambiente contempla destinar 119,16 millones en ese sexenio.

Este paquete de obras, vinculado al Plan de Depuración de Aragón desde hace unos años, fue anunciada por primera vez en marzo de 1993, en el primer “decretazo” de los gobiernos de Felipe González. Aparecía como una de las inversiones públicas previstas para la reactivación de la economía. Veintidós años más tarde sigue pendiente.

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