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ARAGÓN

Municipios del Pirineo aragonés y catalán se unen para reivindicar en campaña medidas contra la despoblación

“Queremos hacer un llamamiento a los futuros diputados y senadores, así como al nuevo Gobierno que surja de las elecciones, para que pongan en marcha una política de estado para las zonas de montaña”.

Reclaman no discriminar a los ciudadanos que viven en el medio rural, ahora con menos servicios que en las ciudades, y potenciar el progreso de estas zonas en igualdad de condiciones.

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El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, en una visita al Sobrarbe.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, en una visita al Sobrarbe. Gobierno de Aragón

Tan solo tres habitantes por kilómetro cuadrado en una superficie extensa, similar a la de la provincia de Vizcaya. Esta es la imagen de la Comarca del Sobrarbe, ubicada en el Pirineo aragonés,  aunque bien podría ser la de cualquier otra región de alta montaña amenazada por la pérdida creciente de población.

Municipios del Pirineo aragonés como Boltaña, Fiscal, Broto, Bielsa y otros del Pirineo catalán, como Bossost, Viella y Les en el Valle de Arán han unido fuerzas para poner encima del debate electoral la “dramática” situación de muchas de estas localidades, que están “languideciendo y desapareciendo”, sin que la Administración ponga medidas contundentes para evitarlo.  

No han querido dejar pasar por alto las elecciones 20D, para evidenciar el problema y sumar fuerzas junto a otros municipios españoles de alta montaña que se encuentran en la misma situación y defender una causa que, a priori, goza con el consenso de todas las fuerzas.

Por ello, el pasado 30 de noviembre en un encuentro celebrado en la sede  de la  Comarca del Sobrarbe en Boltaña, cerca de treinta pequeñas localidades de entre 100 y 1.000 habitantes, se adhirieron al manifiesto promovido por la Asociación Española de Municipios de Montaña, creada en 2013.

“Queremos hacer un llamamiento a los futuros diputados y senadores, así como al nuevo Gobierno que surja de las elecciones para que pongan en marcha una política de Estado y una política europea para las zonas de montaña”, comenta el presidente de la Asociación de Municipios de Alta Montaña, Paco Boya, hasta ahora senador del PSC por la provincia de Lleida.

No importa el color de cada partido político, porque todos están de acuerdo en la urgencia con la que hay que abordar este asunto, apunta. Sin embargo, pese a ese consenso, España no cuenta todavía con instrumentos jurídicos ni económicos para afrontar los retos que exige el desarrollo de estos proyectos, a diferencia de otros países europeos donde sí existen leyes de apoyo a estas zonas, recuerda.

“Ni el Estado ni las CCAA han sido capaces de resolver los problemas del medio rural”

“En este país, ni el Estado ni las Comunidades Autónomas han sido capaces de resolver los problemas del medio rural. No es un debate habitual, ni parece que preocupa” cuando las consecuencias son graves, comenta Boya, aunque reconoce que en la pasada legislatura, al menos, se abrieron nuevos espacios de discusión como la Comisión Especial de Estudio para evitar la despoblación en zonas de montaña del Senado.

La realidad es que el 80 % de la población se concentra en un 20 %, unos datos que todavía podrían acentuarse más en los próximos años, si no se pone remedio, ya que la población de esta zona está muy envejecida. Esto tendría unas consecuencias “catastróficas” para el conjunto de la sociedad, alerta Boya, ya que parte de la energía renovable, los alimentos, la agricultura o el cuidado del medio ambiente son posibles gracias a las comunidades que viven y preservan la vida de estos valles.

Ante esta situación, reclaman que se pongan en marcha las treinta medidas recogidas en el informe de la Comisión Especial de Estudio para evitar la despoblación en zonas de montaña del Senado, con fecha de junio de este año. Estas plantean mejorar las infraestructuras de transporte y extender las tecnologías de la comunicación; rebajas fiscales para aquellos emprendedores y autónomos que apuesten por el medio rural; potenciar la ganadería y la agroindustria, así como la promoción de estos productos, o facilitar el acceso a la vivienda, entre otras muchas.

En definitiva, no discriminar a los ciudadanos que viven en el medio rural, ahora con menos servicios que en las ciudades, y potenciar el progreso de estas zonas en igualdad de condiciones y oportunidades.

La Comarca de Sobrarbe, 18 municipios en 2.200 kilómetros cuadrados

Esta realidad la conocen bien en la Comarca de Sobrarbe, un territorio extenso,  de 2.200 kilómetros cuadrados, similar al de la provincia de Vizcaya, pero con tan solo 3 habitantes por cada kilómetro cuadrado; 18 municipios y 150 núcleos de población habitados.

La mitad de la población se asienta en el centro de la Comarca y existen  “serias dificultades” para mantener vecinos en otros núcleos, a los que cada vez es más complicado llevar servicios de transporte y telecomunicaciones. Y esto se agrava en una orografía complicada de montaña y en una situación de crisis económica donde han primado “criterios economicistas”, explica el presidente comarcal,  Enrique Campo, también alcalde de Labuerda.

“Ahora se está trabajando en unas  políticas muy contrarias a las que se venían haciendo hace unas décadas. Pretenden concentrarnos en las grandes urbes porque cuesta mucho menos dinero en las arcas públicas”, sostiene.

En 1920 la Comarca del Sobrarbe tenía una población cercana a los 20.000 habitantes. Ahora, aunque con fluctuaciones en los últimos años, los vecinos que habitan esta región del Pirineo aragonés rondan los 7.500, concluye.

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