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Belén Toledo

Murcia, 1980. Fue corresponsal de Público en Valencia desde 2008 hasta el cierre de su edición impresa el pasado mes de marzo. Antes, trabajó para varios medios de comunicación, entre los que se encuentran la Cadena Ser en Almería y Albacete, la web de Informativos Telecinco y el periódico regional La Voz de Almería. Ha pasado la mayor parte de su carrera profesional en medios impresos, pero también tiene experiencia en radio, televisión e internet.

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L’àguila franquista que controlava els treballadors de la fàbrica

La sirena de la gran fàbrica de sabates Segarra va marcar el dia a dia de la Vall d’Uixó (Castelló) durant quasi tot el franquisme. El seu so ordenava la vida dels 10.000 obrers que va arribar a tenir el complex amb més eficàcia que les campanes de les esglésies. Els amos van construir una mena de poble en miniatura per cobrir totes les necessitats dels empleats i les seues famílies a canvi de controlar-los.

Fernando Peña, historiador i autor d’un llibre sobre el complex industrial, explica que en els anys 40 i 50 ser obrer de Segarra era “un privilegi, perquè implicava poder sobreviure”. A pesar que els sous eren “de subsistència”, l’empresa “paternalment es feia càrrec de les necessitats que pogueren sorgir als empleats”. A canvi, aquests havien de consentir “el control absolut sobre les seues existències”.

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El águila franquista que controlaba a los trabajadores de la fábrica

La sirena de la gran fábrica de zapatos Segarra marcó el día a día de la Vall d’Uixó (Castellón) durante casi todo el franquismo. Su sonido ordenaba la vida de los 10.000 obreros que llegó a tener el complejo con más eficacia que las campanas de las iglesias. Sus dueños construyeron una suerte de pueblo en miniatura para cubrir todas las necesidades de los empleados y sus familias a cambio de su control. 

Fernando Peña, historiador y autor de un libro sobre el complejo industrial, explica cómo en los años 40 y 50 ser obrero de Segarra era “un privilegio porque implicaba poder sobrevivir”. Pese a que los sueldos eran "de subsistencia", la empresa “paternalmente se hacía cargo de las necesidades que pudieran surgir a los empleados”. A cambio, estos tenían que consentir “el control absoluto sobre sus existencias”.

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El Ayuntamiento de Castellón se lamenta de no recibir de los bancos "más que buenas palabras" sobre vivienda

La vivienda de gestión pública y la gestión de los desahucios volvió a ser durante el Pleno municipal del jueves en Castellón la causa de un tenso conflicto entre el gobierno local -formado por PSOE y Compromís- y el partido que lo sostiene desde la oposición -Castelló en Moviment. Los ediles de esta formación pidieron la comparecencia de Ali Brancal, vicealcaldesa y responsable de la concejalía de Vivienda, para que respondiera sobre la falta de pisos sociales y las deficiencias en la atención a las víctimas de desahucios. 

Brancal acusó a Castelló en Moviment de hacer demagogia con este asunto y aseguró que el problema escapa a la capacidad de acción municipal: "Esperar de este ayuntamiento que acabe con los problemas de la vivienda, como los del paro, como las desigualdades, es algo sólo se puede proponer desde la demagogia. Y da mucha vergüenza". Brancal explicó que la responsabilidad es "de las políticas que han llevado a rescatar bancos" y pidió "un cambio legislativo estatal" de la Ley Hipotecaria. 

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Compromís y Castelló en Moviment quedan excluidos del aniversario de la refinería de BP

La visita del Rey a Castellón del miércoles contó con la asistencia de varios concejales de la ciudad. Pero sólo de tres partidos: PP, PSOE y Ciudadanos. No hubo ningún edil de las otras formaciones políticas, Compromís y Castelló en Moviment. La razón es que, según afirmaron, no fueron invitados por BP al 50 aniversario de la refinería del Grao de Castellón, el acto al que acudió el monarca. 

Al evento acudieron decenas de políticos de todas las administraciones: desde la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, hasta el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. En cuanto al ámbito municipal, acudió la alcaldesa, Amparo Marco, junto a dos de ediles socialistas. Hubo también varios concejales del PP, como la portavoz Begoña Carrasco, y también fue invitado Vicente Vidal, de Ciudadanos.

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Cinquanta anys de la refineria de petroli a Castelló

Les seues llums parpellejants de nit i el perfil de les seues torres de dia són un paisatge familiar per a qualsevol habitant de Castelló. La refineria de la companyia BP al costat del barri marítim del Grau ocupa més de 200 hectàrees i és una referència en el paisatge de la ciutat. També és una fita en la seua història socioeconòmica i el seu present, tant pels seus beneficis -l'ocupació i els patrocinis culturals i esportius- com pels seus inconvenients -la contaminació-.

Dimecres, la instal·lació petroliera ha celebrat el seu 50é aniversari. El plat fort de l'esdeveniment ha sigut la presència del rei Felip VI, que ha recorregut les instal·lacions, s'ha fotografiat al costat dels treballadors i ha descobert una placa commemorativa. A l'acte han acudit polítics de tots els nivells de l'administració, com la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el titular de la Diputació, Javier Moliner, i l'alcaldessa, Empar Marco.

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Cincuenta años de la refinería de petróleo en Castellón

Sus luces parpadeantes por la noche y el perfil de sus torres de día son un paisaje familiar para cualquier habitante de Castellón. La refinería de la compañía BP junto al barrio marítimo de El Grau ocupa más de 200 hectáreas y es una referencia en el paisaje de la ciudad. También es un hito en su historia socioeconómica y su presente, tanto por sus beneficios -el empleo y los patrocinios culturales y deportivos- como por sus inconvenientes -la contaminación-.

El miércoles, la instalación petrolera celebró su 50 aniversario. El plato fuerte del evento fue la presencia del rey Felipe VI, que recorrió las instalaciones, se fotografió junto a los trabajadores y descubrió una placa conmemorativa. Al acto acudieron políticos de todos los niveles de la administración, como la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el titular de la Diputación, Javier Moliner y la alcaldesa, Amparo Marco. 

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La cruz de los caídos de Castellón, más cerca del traslado que de la demolición

Retirar la cruz de los caídos del parque Ribalta, pero conservarla en algún otro lugar. Esa es la recomendación que el Ayuntamiento de Castellón recibirá en las próximas semanas de un órgano dependiente de la Conselleria de Justicia. Concretamente, del Comité de Expertos para la retirada de vestigios de la guerra civil y la dictadura, que asesora a la Generalitat sobre qué símbolos franquistas deben retirarse y cuáles -por su valor artístico o por otras circunstancias- deben ser respetados. 

En su próxima reunión, que se celebrará previsiblemente el próximo día 27, el Comité aprobará el dictamen sobre la Cruz de los Caídos de Castellón. Será otro órgano, la Comisión Técnica de Coordinación, la que en una reunión posterior aprobará que el documento sea enviado al Consistorio, según indican fuentes de la Conselleria. La recomendación será la de retirar el monumento del Ribalta pero conservarlo en algún otro espacio de la ciudad.

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Más fabrista que Fabra

Corrían los últimos años de la década pasada. Francesc Colomer, actual secretario autonómico de Turismo, era el portavoz del PSOE en la Diputación de Castellón. Y Carlos Fabra, actual condenado por delito fiscal, era el presidente de la misma institución. Pleno tras pleno, el primero denunciaba la corrupción del segundo. Y el segundo insultaba y despreciaba públicamente al primero. A su derecha, un señor muy bien trajeado reía a mandíbula batiente tras cada gesto de chulería. 

Ese señor era Francisco Martínez. Este lunes se convirtió en noticia porque se conoció que la Fiscalía de Castellón pide para él más de once años de prisión, 21 de inhabilitación y una multa de un millón de euros. Este será, previsiblemente, la segunda vez que se siente en el banquillo, después de que en 2016 la Audiencia Provincial le condenó a 8 meses de prisión, multa de 14 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos años. 

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Dels desnonaments silenciosos a les “màfies del puntelló a la porta”

Hanane Maanisse pren pastilles per a dormir. En necessita des que li va arribar la notificació del jutjat que li va anunciar el desnonament del seu pis, situat a Castelló, per al 16 de juny pròxim. Conta la seua història asseguda en el sofà de la seua sala mentre estreny amb força les mans l’una contra l’altra. És una més de les moltes persones que, segons la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), són desallotjats de les seues cases per no poder pagar el lloguer.

Són desnonaments silenciosos. Quan arriba la comissió judicial, no hi ha protestes de la PAH a les portes de l’edifici per a evitar que hi entren. En el col·lectiu consideren que els particulars que arrenden pisos no són els culpables de l’empobriment que porta a l’impagament. “Actuem si l’amo és un tenidor mitjà, amb sis o set habitatges, o si és un banc. Però si el propietari necessita la renda per a viure, no ens hi podem ficar”, explica María Jesús Garrido, presidenta del col·lectiu a Castelló.

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De los desahucios silenciosos a las “mafias de la patada en la puerta”

Hanane Maanisse toma pastillas para dormir. Las necesita desde que le llegó la notificación del juzgado que le anunció el desahucio de su piso, situado en Castellón, para el próximo 16 de junio. Cuenta su historia sentada en el sofá de su salón mientras aprieta con fuerza las manos una contra otra. Es una más de las muchas personas que, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), son desalojados de sus casas por no poder pagar el alquiler.

Son desahucios silenciosos. Cuando llega la comisión judicial, no hay protestas de la PAH en las puertas del edificio para evitar su entrada. En el colectivo consideran que los particulares que arriendan pisos no son los culpables del empobrecimiento que lleva al impago. “Actuamos si el dueño es un tenedor medio, con seis o siete viviendas, o si es un banco. Pero si el propietario necesita la renta para vivir, no nos podemos meter”, explica María Jesús Garrido, presidenta del colectivo en Castellón.

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