Eldiario.es

Periodismo a pesar de todo

Irene Castro

Periodista. Antes en la web de la Cadena SER, Informativos Telecinco y la Agencia EFE. También pasé por la dirección de comunicación del Consejo de Europa. Ahora en eldiario.es.

Cospedal impide el control de las cuentas de su Gobierno antes de las próximas elecciones

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal / EFE

María Dolores de Cospedal se deshace de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, el organismo encargado de controlar al sector público y a los partidos políticos. La maniobra de la presidenta regional impedirá que un auditor externo se pronuncie sobre los ejercicios en los que Cospedal ha estado al frente del Gobierno antes de las elecciones autonómicas.

El último informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el sector público de la comunidad es del año 2011 -último gobernado por el PSOE y en el que la número dos del PP se hizo con el poder-. Ahora las competencias pasarán a ser del Tribunal de Cuentas. Los socialistas advierten de que este organismo ya tiene su plan de fiscalización para el año 2014 y no contempla auditar a Castilla-La Mancha, por lo que la gestión de Cospedal no será vigilada hasta después de las elecciones autonómicas de 2015.

El PP, que ha sacado adelante la supresión de la institución por 25 votos a favor y 23 en contra- sostiene que la decisión persigue "evitar duplicidades" y, por tanto, ser una fórmula de ahorro. Sin embargo, el PSOE rechaza este argumento y explica que si esa fuera la intención no se haría tres años después de arrancar la legislatura. En este sentido, recuerda que al principio acabó con el Defensor del Pueblo castellanomanchego y el Consejo Económico con el pretexto de la austeridad. "¿Por qué no acabó entonces con la Sindicatura de Cuentas?", se ha preguntado la diputada socialista Delfina Carrasco. "Ahora, con tanto ahorro, el déficit debería ser menor que cuando llegó al poder, por lo que esa excusa no es válida", añade.

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Candidatos al Parlamento Europeo coinciden en la necesidad de regular la relación con los lobbistas

Un momento del debate para las europeas organizado por Access Info

Aspirantes del PP, PSOE, UPyD, IU y Equo a sentarse en un escaño en Bruselas han coincidido en la necesidad de regular la relación de los representantes públicos con los lobbies. En concreto, han aplaudido el registro de este tipo de grupos de interés que se ha aprobado para el Parlamento Europeo y que será obligatorio a partir de 2017, aunque algunos han lamentado que no se amplíe al Consejo Europeo y a la Comisión.

Salvador Garriga (PP) ha defendido los encuentros con especialistas de distintos sectores: "Yo no sé de todo por lo que necesito escuchar qué me dice la sociedad civil". En esa misma línea se ha pronunciado el representante socialista, Enrique Guerrero, que ha sostenido que no se debe "criminalizar una actividad que consiste en informar a los políticos del marco de un aspecto sobre el que van a legislar" y ha defendido que para decidir es necesario "escuchar al pueblo".

Más reticentes se han mostrado los candidatos de Equo, Florent Marcellesi, y de IU, Tasio Oliver, que han querido diferenciar los tipos de lobbies. Además, Oliver ha ironizado con la excesiva presencia de estos grupos de presión en Bruselas –más de 30.000 lobbistas en la capital europea, según ha informado la moderadora y experta en lobbying, Maria Rosa Rotondo-. "Cabemos a pocos parlamentarios por miles de lobbistas", ha expresado Oliver.

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Destituciones, heridos y violentos: lo que Interior no explica sobre el 22M

Ignacio Cosidó durante la comparecencia en el Congreso

La comparecencia del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para rendir cuentas ante los errores del dispositivo organizado tras las 'Marchas de la dignidad' ha dejado silencios. El máximo representante policial ha defendido el diseño del despliegue, que terminó con altercados violentos que provocaron 101 heridos, de los que 67 eran agentes.

La única depuración de responsabilidades ordenada por Interior tras la investigación interna se ha cebado con un mando de tercer nivel. Cosidó ha destituido al jefe de la primera unidad de los antidisturbios de Madrid, Francisco Javier Virseda, mientras que ha salvado al principal responsable del dispositivo y encargado de transmitir las órdenes al inspector destituido: el jefe de los antidisturbios a nivel nacional, José Miguel Ruiz Igusquiza.

Se da la circunstancia de que otro alto cargo de Interior en la cadena de mando del 22M, aunque no estaba en el terreno pero sí supervisando la operación, el comisario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Sánchez Núñez, fue enviado a Ceuta como jefe superior de Policía tan solo tres días después del 22M. Cosidó ha tocado a su jefe y a su subordinado, pero no al reponsable del operativo.

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Interior destituye al jefe de antidisturbios de Madrid y salva al responsable del operativo del 22M

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Cosidó informa en el Congreso de la investigación de los incidentes del 22M

El operativo policial del 22M, que terminó con 101 heridos de los que 67 eran agentes antidisturbios, se ha zanjado con un único cese: el del jefe de la primera unidad de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Madrid, Francisco Javier Virseda. Así lo ha anunciado el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, durante su comparecencia en el Congreso para rendir cuentas por la actuación policial que siguió a las 'Marchas de la dignidad' el pasado 22 de marzo. Cosidó ha salvado al principal responsable del dispositivo: el jefe de antidisturbios de España, José Miguel Ruiz Igusquiza.

Cosidó ha negado la existencia de fallos en el despligue policial: "El despliegue fue correcto", ha sentenciado antes de explicar que "el evento social fue afrontado por un numero idóneo de actuantes" y que la actuación se guió por una información "rigurosa". Alrededor de 1.700 agentes - 30 grupos de antidisturbios y 6 unidades de prevención y reacción- se desplegaron en Madrid durante la manifestación tras la que se produjeron altercados protagonizados por "grupos de radicales marginales", en palabras del máximo representante policial.

No obstante, Cosidó ha admitido errores en la coordinación y comunicación de las órdenes del operativo que "impidieron que llegaran a la policía las informaciones adecuadas" durante los incidentes. Por ello ha procedido a relevar de su puesto al jefe de la primera unidad de las UIP, aunque no se impondrán responsabilidades disciplinarias. Según fuentes policiales, el inspector destituido, Javier Virseda, llevaba escasos meses en el puesto. La destitución del jefe de los antidisturbios de Madrid salva al principal responsable del dispositivo del 22M: el jefe de las UIP de España, José Miguel Ruiz Igusquiza, identificado durante el despliegue como 'Marte'.

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Las explicaciones de los disturbios del 22M llegan al Congreso un mes después

La Policía se encontró con la respuesta de un grupo de manifestantes tras las cargas / Olmo Calvo

Las explicaciones de la actuación policial tras las 'Marchas de la Dignidad' que acabó con disturbios en los que 101 personas, entre ellos 67 agentes, resultaron heridas llega al Congreso un mes después de los disturbios que se produjeron tras la manifestación celebrada el pasado 22 de marzo. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, comparece este miércoles en la Comisión de Interior para explicar el dispositivo, que ha recibido críticas de la oposición y de los sindicatos policiales, que han acusado a los mandos de "mala gestión".

Cosidó explicará en el Congreso "los sucesos ocurridos en Madrid el día 22 de marzo" después de que PSOE, UPyD y la Izquierda Plural solicitaran su comparecencia para responder por la organización del dispositivo. Los socialistas pedirán, además, que el máximo responsable de la Policía explique "las medidas que tiene previsto adoptar ante los graves errores que se pusieron de manifiesto" en el desarrollo de los disturbios.

La manifestación del 22M acogió en Madrid a miles de personas y a las marchas que salieron desde distintos puntos de España para denunciar los recortes del Gobierno y reclamar "pan, trabajo y vivienda". Tras la multitudinaria protesta, que se desarrolló pacíficamente, se produjeron altercados que dejaron más de 100 heridos, entre ellos 67 agentes antidisturbios.

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Estrasburgo considera que España no garantiza el derecho a recurrir de los demandantes de asilo

Cartel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

España vulneró los derechos humanos de 30 saharahuis por ordenar su expulsión sin haber concluido el examen de sus demandas de asilo por la vía jurídica interna, lo que cuestiona las garantías del sistema jurídico español respecto al sistema de asilo. Según sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se les permitió aportar la información precisa sobre los riesgos que corrían, tras huir del Sáhara Occidental por los ataques de la policía marroquí contra el campamento de Gdeim Izik. Estrasburgo ha condenado a España por esta decisión al considerar que fue contra su derecho a la vida, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes y el derecho a un recurso efectivo.

De esta forma, el fallo más allá del caso de los 30 saharuis, y ataca la inexistencia en nuestra legislación de un mecanismo con efecto suspensivo automático que paralice la devolución de solicitantes de asilo hasta que la decisión sobre su caso sea definitiva. De acuerdo con el fallo, España debe garantizar la permanencia de los solicitantes de protección internacional en territorio español durante la tramitación del recurso. Y es que, en la actualidad, si no es admitida a trámite la solicitud por la Oficina de Asilo (dependiente del Ministerio de Empleo) y su recurso también es rechazado por la Audiencia Nacional, la persona que solicita ser protegida puede ser expulsada a su país aunque todavía pueda recurrir al Tribunal Supremo.

Después de recurrir a la Audiencia Nacional, se ordenó la expulsión de los saharauis cuando habían recurrido al Supremo. Según explica Paloma Favieres, abogada de CEAR, si estos no llegan a haber pedido al Tribunal Europeo las medidas provisionales para paralizar su expulsión, estas personas estarían en su país de origen, a pesar de los riesgos que aseguraban correr a su regreso.

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La televisión pública no abrirá su cobertura electoral al auge de partidos nuevos

El presidente de RTVE, Leopoldo González Echenique, en el Congreso

La televisión pública no abrirá su cobertura electoral para el 25 de mayo a los partidos nacidos recientemente con posibilidad de conseguir escaños en Estrasburgo. Los debates electorales que emitirá TVE solo dejarán hueco a los candidatos que ya tienen representación en el Parlamento Europeo, por lo que formaciones como Podemos, el Partido X, VOX, o el juez Elpidio Silva, por Movimiento RED, quedarán fuera de estos espacios.

A pesar de que las formaciones que no tienen representación en la actualidad sí tendrán la posibilidad de aparecer en los espacios publicitarios reservados para la campaña electoral, no podrán participar en otras actividades organizadas por los medios de comunicación públicos, como los debates o las entrevistas. Esos debates, que se están "negociando" entre las fuerzas políticas, quedarán reservados a "PP, PSOE, IU, CEU, ICV UPyD, y Europa de los Pueblos", según ha informado en el Congreso el presidente de RTVE, Leopoldo González Echenique.

Además, el bipartidismo sale fortalecido en la organización de la cobertura electoral al proponer un 'cara a cara' reservado al PP y al PSOE en el que participen únicamente Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano, según ha anunciado González Echenique.

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Un juez avala que cualquier ciudadano pueda grabar las actuaciones policiales

Pancarta, manifestante y móvil (Juan Luis Sánchez)

Los ciudadanos que quieran grabar las actuaciones policiales en eventos públicos ya tienen una nueva sentencia que les da legitimidad para hacerlo. El juzgado número 11 de Madrid ha absuelto a una mujer a la que dos agentes denunciaron por una posible falta de orden público al reprocharles que impidieran a un cámara grabarles mientras se llevaba a cabo un desahucio.

Los hechos se produjeron en octubre, cuando los agentes pidieron la documentación al cámara que grababa un desahucio en Madrid. La denunciada les recriminó que "no sabían de leyes" y que eran como "unos matones" tras observar cómo uno de ellos "apartaba bruscamente la cámara con la que grababa", según reza la sentencia, que se basa en un vídeo que registró los hechos.

El veredicto del juez es claro: los agentes no tienen "cobertura legal" al intentar impedir que se grabe su actuación pública. "Ni existe prohibición de filmar en el espacio público, ni la imagen de los agentes", argumenta la resolución.

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Lo que los ciudadanos piden a los diputados y el Congreso no quiere que sepas

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Manifestación frente al Congreso / EP

Los diputados reciben decenas de reivindicaciones y solicitudes de los ciudadanos cada mes. El Congreso tramita los escritos a través de la Comisión de Peticiones, un organismo que se reúne a puerta cerrada una vez al mes para valorarlas y tramitar las respuestas que dan a los interesados. El Parlamento se niega a dar publicidad a esas reivindicaciones amparándose en que supondría una vulneración de datos personales. No obstante, otras instituciones, como el Parlament de Cataluña, han desarrollado mecanismos para favorecer la transparencia y hacer públicas las reivindicaciones sin revelar la identidad de los solicitantes.

Las peticiones que los ciudadanos hacen a sus representantes son muy variopintas, según ha podido saber eldiario.es, que ha tenido acceso a los dos últimos informes tratados en la comisión en febrero y marzo: desde solicitudes derivadas de las situaciones personales (indemnizaciones, quejas por el régimen de visitas a los hijos en casos de padres separados, etc.) hasta reivindicaciones políticas (eliminación de polémicas leyes, como la del aborto o la de Seguridad Ciudadana; denuncias contra el bipartidismo o cuestiones relacionadas con la soberanía).

Una de las principales cuestiones que preocupan a los ciudadanos que se dirigen a la Comisión de Peticiones es el tratamiento que reciben los presos en las cárceles. Los diputados han recibido denuncias por torturas en prisión y también quejas por el distinto trato que reciben los reos en función de su nacionalidad. Los indultos y las revisiones de condenas también han llegado a la comisión, incluida una petición de no conceder el perdón a un condenado.

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La delegación del Gobierno en Ceuta admite que un asesor estuvo en El Tarajal tras la tragedia

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha reconocido que Antonio Gómez, uno de los asesores que trabajan para Francisco Antonio González Pérez, se trasladó a la playa de El Tarajal el día en que murieron 15 personas inmigrantes, pero ha precisado que no presenció los hechos, sino que llegó más tarde, en torno a las 9 de la mañana.

Así justifica el organismo que, pese a que uno de sus empleados estuvo en la zona fronteriza junto a la Guardia Civil, negara en esas primeras horas la intervención de los agentes españoles para "repeler" a los subsaharianos y asegurara que se encargaron las autoridades marroquíes.

Captura del vídeo difundido por Interior sobre las imágenes de la tragedia en la que se ve al asesor de delegación del Gobierno

Captura del vídeo difundido por Interior sobre las imágenes de la tragedia en la que se ve al asesor de delegación del Gobierno

"Llegó allí y la Guardia Civil le contó lo ocurrido". Esta ha sido la primera contestación de un portavoz de la delegación del Gobierno a preguntas de eldiario.es sobre la visita de un asesor en El Tarajal. El desplazamiento se produjo para "ver cómo han ocurrido los hechos, por dónde han intentado entrar y para ver en qué se puede ayudar", continúa el portavoz, que niega que los agentes informaran a Antonio Gómez de cómo se había producido la actuación.

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