La delegación de la Mesa del Congreso que se encuentra en El Salvador ha rechazado brindar su apoyo a la causa de Beatriz, nombre ficticio de la mujer enferma de lupus que morirá si no interrumpe el embarazo de un bebé, que perderá la vida nada más nacer por una afección de anencefalia (falta de parte del cerebro). Las leyes salvadoreñas prohíben, con penas de cárcel para madres y médicos, el aborto en todos los supuestos.

El caso de Beatriz ha generado una gran repercusión en el país y ha trasladado fronteras. Por un lado, organizaciones de defensa de derechos humanos han destacado la necesidad de salvar la vida de la joven, madre de un hijo de un año, en cuyo parto tuvo graves dificultades. Además, destacan que la situación económica provoca esta situación: "No lleva mucho tiempo darse cuenta de lo que hubiera pasado si Beatriz tuviera recursos o contactos influyentes", asegura Amnistía Internacional. Por otro lado, las iglesias católica y evangélica, así como organizaciones provida como Sí a la Vida, se han opuesto frontalmente a practicarle la interrupción e incluso aseguran que su caso es una respuesta a intereses políticos para legalizar el aborto.

El PSOE pidió por carta al presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, que los diputados realizaran todas las gestiones posibles para salvar la vida de la joven. Posada no se pronunció al respecto y dejó la decisión en manos de la delegación, cuyos miembros no han respondido a la propuesta del socialista Javier Barrero, presidente de la delegación.

El viaje a China de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, concluyó con la firma de un acuerdo entre la organización de Mariano Rajoy y el Partido Comunista Chino. A pesar de que Cospedal aseguró que el motivo del viaje era "establecer relaciones comerciales y vender productos agroalimentarios" de la región, también llevó a cabo labores de partido y comprometió al PP a "no intervenir en los asuntos internos del otro país", tal y como adelantó eldiario.es.

Ahora, Amnistía Internacional denuncia en este sorprendente acuerdo entre dos formaciones a priori completamente alejadas en lo ideológico hayan primado "los intereses económicos por encima de las personas" ya que, a jucio de la organización, la firma de ese memorándum conllevará que el PP no se va a "interesar por los derechos humanos en China". "Un contexto de crisis económica no puede justificar dar la espalda a los derechos humanos", añade la portavoz María del Pozo.

Es más, la ONG sostiene que esa firma es "contraria al programa electoral del PP" en el que prometían asumir "un papel activo en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad en el mundo, y en la protección de las minorías que sufren persecución por motivos religiosos o de conciencia". "Según parece China ha quedado excluida de este compromiso", censura AI.

Hace un año el Gobierno eliminó el derecho a la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular. El decreto aprobado el 20 de abril de 2012 tiene ya consecuencias en la salud pública, según denuncian las asociaciones de inmigrantes. La última se produjo hace unos días: la muerte por tuberculosis de un ciudadano de origen senegalés al que no se atendió de manera adecuada por no tener papeles ni tarjeta sanitaria, según denunció la plataforma Més per Mallorca.

La familia de Soledad Torrico, de origen boliviano, también denunció en febrero que el fallecimiento de la mujer en Valencia también se debió a una falta de asistencia sanitaria por no tener los papeles en regla.

"Tiene el cáncer muy avanzado y le niegan la quimioterapia. Van a dejarla que muera así. No tienen sentimientos", dice Mustafá, el marido de Hanane, una mujer marroquí de 29 años que sufre cáncer de mama. Según relata la plataforma 'Yo SÍ sanidad universal', Hanane comenzó el tratamiento en 2008, pero le retiraron la tarjeta sanitaria al perder su permiso de residencia y, desde entonces, le niegan la atención.

El juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha archivado la causa contra 27 imputados por el escrache que tuvo lugar el 5 de abril ante la casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El juez no encuentra delito ni falta en las actuaciones tras escuchar las declaraciones de los agentes de policía que trabajaron durante la protesta, así como de la familia de la vicepresidenta."Debe descartarse que los hechos puedan constituir el delito de amenazas ni de la falta (...). Tampoco aparece claro que se hubiera cometido actos de desobediencia u ofensas a los agentes de la autoridad, ya que los denunciados accedieron a identificarse sin problemas y aunque se les instó a disolverse, no consta que hubiera voluntad rebelde a la vista del tiempo que permanecieron frente a la vivienda", explica el juez.

Además, el magistrado sostiene que debe preservarse el derecho a la manifestación y señala que en el escrache no se produjeron daños. "No hubo violencia física ni fuerza en las cosas ni restricción a la libertad de obrar de la familia de la vicepresidenta del Gobierno por el mero hecho de concentrarse ante el domicilio particular", dice el auto.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado provisionalmente la denuncia presentada por CaixaBank contra ocho activistas de Ecologistas en Acción a los que acusaba de "allanamiento de establecimiento abierto al público" por el despliegue de varias pancartas en la fachada de la sede que la empresa tiene en la capital catalana. 'La Caixa arrasa el planeta', 'Justicia social y ambiental' y 'Allibera't de la banca', se podía leer en las pancartas que colocaron varios activistas en diciembre de 2011 ante la presencia de 300 simpatizantes de la organización que apoyaban la acción.

La Fiscalía pidió ocho meses de prisión para los imputados en la causa, que encontraban "desproporcionada" la acusación porque, a su juicio, no se correspondía con lo sucedido. Lo mismo defiende ahora la Audiencia de Barcelona, que explica que los hasta ahora imputados utilizaron una escalera exterior y que la entrada en el edificio no fue "por voluntad propia, sino a instancia del vigilante de seguridad, con la finalidad de ser identificados". 

El tribunal considera que no existen "indicios racionales de criminalidad o de hechos punibles" y niega que el objetivo de los activistas de Ecologistas en Acción fuera entrar en el edificio de oficinas de la entidad, sino que "la única finalidad que tenían era efectuar una reivindicación política".

La decisión del Gobierno que preside Ignacio González de jubilar de manera forzosa a cientos de trabajadores de la sanidad pública madrileña ha aumentado la indignación de profesionales y ciudadanos. La consejería de Sanidad justifica el rechazo a la prórroga de los contratos de aquellos empleados que querían seguir desempeñando sus funciones en que ahorrará 60 millones de euros al año. Además, considera que solo el 30% de las 650 memorias presentadas por los sanitarios se ajustaban a los "criterios rigurosos de desempeño de sus funciones" establecidos por Javier Fernández Lasquetty.

Los empleados afectados por el retiro forzoso encuentran insuficiente el tiempo (15 días) con el que les han avisado de este cambio e incluso critican que el anuncio se produjera en el "ultimísimo momento", justo antes de que comenzara un puente de seis días, para que "no hubiera tiempo de reacción". Es lo mismo que ocurrió con el cese de 180 interinos y el traslado de 220 fijos en el Hospital de Puerta de Hierro (Majadahonda), que conocieron su nueva situación un día antes de que comenzaran las vacaciones de Semana Santa.

El portavoz de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Pablo Martínez, relaciona esta "conducta innoble" con la aspiración del Gobierno de "desmantelar el Estado de bienestar". Es más, Martínez cree que el rechazo de las prórrogas se aplica "discrecionalmente y la Consejería permitirá que siga trabajando quien le dé la gana, dejará a sus amiguetes".

El Partido Popular solo pierde un punto en intención de voto desde que se destapó el caso Bárcenas, según se desprende de los datos del barómetro que hoy publica el Instituto de Investigaciones Sociológicas (CIS). El partido de Mariano Rajoy obtendría un 34% de los votos si las elecciones generales se celebraran hoy frente al 35% que conseguía en la anterior encuesta, realizada entre el 4 y 14 de enero, antes de que El País hiciera pública la supuesta contabilidad B del PP. No obstante, este resultado es el peor del PP y supone una caída en diez puntos respecto a la mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones generales del 20N.

El PSOE pierde dos puntos respecto al anterior barómetro: se queda en el 28,2% frente al 30,2%. El resultado de los socialistas es similar al que obtuvieron en las últimas elecciones generales (28,73%). No obstante, los resultados del CIS ponen de manifiesto que la distancia entre los dos principales partidos se amplía: pasa del 4,8% al 5,8%.

Frente a la bajada del PSOE, suben Izquierda Unida y UPyD: IU sería el tercer partido más votado, con el 9,9%, seguido de la formación liderada por Rosa Díez, con el 7,4 por ciento.

Era el primer acto conmemorativo del Dos de Mayo que presidía Ignacio González, pero las oportunas palabras de su antecesora, Esperanza Aguirre, en las que instaba a Mariano Rajoy a tomar la "alternativa" a las subidas de impuestos y llevar a cabo un tijeretazo en la Administración Pública, le han robado el protagonismo, al menos, de los medios de comunicación.

El presidente regional ha destacado la sanidad, la educación y la ayuda a los que más lo necesitan como "pilares básicos del Estado de bienestar" y prioridades de su Gobierno, pero no ha hecho alusión a los recortes que sufren esos servicios públicos.

Lo que no ha faltado ha sido buenas palabras para la expresidenta, galardonada con la Medalla de Oro de la Comunidad, de la que ha destacado sus 30 años de carrera política como liberal convencida: "Nunca ha renunciado a sus ideas para ascender en política, al contrario, ha estado y está en política porque tiene unos principios que defender y unas ideas que aplicar", ha subrayado.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) denuncia la existencia de "alegaciones creíbles y consistentes" de malos tratos a personas detenidas en régimen de incomunicación y reitera que "sigue sin resolverse" el problema de los malos tratos que infringe la Guardia Civil a personas sospechosas de delitos de terrorismo tras varias décadas advirtiendo de esta situación.

En su informe sobre la última visita que el organismo del Consejo de Europa realizó en 2011 a varias prisiones, comisarías y Centros de Internamiento para Extranjeros en España, el CPT realiza una serie de recomendaciones y peticiones al Gobierno español para acabar con los tratos inhumanos o degradantes.

En este sentido, solicita una investigación "rigurosa e independiente" sobre los métodos utilizados en los interrogatorios, ya que considera que "se realizan, con frecuencia, al margen de la normativa vigente". Además, insta a España a establecer un "código de conducta" para los interrogatorios en el que "se debería prohibir expresamente vendar los ojos o encapuchar a las personas que se hallen bajo custodia policial" así como ampliar las grabaciones a las salas donde se realizan y celdas como una "garantía eficaz frente a los malos tratos".

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, considera que el Partido Popular no debe continuar personado el la causa objeto de la investigación. En un auto, el magistrado expulsa del caso a la organización que lidera Mariano Rajoy, que permanecía como acusación popular.

El magistrado coincide con la Fiscalía, que opina que la organización podría resultar "eventualmente responsable civil subsidiaria de parte de los hechos objeto de investigación, si se llegaran a confirmar tanto la realidad de los mismos como su calificación, entre otros, como presuntos delitos contra la Hacienda Pública". No obstante, la decisión del juez está abierta a recurso de reforma en el plazo de tres días y/o de apelación, en el plazo de cinco días.

Ruz ya rechazó que el Partido Popular formara parte de la acusación en la pieza separada de la trama Gürtel, en la que se investigan los denominados 'papeles de Bárcenas' y que podrían contener una presunta contabilidad B de la organización. En ese momento, el juez preguntó a las partes si el PP debía formar parte de la acusación en la pieza principal. La Fiscalía Anticorrupción defendió entonces la expulsión del partido de la acusación.