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José Luis Ferreira

Doctor en Economía por Northwestern University y en la actualidad es Profesor Titular en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. También ha trabajado en la Universidad de Pennsylvania, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Chapman University. Sus áreas de investigación incluyen la Teoría de Juegos, la Microeconomía, la Economía Experimental y la Metodología, temas sobre los que dirige proyectos de investigación y publica regularmente artículos en las revistas académicas internacionales. Es, además, miembro de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, ARP-SAPC.

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El siguiente paso de Grecia

En diciembre del año pasado publiqué en este mismo foro de Agenda Pública un artículo explicando las opciones de Grecia tras las elecciones. Decía entonces que la opción de Syriza de llevar a cabo su programa electoral era inviable dentro del euro. Así las cosas, o bien se salía del euro, o bien negociaba con Europa y se olvidaba de las partes más radicales de su programa como nacionalizaciones, gran aumento del gasto público e impago de parte de la deuda. Sabiendo que la salida del euro no era querida por ninguna de las partes, la baza que reivindicaría a Syriza sería negociar mejor que sus predecesores.

De momento eso es exactamente lo que ha pasado. El acuerdo conseguido es una extensión de cuatro meses de la situación anterior con unos pocos cambios. Eso sí, los cambios benefician un tanto a la parte griega (como el menor superávit primario que ahora se exige), que a su vez se compromete a que sus políticas sociales se cuadren en unos presupuestos realistas. Syriza tiene un tiempo para mostrar que es capaz de luchar contra el fraude y mejorar el pésimo sistema fiscal griego. Es su única manera de financiar cualquier política de incremento del gasto social y de hacer justicia a los que sí contribuyen.

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Syriza y las opciones de Grecia

En 2009, con la llegada del Pasok al poder, se descubrieron los engaños en las cuentas griegas perpetrados por el gobierno anterior. El déficit iba a ser el 12,5% y no el 3,7%, la recaudación impositiva era un desastre y el gobierno había estado pidiendo prestado en monedas extranjeras para ocultar sus tejemanejes a la Unión Europea. Para ese momento el mal ya estaba hecho. Lo que viniera después podría aliviar o empeorar la situación, pero sería injusto olvidar que no fueron Bruselas, ni Merkel, ni el BCE ni el FMI quienes llevaron a Grecia a este punto. Cuando un país no tiene dinero para pagar su gasto público, hay básicamente cuatro cosas que se puedan hacer: aumentar los impuestos, reducir el gasto, pedir prestado o imprimir dinero. Dentro del euro, esto último no es posible. Con un gran déficit y una muy mala administración pública la prima de riesgo griega subió enseguida por encima de los 1000 puntos básicos. La Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) vino al rescate, pero impuso sus medidas.

Llegados a este punto uno puede pensar que la culpa de todo esto no es de los ciudadanos griegos, sino de sus gobiernos corruptos, o que la Troika podía haberse hecho cargo de parte de la deuda o, por lo menos, podía haber promovido una quita ordenada, y seguramente habría mucho que hablar sobre eso. Pero lo que me importa señalar no es qué pudo haber hecho la Troika, sino qué podía hacer un gobierno cuya única fuente de financiación era una Troika que era como era en 2009 y como seguirá siendo en 2015.

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Derechos contractuales: ganar aquí y perder allá

Tras la Segunda Guerra Mundial la ciudad de Nueva York, como muchas otras, decidió congelar el precio de los alquileres. La medida consiguió que las familias que ya vivían en un apartamento alquilado pudieran seguir haciéndolo durante mucho tiempo. No obstante, hubo otros efectos no deseados, que bien predice el análisis económico, como el deterioro de los inmuebles sujetos al control de rentas y la escasez de oferta de nuevos apartamentos, de forma que se perjudicó a las personas que quisieron alquilar un apartamento en la ciudad después de la entrada en vigor de la norma.

Este ejemplo nos ilustra un hecho de interés. Aumentar los derechos de un colectivo puede suponer la merma de derechos de otros. En este caso los perjudicados fueron los propietarios de apartamentos y las personas que se incorporan al mercado después de la ley. Tras aprender de los errores, y a pesar de que la política se mantiene para los contratos antiguos, hace tiempo que los nuevos no están sujetos a este estricto control.

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La ética solidaria

Escribo este artículo para mostrar que la solidaridad es un bien público, es decir, un bien cuya provisión dejada al libre arbitrio de la esfera privada (en forma de caridad, por ejemplo) no llega al nivel deseado por los individuos que conforman la sociedad. Esto debería cerrar una discusión y abrir otras. Debería acabar con la idea de que la solidaridad solo es virtuosa si no está el Estado de por medio y debería centrarnos en señalar la importancia de este bien y a la manera en que debe administrarse. Quisiera que la discusión fuera atractiva para un grupo amplio de personas, con concepciones varias sobre el papel del Estado en la sociedad. Para ello, espero captar la atención de algunos prometiendo decir cosas relevantes sobre este bien que les puede ser preciado y espero atraer a otros prometiendo un análisis estrictamente liberal de la cuestión, sin perjuicio de que también tengan sus preferencias por la solidaridad.

Pero vayamos por partes. Recordemos primero la definición económica de bien público. Se trata de aquel bien que, al ser consumido por una persona, queda todavía disponible para su consumo por alguna otra. Así, la botella de agua que generosamente me sirven en las reuniones de mi Universidad (y que en la etiqueta presume ser de interés público) no es un bien público, puesto que si la consumo yo no la consume nadie más. Hay bienes públicos locales (el alumbrado público) y globales (la defensa nacional); sujetos a congestión (el parque) y no sujetos a ella (la estandarización de sistemas). Finalmente, en el caso de ciertos bienes públicos es posible excluir a algunos individuos (un espectáculo deportivo), mientras que en otros casos esto no es posible (una emisión de radio en abierto). La financiación de estos bienes puede ser pública o privada, como lo puede ser, y de manera independiente, su provisión. Otra cosa es que una u otra manera consigan mejores resultados. El caso canónico lo constituyen los bienes públicos globales, no sujetos a congestión y sin posibilidad de exclusión.

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