El Grito canario de abril

Evocando la vieja tradición latinoamericana, Gritos de Morelos, de Lares, de La Demajagua, de Yara, de Baire…la sociedad canaria emitirá -con resonancias volcánicas- el día 20 un Grito: un grito de preocupación, de compromiso con la Naturaleza de las Islas, la más preciada herencia de nuestros antepasados aborígenes, un grito de denuncia de la incapacidad de los interminables “gobiernos” de Coalición Canaria para afirmar la primacía de los intereses generales de los canarios, de los de hoy y de los del futuro, un grito de denuncia de la subordinación de las Instituciones democráticas a los intereses de los grupos empresariales más poderosos…

Ese Grito, que empieza a resonar con estruendo desde hace semanas, es un grito de compromiso del pueblo canario con la exigencia de sostenibilidad de nuestro desarrollo y, por lo tanto, de un futuro que merezca ese nombre: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad democrática, sostenibilidad social. Porque toda esa sostenibilidad -más allá del apego que tenemos los canarios de buena voluntad a nuestras tradiciones- es la verdadera sustancia que llena de sentido cualquier apelación a la Canariedad.

No es este un debate reciente, sino que ha sobrevolado sobre la sociedad y las Instituciones canarias al menos desde el arranque del actual milenio. Por entonces, y desde el año 1987, ya el Gobierno de Canarias, los cabildos de las Islas más pobladas y los ayuntamientos de los grandes municipios del Archipiélago ya estaban en manos de las alianzas y de las diferentes combinaciones de la derecha canaria. Y en mi Isla, Tenerife, de lo que dio en llamarse ATI y de lo que , en realidad, nunca ha dejado de serlo.

La Ley 19/2003, de Directrices Generales de Ordenación y del Turismo, fue uno de los grandes hitos para tratar de afrontar esta trascendente problemática. Fue precedida por un intenso debate, acompañado por uno de los diagnósticos más lúcidos y patrióticos sobre el pasado, el entonces presente y el futuro de Canarias, que hoy es el presente: la “Información” que sustentó y justificó la necesidad de aquella Ley y de las determinaciones que estableció.

De entre toda aquella diagnosis, en la que se trazaban los ciclos históricos de la economía canaria basados siempre en un monocultivo, como lo ha venido siendo el turismo en la Canarias desde hace más de medio siglo, quiero subrayar las fases de prosperidad y de declive, con todas las secuelas de paro, pobreza y emigración que estas trajeron consigo. Y lo digo porque, cuando hablemos del turismo, hagámoslo con determinación pero con cuidado. No se vislumbra ninguna alternativa económica en el corto plazo -más allá de las consabidas apelaciones a una diversificación económica, tan imprescindible como necesitada  de condiciones previas cuyo cumplimiento requiere tiempos de maduración: por ejemplo, la más esencial, la cualificación de nuestra población para incorporarse a actividades económicas de intenso componente tecnológico y valor añadido-.

Y del análisis de nuestra oferta turística, me quedó grabada la constatación de que esa oferta había ido desarrollándose no al compás de la evolución y las perspectivas del propio negocio turístico, sino como un subproducto del omni influyente sector de la construcción. Todo país desarrollado requiere un dinámico sector de la construcción, cuya aportación a la economía y al empleo es imprescindible. Pero, como en tantas cosas de la vida, todo tiene sus límites. Y en Canarias se han desbordado por completo.

De forma que hemos acabado haciéndonos la competencia a nosotros mismos, y con frecuencia con nueva oferta de dudosa calidad,  a costa del futuro.

Todos los sectores de la sociedad tienen la aspiración y el derecho de influir en la política democrática y en las decisiones de los poderes públicos. Desde luego el mundo empresarial, cuyo concurso e iniciativa son imprescindibles para la prosperidad de las Islas. Pero, insisto, todo es cuestión de límites. Y cuando se franquean visiblemente no es influencia, sino hegemonía. Poco compatible, por cierto, con una democracia que merezca ese nombre.

El sector turístico, para los que no lo conocemos en profundidad, parece tener una volatilidad llamativa. Y suelen ser determinantes  la mejora o el deterioro de la oferta, en la que clima y recursos naturales, seguridad ciudadana y calidad sanitaria  son nuestra materia prima por excelencia, calidad y variedad  de establecimientos y servicios, cualificación del personal…y las vicisitudes que sacudan a destinos emergentes alternativos de alto potencial competitivo. El colapso de algunos de esos destinos, en el Mediterráneo, en el África cercana, en Egipto…por causa de conflictos políticos, ha sido un gran aliado de la pujanza y el mantenimiento de nuestro sector turístico y de la no penalización, hasta ahora,  de sus deterioros y sus carencias. Lo hemos presenciado en vivo y en directo.

Todos esos debates que han culminado en notables resultados legislativos y en materia de ordenación del territorio y de los recursos naturales se han ido difuminando al socaire del paso del tiempo, de las etapas de crisis económicas globales, del continuismo y de la inercia políticos, de la dificultad para materializar y consolidar la alternancia de los gobiernos de las instituciones  por el tiempo imprescindible para abordar y encauzar esta y otras  trascendentes cuestiones del Archipiélago.

Tal vez por eso, este Grito se produce ahora y no hace dos o dentro de tres años. Porque no le ha faltado tiempo a la restauración de otro de los Gobiernos de siempre, para que le hayan dado a la moviola de una serie de proyectos que la Administración anterior había frenado por sus incumplimientos, evidentes o indiciarios,  de las garantías fijadas por la legalidad territorial, ambiental y de los recursos naturales. 

O para que este Gobierno o el de entidades afines a la alianza conservadora que lo preside estén tratando de aprovechar los mecanismos más agresivos -porque suplantan las normas de planeamiento- como los proyectos de interés insular o autonómico que incorporó la Ley del Suelo clavijana para autorizar nuevos atropellos. Y ello, a pesar de que el Tribunal Constitucional afeitó las espuelas a esas herramientas que fueron diseñadas para autorizar discrecionalmente todo tipo de actuaciones, desde las turísticas a las terciarias, en cualquier clase de suelo.

Luego el Grito tiene un trasfondo fundamentalmente político. Y tiene todo que ver con la calidad del autogobierno, deteriorada por la desproporcionada influencia de determinados agentes económicos en la toma de decisiones o en la inhibición institucional.

No es un Grito de Independencia, pero sí de expresión de la toma de conciencia del pueblo de las Islas sobre el deterioro de su presente y la hipoteca de su futuro: el de nuestros hijos y nuestros nietos.

No puedo dejar de rendir homenaje de respeto y admiración a todas esas personas, canarios de alma y de corazón, que en esta o en tantas otras movilizaciones (como las de las torretas de Vilaflor, la defensa de El Rincón o de La Vega de Aguere…y tantas otras) han dado y están dando sus mejores energía a la defensa de la Tierra Canaria. Y a cambio de nada. Son testimonio del mejor patriotismo isleño. Y una muestra de lo mejor de la sociedad canaria.