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La liquidación programada del ITC

Lo vienen intentando desde hace años. Con este y con el anterior Gobierno. Descapitalizándolo en los presupuestos de la comunidad canaria, con una bajada del 80% en la pasada legislatura, despidiendo o incentivando la marcha de buena parte de su personal científico y, paralelamente, cuestionando su viabilidad como si el Ejecutivo no tuviera nada que ver con la situación.

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Lo vienen intentando desde hace años. Con este y con el anterior Gobierno. Descapitalizándolo en los presupuestos de la comunidad canaria, con una bajada del 80% en la pasada legislatura, despidiendo o incentivando la marcha de buena parte de su personal científico y, paralelamente, cuestionando su viabilidad como si el Ejecutivo no tuviera nada que ver con la situación. El futuro del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), con más del 50% del personal en Gran Canaria, pende de un hilo. Perder la única empresa pública de ámbito canario de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) es un lujo que Canarias no se puede permitir.

El Ejecutivo de Clavijo no respeta el mandato por unanimidad del Parlamento que, el pasado mes de abril, instó a que, en el marco de las negociaciones entre la dirección del ITC y su comité de empresa, se alcanzara un “acuerdo equilibrado entre la sostenibilidad del empleo público, la viabilidad económica de la entidad y la búsqueda de nuevas vías de financiación”. Ha esperado a que se celebraran las elecciones para anunciar su cierre.

El Gobierno dice que no puede sostener económicamente al ITC cuando el 80% de sus empresas públicas se sustentan con fondos públicos y cuando es el máximo responsable, por descapitalizarlo y porque es quien nombra a los máximos gestores del instituto, de su situación. La responsabilidad directa está en el consejo de administración y los gerentes. La autoría intelectual, en la Consejería de Hacienda y la última responsabilidad en el Gobierno en pleno.

Plan canario

En el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, nuestra comunidad se encuentra a la cola del Estado. El Plan Canario de I+D+i pretendía alcanzar el 1,50% del PIB en el año 2010. Seis años después nos encontramos ampliamente por debajo de ese objetivo.

La inversión en I+D+i, en relación al PIB, alcanzó sus mayores niveles en 2010, con el 0,62%, con 204 millones de euros, el 0,50% que correspondían a la parte pública, y 136 millones (0,34%), a la privada. Esto, sobre el papel, ya que apenas se ejecutó la mitad. Desde entonces no ha hecho más que disminuir por los sucesivos recortes. En el actual ejercicio, el de 2016, la inversión pública es de 80 millones de euros inferior a 2015 y no superará el 0,2% del PIB.

En el Estado español, con datos del año 2013, las comunidades que mayor porcentaje de su PIB dedican a I+D+i son País Vasco (2,09%), que se sitúa incluso por encima de la media europea (2,02%), Navarra (1,79%), Madrid (1,75%), Cataluña (1,5%) y Andalucía (1,24%). La media estatal es del 1,24%, es decir, duplica ampliamente a la de Canarias de ese ejercicio (0,50%).

Baja ejecución

Pero es que, además y es muy importante, la gestión del Gobierno ha sido mala, siendo muy bajo el grado de ejecución de la inversión pública prevista. En 2015 no llegó al 51%, con un importe de 49 millones de euros sobre los 96 millones de euros presupuestados. Y fue el mejor año.

Los datos confirman que Canarias realiza un deebil esferzo en I+D+i, os confirman queébil esfuerzo en I+D+i. En distintas ocasiones he manifestado mi preocupación. Son varias nuestras intervenciones y propuestas parlamentarias, en este ámbito, insistiendo en que solo es posible la diversificación con más I+D y la mejora de la productividad si impulsamos la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías.

El Gobierno tiene un doble discurso en este asunto. Habla de diversificar la economía y potenciar un nuevo modelo económico. Pero en la práctica sigue obsesionado con la cultura del cemento. Presupuesto tras presupuesto lleva a cabo un mínimo apoyo a las actividades innovadoras y del conocimiento. El mejor y más reciente ejemplo es el proyecto estrella del Gobierno, la ley del suelo, que apuesta por lo de siempre, por más desarrollismo.

A ello se suma su permanente desprecio a una institución, el ITC, que ha venido realizando una intensa tarea en I+D+i. Fomenta la transferencia tecnológica y de conocimiento a las empresas canarias, actúa como un organismo de intermediación entre pymes y proveedores de servicios de I+D+i (empresas privadas, universidades y otros organismos públicos) y facilita la presencia en programas estatales o internacionales.

Hace cuatro años, cuando el Instituto Tecnológico de Canarias celebraba sus dos décadas de funcionamiento, el Gobierno canario presumía de los datos recogidos en su memoria. Señalaba que más de 46.000 empresas han recibido servicios de I+D por parte del instituto, que se constituyeron más de 700 nuevas empresas en Canarias a través de los servicios prestados por el ITC mientras otras 700 empresas de las islas habían recibido fondos de I+D+i gracias a la intervención del ITC.

Destaca, por otra parte, la formación técnica de alto nivel ofrecida a más de 28.000 personas y que los diferentes proyectos del ITC han inducido la creación de más de 6.000 empleos directos en Canarias. 

Toda esa actividad, todos los proyectos vigentes en materia de energías renovables, aguas, biotecnología, sanidad, cooperación al desarrollo o innovación empresarial, se pueden ir al traste por la determinación del Gobierno canario, que ha colocado todos los obstáculos posibles para impedir la continuidad de un ITC al que, de forma programada, quiere liquidar.

Desde Nueva Canarias (NC) seguiremos apoyando a la institución y a su personal. Insistiremos en que el Gobierno debe rectificar en sus decisiones sobre el instituto y sobre el global de sus políticas sobre I+D+i. Apostamos por el conocimiento y no, como se empeñan en seguir haciendo, sólo por el cemento.

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