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CATALUNYA

La PAH inicia una batalla contra BBVA y se prepara para colapsar sus líneas telefónicas

Los activistas cuentan con una aplicación móvil para llamar masivamente a oficinas de la entidad y exigir respuestas para las familias que ocupan

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Presentació de la campanya BBVA Responde

Presentación de la campaña BBVA Responde @PAH_BCN

La Obra Social de la PAH, que ocupa pisos vacíos de entidades financieras para familias que no tienen donde vivir, ha anunciado este jueves una campaña contra el BBVA, exigiendo respuestas para las familias que ocupan pisos vacíos. "Declaramos al BBVA enemigo público de la PAH", ha dicho contundente Berni Sorinas, portavoz de la Obra Social. Denuncia que en los últimos dos meses acumulan 50 denuncias judiciales a familias que ocupan pisos vacíos.

El próximo día 1 de marzo pretenden colapsar las líneas telefónicas de la entidad bajo el lema BBVA Responde. Disponen de una aplicación móvil, que aseguran que les ha llegado de forma anónima, con la que se programarán llamadas coordinadamente a todas las oficinas de la entidad el próximo día 1 de marzo de 10 a 11 de la mañana desde todos los teléfonos que tengan la aplicación instalada. Con la web  bbvaresponde.es la PAH también ofrecen documentación para solicitar un alquiler social a la entidad, lo que harán el mismo día en las oficinas.

En la presentación de la campaña han participado afectadas que viven ocupando pisos de BBVA y han explicado sus experiencias. Sofía, de la PAH de Barcelona, ocupa desde hace tres meses un piso de la entidad que estaba vacío porque se quedó en la calle y desde entonces se ha tenido que enfrentar a cinco fechas de desahucio, aunque ha podido pararlas todas. "Si voy a la administración me dicen que no tienen pisos pero los bancos sí", asegura.

Las PAHs catalanas reivindican la aplicación de la ley 24/2015, aprobada por el Parlament gracias a la ILP presentada por la PAH, y que da herramientas a la administración para evitar la acumulación de pisos vacíos en manos de los bancos y ponerlos en circulación. También busca impedir que las entidades echen a familias de casa cuando no tienen otra alternativa habitacional.

BBVA deja la respuesta en manos de la administración

Desde BBVA remarcan que esta campaña esté vinculada a los pisos ocupados y busca diferenciarlos de los casos de impago de hipoteca. "BBVA garantiza que todos sus clientes en vulnerabilidad social que tengan un problema con su crédito hipotecario, tienen una alternativa de vivienda facilitada por el propio banco", dice una portavoz de la entidad. En cambio, asegura que no pueden hacer lo mismo con los pisos ocupados.

"Nosotros damos alquileres sociales a nuestros clientes, pero en estos casos [de ocupación] buscamos que sea la administración o servicios sociales quien dé soluciones", explica. La entidad denuncia las ocupaciones ilegales ante la justicia pero asegura que aplaza las fechas de desahucio a la espera de una solución de la administración. Lo que exige la PAH y otras entidades financieras están haciendo, según reconocieron en una mesa de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona, es regularizar la situación de las familias que ocupan pisos que tienen vacíos con alquileres sociales.

Rosa, de la PAH de Terrassa, recibió la orden de desahucio en 2010, cuando había dejado de pagar la hipoteca, y en 2012 tuvo que abandonar su casa, ahora propiedad del BBVA. Tres años después volvió a ocuparla con el apoyo de la PAH y ante la falta de alternativas. "Estaba desocupada desde que la dejé", critica. Finalmente ha conseguido un alquiler social, pero el BBVA no le ha condenado la deuda, lo que, asegura, le prometieron.

Sorinas ha criticado que el presidente de BBVA, Francisco González, asegurara que "el BBVA ha pasado esta crisis muy bien, sin ninguna ayuda pública", y recuerda que el banco compró Unnim en 2012 –la caja que resultó de la fusión de Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa gracias a una inyección de 953 millones de euros– y más tarde, en 2014, ha comprado CatalunyaCaixa, en una venta en la que calculan que se han perdido 11.400 millones de euros públicos.

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