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El plan de Colau para el tramo final de mandato: del tranvía a la ordenanza de civismo

Colau confía que la ruptura con el PSC y el 21D no le pasen factura

Pau Rodríguez

Las elecciones municipales de 2019 ya se divisan en el horizonte y el año que acaba de empezar se observa desde el Ayuntamiento de Barcelona como el último para sacar adelante algunos de sus proyectos emblemáticos pendientes de aprobación, como la conexión del tranvía o la ordenanza de civismo. La alcaldesa Ada Colau tendrá que hacerlo con un Gobierno municipal mermado por la salida del PSC y tras unas elecciones, las del 21D, que han traído unos pobres resultados a la formación que integraban, Catalunya en Comú. 

En el consistorio se amparan en que la ciudad tiene otro ritmo y confían en que los comicios catalanes no afectarán a su obra de gobierno. Pero no son pocos los grupos de la oposición que leen los resultados del 21D también como un mensaje de los barceloneses. “Colau ya no despierta pasiones en Barcelona”, interpretan fuentes del PDeCAT, mientras que en ERC ven en el último barómetro la constatación de que pueden ser alternativa de gobierno a Barcelona en Comú, pese a que las mediciones se hicieran en pleno apogeo del proceso soberanista. El PSC también se ve reforzado tras la encuesta: subió tres puntos en intención de voto hasta el 9,3%.

Tanto ERC como el PDeCAT dejaron claro a Colau que si rompía con el PSC por el 155 le facilitarían la gobernabilidad, pero dos meses después de la expulsión de los socialistas, los independentistas aseguran que aquello no fue un cheque en blanco. En el PSC, por su parte, se reafirman en que no frenarán ningún acuerdo que pueda perjudicar a la ciudad, y ponen como ejemplo el pacto por las terrazas que pacificó al sector hostelero, que recibió su voto favorable estando ya fuera del gobierno. Pero a la vez avisan: “Primero es Barcelona, pero ahora somos oposición”. 

Del tranvía a la ordenanza de civismo

Colau superó el ecuador de su mandato con el mensaje de que ya habían lanzado sus grandes proyectos programáticos y que lo que tocaba era materializar los cambios. Aprobó con ERC y PSC el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que frena el crecimiento hotelero en el centro de la ciudad, y con el PDeCAT el plan de vivienda que amplía el parque público de alquiler.

Pero todavía les quedan otros frentes abiertos que fueron ejes de su campaña electoral, y para los que esperan seguir tirando de geometría variable en el plenario. Así, Colau fía la recta final de su mandato a proyectos como la conexión del tranvía por la Diagonal, ahora mismo a debate en comisiones técnicas, o la reforma de la ordenanza de civismo, una iniciativa todavía en fase preliminar pero que el consistorio quiere llevar al pleno antes de que acabe el mandato.

También confían en el despliegue de iniciativas ya validadas como las cinco nuevas supermanzanas –las islas de bloques cerradas al tráfico–, la primera multiconsulta ciudadana prevista para mayo o junio –que preguntará a los barceloneses sobre cuestiones como la municipalización del agua o la gentrificación–, o el Plan de Barrios, que entra esta año en una fase de mayor inversión (50,9 millones de euros), sobre todo en los distritos más desfavorecidos. En ellos Colau se granjeó una mayoría de votos en 2015, y es también donde los 'comuns' perdieron fuelle por el ascenso de Ciutadans el pasado 21D. 

Para el tranvía, Colau lo tiene hoy más difícil que antes de la ruptura con el PSC. Los socialistas son partidarios de la unión de los dos tramos existentes de tranvía en cada extremo de la Diagonal, pero aseguran que no darán su beneplácito si no es con el consenso político y social suficiente. Algo que suscriben también desde ERC. Sin su apoyo, y el de la CUP, la obra tiene pocos números de materializarse, dado que el PDeCAT de momento la rechaza. 

Sobre la ordenanza de civismo, en Barcelona en Comú consideran que deben reformarla por su compromiso con el electorado (lo prometieron en su programa), aunque modificar este reglamento es siempre un foco de polémicas, puesto que afecta al día a día de los ciudadanos. El cuarto teniente de alcaldía, Jaume Asens, ha expresado en varias ocasiones que quiere una ordenanza con mayor perspectiva de derechos humanos, y para justificarlo presentó un informe de la UB que alertaba que el reglamento actual (pactado por CiU, PSC y ERC en 2005) perjudica a colectivos que usan el espacio público como prostitutas, manteros o los artistas callejeros. 

Pero le hará falta algo más que este informe al Gobierno municipal para hacer realidad esta promesa electoral. A la espera de concretarse el nuevo texto en las negociaciones, Colau espera con ello rebajar el importe de las multas (alegando que el 70% acaban impagadas), incrementar las sanciones por acoso sexual en espacio público o retirar la prohibición de jugar a la pelota en las plazas. 

La primera prueba, los presupuestos

El primer escollo que deberá superar BComú es sin embargo la aprobación de los presupuestos de 2018. Esta semana el primer teniente de alcalde y responsable de Economía, Gerardo Pisarello, se ha reunido con PSC, ERC y PDeCAT para buscar el acuerdo, pero ha tenido que prolongar las negociaciones al no llegar por ahora a buen puerto. De momento en la plaza Sant Jaume descartan un escenario como el del curso pasado, cuando hubo que sacar adelante las cuentas con una cuestión de confianza, pero desde la opción empiezan a verlo como la vía más plausible.

Los hasta ahora socios de Gobierno están casi descartados para el acuerdo, tras poner como condición que Colau rectifique con la reciente subida de un 2% del billete de metro (congelado durante los dos últimos años). Las otras opciones pasan por las otras fuerzas de izquierdas, ERC y la CUP, pero estas reprochan de momento a los 'comuns' no tener ánimo de negociar, algo que niegan desde el consistorio. El PDeCAT, con posiciones políticas teóricamente más alejadas, se muestra “disponible”, aun a la espera de ver como avanzan las reuniones.

En este caso, el Gobierno municipal considera que haber superado las elecciones del 21D es una buena noticia para los presupuestos. “Antes del 21-D era muy difícil”, expresó este viernes Pisarello en referencia al clima de campaña electoral, a lo que añadió: “Ahora tenemos que hacer todo lo posible para conseguirlo”. De momento se ha descartado votar las alegaciones en la comisión de Economía del próximo martes para seguir negociando, pero el margen que tiene Pisarello es muy escaso si se plantean llevar las cuentas al plenario del 26 de enero.

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