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Mandela - Maragall, dos rebeldes con causa

Las grandes transformaciones acostumbran a producirse mediante acciones colectivas. Aún así, a menudo hacen falta liderazgos que ayuden a orientar el rumbo. Cuando aparece alguien que sabe detectar y canalizar las necesidades y las ansias de una comunidad hacia un fin, probablemente nos encontramos ante un líder. De liderazgos hay de muchos tipos: los carismáticos, los aceptados, los soportados y en algunos casos, los impuestos. La historia nos demuestra, pero, como los más positivos han sido aquellos surgidos de raíces democráticas y que han rehuido del culto a la personalidad.

Cuando aparece alguien que sabe leer las necesidades de una sociedad y encontrar las oportunidades para satisfacerlas, mediante una aportación significativa de valores positivos como la solidaridad y la cooperación, sabemos que, muy probablemente, nos encontramos ante alguien que puede marcar el devenir y las identidades de una colectividad.
En buena medida, Pasqual Maragall ha pasado a la historia como el Alcalde de Barcelona, con mayúsculas, por saber resolver exitosamente esta ecuación de necesidad - oportunidad. 
Los Juegos Olímpicos del 1992, fueron algo más que un acontecimiento deportivo porque incluyeron una serie de variables que lo dotaron de una extraordinaria significación. La necesidad no era únicamente la de impulsar una gran transformación urbanística de la ciudad y poner "Barcelona al mapa".

Los Juegos del 92 aportaron algo más porque se apoyó sobre un intangible, que hay que contextualizar en un momento muy concreto de la historia de nuestro país, reflejado en la voluntad de nuestra sociedad de pasar una de las páginas más grises y vergonzosas de nuestra historia, el franquismo.

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Democratizar la democracia europea

Queda  poco ya para las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Más de 400 millones de ciudadanos con derecho a voto y que configuran la demos de la UE están llamados a las urnas para escoger los representantes de una institución que pocos alcanzan a comprender. Más allá del posible impacto que pueda tener en la participación, el hecho de que la elección de la presidencia de la Comisión Europea venga estrechamente marcada por los resultados del PE,  las cifras relativas a la participación de las últimas elecciones marcan una tendencia a la baja siendo un claro síntoma de la desafección ciudadana respecto a la UE y que no deja de esconder un déficit democrático en el funcionamiento de las instituciones europeas.  En España, la participación no llega al 45%, muy lejos del 55% que se alcanzó en las décadas de los 80 y 90 y prácticamente 20 puntos por debajo de la participación en las elecciones de 1979.  Está desafección no solo viene medida por la participación sino que es latente en todas las encuestas relativa a la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los partidos políticos europeas.

Mentiríamos o nos engañaríamos si creyésemos que la desafección por lo público es monopolio de la UE. A nadie se le escapa que el desapego respecto a los políticos y la política es compartido en nuestras democracias y la desafección está presente en todos los niveles de gobierno con mayor o menor intensidad. Es cierto que en la dimensión europea esta desafección parece estar más acusada. Los motivos son varios, a saber: desconocimiento del funcionamiento de la UE, alejamiento de la soberanía popular de cada vez más políticas y competencias comunitarias, percepción de la UE como un club de estados que cada vez se alejan más de unos posibles Estados Unidos de Europa, etc.

Las instituciones europeas son conscientes y suponemos que hasta cierto punto comparten lo delicado y la gravedad de la situación.  Así lo recogen diversos informes, y no es menos cierto, que algunas reformas y medidas impulsadas en los últimos años intentan democratizar la toma de decisiones, como por ejemplo dando más poder al PE o impulsando la Iniciativa Legislativa Europea.  No obstante, estas medidas no son suficientes e incluso se podría decir que su impacto es especialmente bajo. Son medidas encaminadas a la mejora de la calidad democrática cuando apenas tienen en cuenta que hay poca base democrática sobre la cual mejorar. Así, estos esfuerzos caen en saco roto mientras que el alejamiento ciudadano respecto al proyecto europeo, cada vez es mayor.

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Formación Profesional: una estructura de Estado para un problema de Estado

Asistimos en las últimas semanas a anuncios más o menos llamativos sobre un posible inicio de recuperación de la actividad económica a nuestro país. Si tuviéramos que hacer caso al gobierno español, prácticamente tendríamos que considerar que la crisis se está acabando. Si hacemos caso otras fuentes mucho más rigurosas, parece que los momentos más extremos de la crisis van remitiendo pero todavía tenemos travesía y sufrimientos por tiempos. En todo caso, cuando se habla de generar ocupación hay un poquito más de coincidencia: la probable recuperación de la actividad económica no tendrá un reflejo inmediato en la creación de ocupación.

La destrucción de puestos de trabajo en los últimos cinco años ha sido aterradora. Veamos solamente algunas cifras ilustrativas. En septiembre de 2013, Cataluña tenía un total de 638.943 personas en situación de paro, 378.102 más que a final del año 2006 (según los datos del Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña). Del total de este año, 370.144 (un 57,93% del total) eran personas entre 40 y 64 años y 544.112 (un 85,16%) tenían, como máximo, los estudios equivalentes a la escolarización obligatoria. El 2006, siempre según la misma fuente, estas magnitudes se situaban en 131.356 personas (50,36%) y 227.751 (87,31%), respectivamente. Obviamente, podríamos citar muchos más datos de lo que, sin ningún tipo de duda, es un auténtico drama social.

Sólo estas cifras ya muestran con toda la crudeza que Cataluña está viviendo un cambio de modelo productivo en toda la regla que hará que muchos de los puestos de trabajo anteriores a la crisis – especialmente, los no calificados- no se recuperen nunca más. En su lugar se podrán crear de nuevos, que requerirán niveles de calificación más elevados. Pero, las previsiones demográficas añaden dificultades destacables a la aplicación del “mecanismo” mediante el cual Cataluña ha ido históricamente incrementando los niveles de calificación de su población activa: el relevo generacional. Efectivamente, según las proyecciones del INE el 2022 habrá en Cataluña 519.016 personas menos entre 16 y 39 años. Así, pues, la demografía añade más leña al fuego.

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El proyecto europeo necesita un gobierno democrático

En Europa estamos viviendo las consecuencias de una unión monetaria defectuosa, mal diseñada y más fruto de la ilusión y el voluntarismo que no de la sabiduría y el coraje político. La historia, y un análisis mínimamente serio de la realidad, nos dicen que la unión monetaria no es posible sin unión fiscal, y ésta no lo es sin unión política. Aquí se quisieron hacer las cosas en el orden invertido y el resultado es el que estamos viendo.

Se pensó que podía seguir funcionando el método Monnet: la integración económica por la base arrastraría a su detrás la integración política. Pero, en realidad, la unión monetaria ya era un paso importantísimo en el terreno de la integración política, que no se podía dar a medias. La unión monetaria era la culminación de este proceso basado en la lógica Monnet. Pero, a la vez, suponía su agotamiento. Porque era ya un paso decisivo en el terreno de la integración política: significaba, nada más y nada menos, que la renuncia a la moneda, uno de los atributos más emblemáticos de la soberanía nacional. Y este paso no se podía dar a medias. A partir de aquel momento, la integración política tenía que pasar al frente; era ella la que tenía que arrastrar la integración económica y monetaria. Sólo si así se hace será posible consolidar los pasos que se han dado.

De hecho, la realidad nos dice que en los últimos tres años y medio (desde mayo de 2010, cuando va se certificó la gravedad de la crisis de la deuda) se ha producido un proceso de transferencia de poder político, de soberanía, hacia las instituciones de la UE de una intensidad que habría sido simplemente impensable unos años atrás.

Pero este proceso tiene una falla de origen, que lo debilita de manera decisiva y lo puede convertir en simplemente ineficaz, e incluso contraproducente, y es que la transferencia de poder político no tiene lugar de los estados nacionales hacia un gobierno europeo elegido democráticamente por los ciudadanos europeos, sino hacia instancias intergubernamentales, el Consejo de la Unión. Esto ha conducido a una fractura muy grave entre legitimidad democrática y poder: los que de verdad mandan no han sido elegidos por los ciudadanos y los que han sido elegidos democráticamente, no son los que toman las decisiones. Los que tienen la legitimidad democrática de origen no son los que mandan, y por lo tanto acaban perdiendo también la legitimidad, porque no tienen la de ejercicio.

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Presente y futuro de Cataluña en la Europa Federal

El futuro de Cataluña está ligado a la Unión Europea, hoy, más que nunca. Cataluña pretende establecer una nueva relación con la UE, sin España y por ello el reto es aún mayor. Tanto Cataluña como la Unión Europea, aunque parezca paradójico, se encuentran en un momento crucial de su nuevo proceso constituyente.

En nuestro caso, España no reformará la Constitución para hacer encajar las reivindicaciones de los catalanes. España no está para reformas. La experiencia constitucional española demuestra que las reformas constitucionales no se impulsan en todos los casos necesarios. Así que, por un lado la Constitución no se reforma y, por otra parte, los mínimos niveles de nuestro techo competencial y de inversión pública, fijados en el Estatut, tampoco se cumplen.

En cuanto a Europa, el proceso constituyente es lento y complejo. La UE es un proyecto de Estados, que a lo largo del tiempo, se han ido federando con múltiples especificidades. Siempre se han añadido Estados y, a pesar de las críticas a la UE, nunca ninguno de ellos ha pedido salir. Muchos soñamos en una Federación Europea, unos estados unidos de Europa. Su construcción dependerá de cómo la sociedad civil europea impulse la nueva arquitectura institucional ya que los países miembros no lo resolverán rápidamente. Deberá ser el Parlamento Europeo, los partidos políticos europeos y la Comisión Europea quien lo impulse.

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Leyendo el ambiente económico en Polonia

El análisis directo, in situ, de la economía y la sociedad de un país, es siempre más complejo que sobre el papel, porque encontramos muchos más matices e interrelaciones que en los fríos datos estadísticos. Pero a la vez, todo se vuelve también mucho más claro y sencillo que en las tablas y las figuras de los informes.

A lo largo de los últimos días, aprovechando la presentación oficial del proyecto Barcelona Polonia Group de la Fundació Catalunya Europa en diferentes entornos institucionales y empresariales polacos, tuvimos la oportunidad de analizar en primera persona el desarrollo de la que aparece en todos los rankings como una de las economías más dinámicas de la Unión Europea, y también una de las que presenta un mayor potencial de crecimiento. En definitiva, una de las que seguramente están llamadas a ser entre las estrellas europeas a lo largo de la próxima década.

La primera impresión de las ciudades polacas es ciertamente de un entorno en crecimiento. No sólo en la capital, Varsovia, sino especialmente en ciudades medianas, se percibe menos preocupación que en la mayoría de ciudades europeas: las infraestructuras están creciendo, al igual que los negocios, la oferta de servicios, y el consumo. La crisis es un tema presente, pero no omnipresente, y no es difícil encontrar empresarios que reconozcan que las cosas les van bien. La economía avanza, muy conscientes del recurso que les aportan (y aportarán) los fondos europeos. En este sentido, las perspectivas de aprovechamiento de estos fondos son muy positivas para un país que será el mayor receptor de recursos de la Unión Europea en el periodo 2014-2020.

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Legitimación democrática del Derecho de Autodeterminación y contexto internacional: Catalunya 2014

1. La democracia liberal y el Estado-nación. Las democracias liberales se han construido a partir de unas realidades estatales previas a la modernidad y se han consolidado sobre la base de unas fronteras determinadas que son fruto de vicisitudes arbitrarias y procesos históricos de naturaleza mayoritariamente coercitiva y no democrática (guerras y conquistas, anexiones por bodas reales...). La inmensa mayoría de los estados se han constituido al margen de toda teoría democrática. El liberalismo ha puesto especial énfasis en la organización del crathos, olvidando u obviando intencionadamente, la definición del demos, que ha quedado reducido a un elemento fáctico y no cuestionado. Hablar de autodeterminación significa plantear el sentido mismo de la democracia y dilucidar los elementos básicos que la definen. Como decía Ivor Jennings " The people can not decide until somebody decides who are the people".

2. Estado nación vs. democracia plurinacional. Los estados modernos han sido históricamente dominados por una mayoría nacional concreta que ha impuesto su nacionalidad preponderante, a partir de procesos liberales, pero poco democráticos. Así, la democracia liberal se ha caracterizado entre otras, por la confluencia de dos procesos, state building y nation building, que tienen como objetivo legitimar el estado-nación existente. En el contexto de las sociedades plurinacionales, como en el caso del estado español, los procesos de state building y nation building han adquirido en muchos casos, una naturaleza competitiva donde se ha acabado imponiendo la nación mayoritaria, haciendo prevalecer su hegemonía en la constitución y no reconociendo las aspiraciones del resto de naciones y en muchos casos, despreciando su identidad nacional y cultural, provocando un evidente déficit de legitimidad democrática. Las aspiraciones de las teorías democráticas obligan a repensar los fundamentos sobre los que se han consolidado los estados liberales y en el caso del estado español, afrontar su problema secular.

3. Liberalismo y autodeterminación. Desde el enfoque del liberalismo, la autodeterminación está estrechamente vinculada al principio de autonomía individual y colectiva y a la capacidad de decidir libremente el propio acontecer. La legitimación liberaldemocrática de la autodeterminación, parte de la idea de soberanía popular y del principio de representatividad expresado democráticamente en la idea de que todo colectivo, con conciencia nacional, tiene derecho a preservar su existencia. Desde el propio liberalismo, autores muy relevantes, han planteado alternativas críticas ante la vulneración del principio de igualdad propiciada bajo el paraguas del estado-nación unitario y monista que acaba discriminando las identidades no hegemónicas. Así, desde el que en ciencia política se ha llamado el liberalismo 2, se postula el reconocimiento de las distintas comunidades políticas desde el pluralismo nacional, proponiendo nuevas fórmulas liberales para una acomodación democrática más satisfactoria. Este enfoque permite superar los esquemas reduccionistas de la igualdad liberal clásica, evitando así cualquier discriminación en la esfera pública, y proponiendo, ante situaciones no homogéneas, mecanismos de reconocimiento de la pluralidad y la diversidad. Un reconocimiento que hay que explicitar en el marco de la Constitución liberal y que puede expresarse garantizando el derecho de autodeterminación de las minorías nacionales como una fórmula que busca salvaguardar un equilibrio ante un posible abuso de la mayoría nacional. El debate en el seno del liberalismo y la democracia, se orienta así hacia unos instrumentos político-jurídicos cada vez más legítimos y elaborados que hagan compatibles la vida de los individuos y de las comunidades particulares, conviviendo en un mismo espacio democrático, desde su singularidad e interdependencia.

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Avanzando hacia el TTIP: ¿Por qué ahora es el momento y como nos impactará?

Para un momento y observa cómo es tu vida actual, compara con la vida de tus padres y con la vida de los padres de tus padres. Ahora intenta imaginar la vida de tus hijos, y compárala con la de tus nietos. Mientras lo haces, ten en cuenta como las transiciones económicas resultado de las crisis y el boom demográfico, la globalización y el reemplazo de los actores globales y sus roles han influido en tu vida. ¿Cómo te han afectado personalmente estos cambios? ¿y en tu familia? En este preciso momento, las negociaciones entre la UE y los Estados Unidos pretenden poner en práctica un acuerdo de libre comercio conocido como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). Si las negociaciones tienen éxito, el libre comercio abrirá las puertas a nuevas tasas aduaneras, al intercambio de trabajadores a través del Atlántico y la consolidación de la alianza económica más dominante en el mundo. Si pensamos en el impacto de las políticas económicas en nuestras vidas, ¿es una política de libre comercio a través del Atlántico el camino a seguir?

De aprobarse, el TTIP se convertiría en el acuerdo comercial económico de mayor alcance de la historia, ya que combinaría dos de las mayores economías del mundo, la UE y los Estados Unidos. A escala global, estas dos economías representan casi el 50 por ciento del PIB mundial y el 41 por ciento del poder adquisitivo mundial. [1] Este tratado es único ya que no sólo tiene la intención de impulsar el crecimiento económico en las dos regiones del Atlántico, sino que también puede tener un efecto de inercia en otros países, lo que acabaría redefiniendo las regulaciones comerciales globales actuales. Pero, ¿cómo se diferencian estas negociaciones de las anteriores? ¿Qué hace que ahora sea un momento más idóneo para un tratado de estas características? ¿Cómo nos afectará el TTIP en nuestras vidas? Estas son las preguntas imperativas que nos gustaría poder contestar.

En anteriores negociaciones la UE y los Estados Unidos se focalizaron en la reducción de aranceles, políticas que tuvieron éxito, ya que la tasa arancelaria actual es menor al tres por ciento. [2] Esta vez, aunque las tarifas están en la mesa de negociación, no representan el objetivo principal. En cambio, el foco son las barreras impuestas al comercio por la UE y las normas y reglamentos comerciales de los Estados Unidos. Este cambio de objetivos es esencial para entender tanto la diferente naturaleza de estas negociaciones respecto a las anteriores, como la mayor posibilidad de éxito.

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Europa busca una nueva narrativa

Los ideales de una Europa pacífica, unida y prospera, formuladas por los padres fundadores de lo que hoy conocemos como Unión Europea, parecen a día de hoy insuficientes a la hora de impulsar el proyecto político y económico más exitoso del siglo XX. Según datos del último Eurobarómetro, la desconfianza hacia la UE se sitúa en torno al 57%, después de haber recuperado tres puntos porcentuales respecto a la primavera de 2012, momento en el que se alcanzó el nivel de desconfianza más alto de la historia de la UE, en vez del 60%. Sin embargo, el 58% de los europeos sigue creyendo que los países europeos, por sí solos, no serían capaces, fuera de la UE, de hacer frente a los retos actuales.

A pesar de haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2012, por las más de seis décadas de consecución de la paz y la prosperidad en el continente europeo, la desconfianza creciente hacia un proyecto que parece no poder dar respuesta a los principales retos del siglo XXI, ha obligado a la UE a tener que buscar nuevos argumentos que justifiquen su existencia y espoleen nuevamente sus ciudadanos.

La actual situación económica es vista por casi la totalidad de sus Estados miembros como el problema más importante al que la UE debe hacer frente. El paro, por su parte, aparece en segunda posición, con una tasa especialmente alta entre los jóvenes. El 23%, o lo que es lo mismo, dos de cada diez jóvenes, se encuentra actualmente desocupado. Europa cuenta con 57,5 ​​millones de jóvenes entre 15 y 24 años, de los cuales 24,4 millones forman parte de la fuerza laboral activa.

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Lecciones de la crisis

A nivel europeo, las reacciones políticas ante el impacto de la crisis financiera puede considerarse como un doble proceso de transferencia. El primero se refiere a la transferencia a la UE de los enfoques y las políticas de los Estados miembros “virtuosos” del norte y, en particular, de Alemania, frente a las vicisitudes de la UEM. El segundo, en cambio, refleja la transferencia “hacia abajo” de estos enfoques y políticas a los Estados miembros del sur (además de Irlanda) cuya fragilidad financiera, ya sea en términos de deuda pública o privada - o de ambas a la vez - ha puesto en peligro el euro. Hasta ahora, a pesar de las reticencias iniciales, Alemania se ha mostrado dispuesta a hacer los esfuerzos necesarios para garantizar la supervivencia del euro imponiendo siempre sus propias condiciones, formuladas en clave interna y no europea. Con ello, los países rescatados están pagando el doble coste de su mala gestión económica durante los años de crecimiento y, al mismo tiempo, del diseño imperfecto de la UEM, carente, desde el principio, de una verdadera política económica anticíclica y de un banco central con una capacidad de intervención ilimitada.

Las medidas de austeridad impuestas por la UE y criticadas con dureza por numerosos analistas económicos – incluido, últimamente el FMI - se han traducido en una reducción drástica del Estado de Bienestar, con las consiguientes repercusiones sociales. Más allá de su eficacia, estas medidas adolecen de una falta de legitimidad, ya que no surgen de un proceso democrático a nivel europeo, sino de una negociación intergubernamental en la que han prevalecido las tesis de los Estados miembros del norte, temerosos de verse arrastrados por los efectos de la crisis. Frente a la debilidad patente de los Estados miembros del sur y sin el contrapeso de Francia, la coalición gobernante en Alemania, muy pendiente de las reacciones de su opinión pública, ha acabado imponiendo a los demás socios del euro la lógica de las reformas estructurales adoptadas al inicio de la década pasada con el objetivo de afrontar los efectos de su propia reunificación.  

En lo que respecta a España las raíces de la crisis residen, en buena medida, en las políticas neoliberales promovidas desde finales de los años noventa por el Gobierno de Aznar, empezando por la liberalización del suelo. En cuanto a la actuación de Zapatero y Rajoy, observamos diferencias de matices derivadas de la orientación ideológica y de la fortaleza de sus respectivos gobiernos. Falto de una mayoría absoluta, el primero perdió un tiempo precioso esperando que la crisis remitiera. Al final, sin embargo, no tuvo más remedio que plegarse a las exigencias de Bruselas. Para salir del atolladero, convocó elecciones generales y las perdió de forma clamorosa. Por su parte, Rajoy, provisto de una mayoría absoluta, aunque sin experiencia y con una capacidad de maniobra muy limitada en Europa, ha ido aplicando, prácticamente al pie de la letra, casi siempre por decreto-ley, todas los planes de rigor impuestos por el Consejo Europeo, el Eurogrupo o la Comisión. Sin embargo, en última instancia, ha prevalecido la opción política de salvar a la banca endeudada a costa de otras prioridades. Las reiteradas protestas sociales y la consiguiente pérdida de legitimidad de hecho no han tenido un impacto significativo en la actuación del Gobierno. El resultado ha sido, en el plano económico, una devaluación interna a costa de los salarios y las prestaciones sociales y, en el político, una merma sensible de la calidad democrática (decretos-ley).

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