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Una ley para proteger a las personas, sin demagogia y sin engaños

Decir que se persigue la criminalización de la pobreza o que no se ofrecen soluciones a quien está en la okupación es del todo inconsistente y alejado de la realidad

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Con la Proposición de Ley que debatimos mañana en el Congreso, tenemos un claro objetivo y que nadie se lleve a engaño: Proteger al pequeño propietario y evitar que pueda ver okupada su vivienda habitual porque ha decidido, por ejemplo, irse unos días al pueblo a visitar a sus familiares (esto es un caso real), a la vez que proteger a quien tiene adjudicada una vivienda social pero no puede instalarse en ella porqué alguien ya la ha okupado de forma ilegal.

El Partit Demòcrata siempre está al lado de realizar políticas efectivas que permitan garantizar una vivienda digna a las personas con riesgo de exclusión habitacional –lo demostramos a diario en nuestra acción de gobierno en la Generalitat– y para ello, tenemos muy claro que no podemos dar la espalda a los indeseados efectos colaterales que la picaresca ha promocionado en torno a la necesidad habitacional. Sin duda, ello deteriora la convivencia, cuestiona el legítimo derecho a la propiedad de las personas y además, y no menos grave, condena a la ineficacia las políticas públicas en materia de vivienda porque familias con derecho a una vivienda social no pueden acceder a ella porque se encuentra okupada en aplicación de la “Ley del más fuerte”.

Es por ello que junto a más y mejores políticas de vivienda, mejor regulación en materia de alquiler para que se pueda abordar un índice de referencia en los precios que aleje al parque de la especulación o más cesión de vivienda en manos de entidades financieras en favor de las administraciones públicas, junta a todo ello digo,  hay que rellenar las lagunas legales existentes que impiden garantizar dos derechos constitucionales que hoy están en colisión: el derecho a disfrutar de la propiedad y el derecho a tener una vivienda digna.

La Proposición de Ley que defendemos mañana en el Congreso propone un mecanismo de desokupaciones por la vía civil en supuestos no de impagos de rentas de alquiler, no de impagos de cuotas hipotecarias, no de desalojos de precarios consecuencia de un acuerdo entre la propiedad y el ocupante sin contraprestación alguna. Tampoco de amparo a los grandes tenedores de viviendas como podrían ser las entidades financieras. ¡En absoluto! Lo que se pretende es posibilitar que quien tiene una vivienda en la que pasar los fines de semana junto a su familia, no se la encuentre okupada de la noche a la mañana, sin posibilidad de poder hacer nada de manera efectiva, más que recurrir a la vía penal, y mientras tanto, ver cómo con total impunidad, la disfruta otro con todo lo privado e íntimo que se encuentra en su interior.

No podemos permitirnos cerrar los ojos y confundir la necesidad de más y mejores políticas en materia de vivienda con dar la espalda a la cada vez más abundante proliferación de organizaciones que revientan literalmente pisos, para ponerlos en alquiler sumergido, como denunciaba hace poco el ayuntamiento de Mollet del Vallés y que por lo tanto se lucran delictualmente a costa de la necesidad habitacional, aprovechando el vacío legal en el ordenamiento jurídico civil o que exigen el pago de elevadas sumas de dinero a los propietarios, a cambio de desalojar la vivienda. No podemos permitirnos más casos como de La Llagosta, donde familias trabajadoras, que con dificultad han obtenido financiación para adquirir una vivienda en propiedad, no puedan ni entrar en sus viviendas y además no haya manera legal de poder desalojar a los okupas.

Queremos respuestas en la legislación que sean efectivas y es por ello que planteamos esta Proposición de Ley que además prevé una cautela garantista que es que tan pronto se inicie el procedimiento será puesto en conocimiento de la administración competente, para que pueda evaluar si las personas okupantes, están en situación de exclusión residencial o no y en su caso poder darles la atención que precisen de acuerdo con los mecanismos establecidos. 

Decir que se persigue la criminalización de la pobreza o que no se ofrecen soluciones a quien está en la okupación es del todo inconsistente y alejado de la realidad de lo que prevé la Proposición de Ley. 

Tenemos la opción de mejorar esta proposición en el trámite parlamentario, respetando los objetivos perseguidos que entiendo son compartidos por la mayoría. No lo desaprovechemos.

El Partit Demòcrata lo tiene muy claro. ¿Lo compartes? Seguro que sí.

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