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Cataluña llevará al Constitucional la ley Wert por invasión de competencias

El recurso, aprobado con los votos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP, solo contempla los 11 apartados que el Consejo de Garantías señaló como inconstitucionales

ERC y PSC habían presentado una propuesta que cuestionaba otros 16 puntos relativos a la segregación por sexo o la asignatura de religión

CiU ha terminado votando junto a PP y Ciutadans para no recurrir los artículos polémicos en materia social y educativa

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La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), conocida como Ley Wert, ha tropezado con el enésimo obstáculo. El pleno del Parlament catalán ha aprobado este miércoles recurrir 11 de sus artículos ante el Tribunal Constitucional, a iniciativa de PSC y ERC, a los que se añadieron los votos de CiU, ICV-EUiA y CUP. Cataluña se suma así a los gobiernos andaluz, vasco, canario y asturiano, que han anunciado su intención de llevar la norma del ministro Wert al Constitucional.

Las comunidades tienen hasta el el 10 de marzo para para presentar los recursos contra una de las leyes más contestadas de la legislatura, tanto desde las instituciones como desde el mundo educativo y en la calle. Pero pese a lo polémico de la norma del ministro de Educación, la propuesta aprobada por el Parlament solo se centra en los 11 puntos que podrían interferir en sus competencias autonómicas e inmersión lingüística. ERC y PSC habían presentado una moción más amplia, cuestionando hasta 28 puntos relativos a cuestiones socioeducativas, como la segregación por sexo, el tratamiento de la materia de religión o el modelo económico que impone la Ley, además de los otros 11 recogidos en la propuesta que se ha acabado aprobando.

CiU votó en contra de la segunda propuesta, junto a PP y C's, por lo que finalmente el Parlament solo llevará a exámen constitucional los puntos que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó como contrarios a la Constitución y el Estatut. En concreto, el órgano consultivo de la Generalitat consideró contrario a la Constitución que el Estado pueda determinar la proporción de usos de lenguas en la escuela catalana y dictaminó que la Ley laminaba la autonomía financiera de Cataluña.

La diputada de Esquerra, Ana Simó, ha defendido la propuesta más amplia asegurando que la Ley Wert no solo vulnera competencias sino que además es "dirigista y adoctrinadora". "Esquerra estará en todas las trincheras contra la LOMCE y en el apoyo al modelo educativo catalán", ha asegurado Simó. Por su parte la diputada socialista Rocío Martínez ha recordado el consenso que ha reunido esta ley "porque todo el mundo, menos el PP, está en contra". Una ley que se debe combatir porque, según el PSC, es "recentralizadora, uniformizadora, retrógada e ideologizante" y "rompe el concepto de una escuela inclusiva". 

"La Ley Wert nace muerta", ha clamado Joan Mena, de ICV-EUiA, quien ha pedido al parlamento "rebelarse" ante la ley por ser "antisocial y elitista". También David Fernàndez, diputado de la CUP, ha defendido la propuesta amplia porque la ley genera un "modelo segregador y clasista" aunque, ha remarcado, si han apoyado el recurso al TC es para "visibilizar sus contradicciones", porque consideral al Constitucional "un tribunal político".

El diputado del PP, Juan Milián Mestre, que ha votado en contra de ambos recursos, ha asegurado que la LOMCE es necesaria para voltear unos resultados "fracasados" y un "modelo obsoleto", del que ha culpado a la herencia recibida. Por su parte Carlos Carrizosa, de Ciutadans, ha calificado la votación de "paripé" y ha acusado a los partidos que han apoyado el recurso de no hacer cumplir las sentencias del TC que obligan a que el castellano sea vehicular en las escuelas catalanas.

Además de la Ley Wert, la Ley de Unidad de Mercado también tendrá que probar su adecuación a la Carta Magna después de que el Parlament catalán haya aprobado someterla a un recurso de inconstitucionalidad, con los votos de ERC, CiU, Iniciativa. El Consell de Garantías falló que la Ley de Unidad de Mercado aprobada por el Congreso en noviembre invade competencias de la Generalitat en una quincena de artículos, por lo que vulnera el Estatut y la Constitución.
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