Desmantelamiento casi total de la cooperación al desarrollo en Castilla-La Mancha
Los recortes en los recursos que las administraciones públicas destinan para la cooperación al desarrollo han sido una de las consecuencias de las crisis que más han afectado a la labor llevada a cabo por las ONG en Castilla-La Mancha. Sobre esta cuestión han querido realizar un llamamiento las 39 organizaciones que forman parte de la Coordinadora de ONGD en la región, denunciando el casi total desmantelamiento de las políticas de cooperación que se han dado en la región en los últimos años.
Durante la celebración de su asamblea anual, la Coordinadora ha decidido potenciar los grupos locales de estas organizaciones y el refuerzo de su base social para conseguir que las políticas de cooperación al desarrollo sean “públicas, coherentes y transparentes” y que contribuyan a conseguir un mundo más justo y libre.
Además se ha aprobado la resolución ‘Desafíos ante la nueva Agenda Internacional para el Desarrollo Post 2015’, que parte de la denuncia del “casi desmantelamiento de la cooperación al desarrollo en Castilla-La Mancha”. De ello deja constancia el hecho de que salvo los ayuntamientos de Azuqueca de Henares, que destina un 0,71% del presupuesto total a cooperación al desarrollo, y Miguelturra, que aporta un 0,56%, el resto “está muy lejos” del 0,7%, señalando a grandes ayuntamientos como el de de Albacete (0,20%), Ciudad Real (0,06%), Cuenca (0%), Guadalajara (0,27%), Toledo (0,06%), Puertollano (0%) y Talavera de la Reina (0%).
Caso aparte es el de la Junta de Comunidades que, según la Coordinadora, ha rebajado en cuatro años el presupuesto de cooperación al desarrollo más del 95%, dejándolo en el 0.004%. “Motivo suficiente para exigir a los partidos políticos que se comprometan a llegar al 0,7% del presupuesto total consolidado al final de la legislatura que viene”, añade.
Propuestas urgentes
Aparte de esta demanda, en la resolución aprobada se incluyen una serie de propuestas como colocar en el centro de la agenda pública a las personas y la garantía del pleno ejercicio de sus derechos, incompatible con la reforma local impulsada por la Ley 27/2013, cuya derogación exigen las ONG.
Piden también que se practique la coherencia en las políticas para el desarrollo en la acción de gobierno, como son el establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública, la implantación y fomento de los productos de comercio justo empezando por los recintos públicos, y la implementación de los criterios de Compra Pública Ética.
Asumir compromisos efectivos en la defensa de los derechos humanos, impulsar una política pública de cooperación de calidad, e impulsar de manera significativa la Educación para el Desarrollo, reconociendo el papel de las ONG como colectivos determinantes para la sensibilización social y la incidencia política, son el resto de las demandas de la Coordinadora regional.
