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Detenidos ocho activistas cuando intentaban negociar la paralización de un desahucio

Ha ocurrido en Cabanillas del Campo. Los detenidos, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, fueron esposados y llevados al calabozo durante cuatro horas

Tres familias se enfrentan a juicio el próximo 19 de diciembre por ocupar viviendas vacías pese a la mediación del Ayuntamiento y de una oferta de los afectados de pagar alquiler social

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La Plataforma de afectados por la hipoteca en defensa del derecho a vivienda de Guadalajara (PAH) ha denunciado la detención de ocho personas -cinco hombres y tres mujeres-- por personarse de manera "pacífica" ante una sucursal bancaria en Cabanillas del Campo (Guadalajara) con el propósito de intentar que se aplace el proceso judicial o que se retire la denuncia contra Paola, madre trabajadora con dos hijos de dos y siete años respectivamente, que ocupó una vivienda vacía y cerrada desde hace más de diez años en esta localidad -al igual que hicieron otras 14 familias con pocos recursos- en una promoción vacía que pasó de ser propiedad de una constructora quebrada a serlo de una entidad bancaria. 

Los hechos ocurrían en la mañana de este martes 5 de diciembre. Unas 15 personas - incluida la propia afectada- entraron en torno a las 11 de la mañana a la sucursal bancaria para tratar de buscar una solución negociada para esta familia. "A las 13.30 horas llegó una de las personas responsables de La Caixa que confirmó que la demanda no se retiraría", señala Gustavo. Los activistas decidieron permanecer dentro de la entidad cuando la oficina cerró sus puertas al mediodía. Llegó entonces la Guardia Civil, fueron esposados y trasladados hasta las dependencias de la Benemérita en Guadalajara. 

Gustavo, miembro de la PAH de Guadalajara y uno de los ocho detenidos explica a eldiarioclm.es "que nunca pensamos que pasaría esto". No hubo resistencia, asegura, pero "nos llevaron al cuartelillo como delincuentes. Ni los guardias civiles entendían por qué se estaba haciendo esto. Nos tomaron las huellas y nos hicieron fotos como a un criminal más y nos metieron en un calabozo de tres metros por tres donde hacía un frío que te mueres".

Allí estuvieron cuatro horas, hasta las nueve de la noche y con una denuncia por usurpación de entidad pública, desobediencia a la autoridad y resistencia y podrían enfrentarse hasta a tres años de cárcel. "Creo que fue una orden desde arriba, el señor subdelegado del Gobierno, Sánchez-Seco, nos tiene mucha inquina. No es la primera denuncia porque hay otras por casos en Yebes y en Guadalajara. Es cierto que sabemos a lo que nos enfrentamos con la ley mordaza, pero marcarte como a un criminal...Estoy seguro que nos querían hacer pasar allí la noche o el puente".

En su opinión, fue la presión exterior de unas 80 personas que se concentraron ante las dependencias de la Guardia Civil de Guadalajara lo que lo evitó. "Estoy convencido que nos quieren dar escarmiento a la antigua usanza, pero no nos van a callar". 

Paola se enfrenta a juicio el próximo 19 de diciembre junto a otras dos familias, "y el juez ese mismo día puede ordenar el desalojo en 48 horas", explica Gustavo, pese a que la plataforma lleva desde antes del verano intentado negociar con la entidad bancaria para evitar que las familias sean desahuciadas. "Es gente normal que, ante la necesidad que hay de vivienda y en una situación de pobreza han entrado en las viviendas. Son familias a las que se denunció en bloque". Pero no ha habido avances.

La PAH lamenta que la entidad bancaria "está mareando la perdiz" a pesar de la mediación del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo y de que Paola ha ofrecido pagar a la entidad un alquiler social para poder permanecer en una vivienda en la que lleva ya más de tres años y que "ha recuperado y mantenido". Se trata, según el activista, "de viviendas que nadie quiere y que la única salida que tienen es subvenderlas a fondos buitre. Nosotros creemos que estas viviendas pueden tener un uso social. Y en vez de venderlas a estos fondos buitre se pueden dar a personas" y lamenta "la poca capacidad de respuesta de las administraciones ante estos casos".

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