La Federación de Municipios promueve la iluminación eficiente y la instalación de calderas de biomasa
La Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) promueve un proyecto que pretende que 400 entidades locales de la región, donde vive más del 65% de la población castellano-manchega, se beneficien de inversiones en eficiencia energética que, de cumplirse las expectativas previstas, supondrían un ahorro energético anual de 140 GW, la eliminación de emisiones de 100 toneladas de CO₂ a la atmósfera y un ahorro económico total, en los años de duración del proyecto, de 350 millones de euros.
El proyecto, denominado CLIME, cuenta con la financiación del BBVA y persigue el ahorro mediante la instalación de nuevas tecnologías en el alumbrado interior de los edificios municipales y el alumbrado de las vías urbanas, así como el cambio de sistemas de climatización por calderas de biomasa en instalaciones municipales. Los ahorros energéticos servirán para financiar las inversiones mediante la modalidad de prestación de servicios energéticos, es decir, que el ayuntamiento sigue pagando las facturas de energía a los precios que lo hacía hasta ahora durante los años precisos para que el promotor amortice la inversión (quedándose con la diferencia entre lo pagado y lo ahorrado) y a partir de ese momento el ahorro será íntegro para la entidad local.
El presidente de la FEMP, el alcalde de Campo de Criptana (Ciudad Real) Santiago Lucas-Torres, destaca las ventajas que dicho proyecto supone tanto en el plano económico como energético, además de la creación de empleo y los beneficios medioambientales derivados de la limpieza de montes y la eliminación de la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, derivado de la sustitución de las calderas de gasoil por otras de biomasa más respetuosas con el medio ambiente.
La FEMP ya está comenzando a recibir las adhesiones de los ayuntamientos, las cuales han de estar aprobadas por Pleno antes del 15 de noviembre, y añadió que se quiere cumplir estrictamente con los plazos previstos en las dos fases del proyecto, tanto en la primera, de realización de auditorías energéticas, como en la segunda de prestación de servicios energéticos cuya adjudicación debe estar realizada a finales del mismo año.
