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Hipotecados para el futuro

Foto oficial.

Con la adjudicación definitiva de las obras del nuevo hospital de Toledo y la privatización de todos los servicios no sanitarios del área sanitaria, la sanidad toledana queda hipotecada hasta el año 2046 sin conocerse además los detalles de lo que costaría revertir la situación de privatización. Todos los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones autonómicas tiene como uno de sus puntos concretos el revertir la privatización de todos estos servicios, algo que no se sabe cuánto costaría a las arcas públicas.

En este tipo de contratos se contempla una indemnización a la empresa adjudicataria del servicio en caso de “echarse para atrás” cualquiera de las dos partes (cambio de opinión del contratante o que la empresa incumpla lo firmado). Una indemnización que supone una pérdida de dinero autonómico que el Gobierno de María Dolores de Cospedal ya ha pagado en algunas ocasiones (en la paralización del remonte de Safont, también en Toledo, o ya en el mismo hospital con la paralización de la obra, en una indemnización que además incluye unas cláusulas de confidencialidad, por lo que nunca se sabrá cuánto ha pagado la Junta a Acciona, la empresa encargada, por simplemente paralizar la obra).

En otras ocasiones sí se ha sabido que la indemnización ha sido de entre el 3 y el 5% del presupuesto restante para acabar la obra, llegando en algunos casos al 10%. En el caso del hospital de Toledo en la construcción hablaríamos de una indemnización de entre 4 y 5 millones de euros pagados directamente a Acciona por marcharse y dejar la obra.

La firma definitiva del contrato que hipoteque 2.000 millones de euros hasta el año 2046 de todos los castellano-manchegos coincide con el estado más crítico de la sanidad regional: el colapso no solo en Toledo sino en toda la región de los centros médicos (y en muchos hospitales de España) demuestra que el hospital de Toledo (algo que defienden todos los colectivos) es más que necesario, una urgencia. La falta de espacio físico hace que los pacientes de la ciudad no tengan ni un espacio para poder ser hospitalizados.

Si por su lado la Junta ha dilapidado ese dinero de indemnización, 3 años de tiempo (cuando el hospital debía estar abierto en 2013) y entre 500 y 600 millones de euros por la privatización de los servicios (dinero que ingresará también esa empresa), la empresa (especialmente Acciona, que cobró la indemnización del proyecto anterior y ahora también la construcción del nuevo) se ha garantizado un negocio “redondo” con la presentación de una oferta que no mejora casi en nada el máximo de lo presupuestado y fue valorada técnicamente con lo mínimo. Así, los técnicos que valoraron la oferta, otorgaron a la misma 270 puntos cuando el máximo eran 400 puntos y el mínimo para poder aceptarse 240; es decir, que ofrecieron prácticamente lo mínimo para que se aceptara su oferta.

El Ministerio de Hacienda señala que hay que mirar con escepticismo y con especial atención los concursos públicos en los que hay falta de competencia: en este tipo de concursos públicos suele haber una media de 4 ofertas, mientras que aquí no ha habido competencia. A ello se suma los precedentes de las empresas contratadas (con OHL cuyo presidente está imputado por la justicia en la construcción de otro hospital y con Florentino Pérez entrando en la operación con 13.000 euros). Y un director actual del SESCAM que ha sido llamado a declarar por la justicia por presuntas irregularidades en la construcción de otro hospital en Mallorca (el mismo por el que el presidente de OHL está imputado).

Algo que por otra parte no entienden todos los colectivos es por qué incluir la privatización de toda el área sanitaria de Toledo (todos los hospitales y los centros de Illescas, Ocaña y Torrijos) en el proceso de construcción del nuevo hospital; es decir, por que no negociar la construcción del nuevo centro y dejar los otros centros. La construcción del hospital son algo menos de 200 millones de euros y su necesidad está más que demostrada, por lo que no hay por qué incluir una privatización de servicios que costará casi 7 millones de euros al año. Tampoco se entiende por qué se hace esto hasta el año 2046, un proceso que no tiene sentido a tantos años salvo asegurar más ingresos a las empresas contratadas.

Además Cospedal llegó al poder con el hospital en obras y ahora llegan las elecciones con el hospital previsiblemente de nuevo en obras, con el esqueleto desnudo al aire de un centro que debía llevar tres años ya construido. Una oportunidad que diversos colectivos destacan que será “de oro” para que en la campaña electoral el Partido Popular pueda “presumir” de un hospital que ha paralizado, encarecido y endeudado a la región.

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