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Corrupción, justicia y 15M

Algunos de los casos de corrupción más sonados de este país espolearon el 15M, de cuyo espíritu brotaron valiosas sugerencias de ruptura con el orden institucional corrompido

El artículo es el tercero de la serie de post que dedicamos en Contrapoder a reflexionar y conmemorar el 15M

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En Mayo de 2011, en plena eclosión del movimiento popular 15 M, uno de los lemas más repetidos fue “no nos representan”, reivindicando, así, una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectaban a la vida de la mayoría de la gente: vivienda, trabajo, servicios públicos, Justicia…También traslucía un enorme descontento hacia la clase política y las instituciones, en general.

Por esas fechas, además, habían surgido varios procedimientos judiciales que ponían en tela de juicio la honestidad en la administración del dinero público por parte de los políticos, en general, y en particular relacionados con los casos de corrupción que poco a poco iban aflorando en diversos órganos judiciales de nuestro país.

Uno de los más destacados, por afectar a la Casa Real, lo constituyó el denominado “caso Nóos”, donde se investigaba al yerno del entonces Rey.

El escándalo que supuso este asunto, que en estos días se está enjuiciando, lo constituyó no sólo el hecho de que la Infanta Cristina se viera involucrada en este turbio asunto, sino la constatación de que contó con el conocimiento de su padre, el Rey Juan Carlos. Asimismo, pudimos asistir estupefactos a la actuación del fiscal Horrach, gran espada en materia de anticorrupción, quien realizó denodados esfuerzos por exculpar a la infanta Cristina, quien actuó de forma similar a como lo hizo la esposa del otro coimputado, Diego Torres -socio de Iñaki Urdangarín-, y sin embargo, ésta sí se hallaba imputada.

La defensa que realizó el Fiscal del caso tuvo gran interés público, por cuanto se entrevió el gran esfuerzo por desvincular a la Casa Real, al suegro, a la mujer, al secretario de la Casa Real… Pese a todo, ni las palabras del entonces Rey en el discurso de la Navidad de 2011 -“la justicia es igual para todos”- sirvieron para aplacar la indignación de la ciudadanía, que entendía aquello como una gran burla y desprecio de quienes nos gobernaban -o reinaban- frente al ciudadano de a pie.

Por entonces también habíamos oído hablar del llamado “caso Gürtel”, en el que se investigaba una trama de corrupción basada “en la apropiación ilícita de fondos públicos, contando con la esencial colaboración de cargos públicos”, según el escrito de acusación del fiscal.

En esta trama compuesta por 41 personas, acusadas según el escrito del fiscal, pudimos conocer que relevantes personalidades públicas (desde el yerno de José María Aznar, pasando por los tesoreros del Partido Popular hasta llegar a la propia ministra de sanidad del Gobierno de Mariano Rajoy) habían tenido acceso a participar de prebendas y beneficios que la trama investigada les entregaba a cambio de la obtención de contratos públicos (obtención directa para sí mismos o para terceros, a cambio de cuantiosas comisiones dinerarias).

Por tanto, ya en 2011 estas dos causas judiciales representaban, sin lugar a dudas, el expolio de lo común a manos de altos cargos, quienes debían administrar los ingresos públicos y que, sin embargo, se enriquecieron a manos llenas, pese a las llamadas a la austeridad para paliar la crisis financiera e inmobiliaria que empezó a castigar a nuestro país desde tres años antes.

Este gran grito, “No nos representan”, tenía mucho que ver con estos dos principales procedimientos en los que pareció ponerse de manifiesto que las instituciones de nuestro país se encontraban penetradas por la corrupción.

Este lema que reclamaba mayor presencia ciudadana en las instituciones públicas, contenía un clamor de indignación hacia el funcionamiento del sistema mismo. Planteaba interrogantes fundamentales sobre los mecanismos de fiscalización, fueran administrativos (Agencia Tributaria, Tribunal de Cuentas) o de carácter judicial (fiscalía y jueces). Y tras un hondo proceso reflexivo, se llegó a la conclusión de que para implementar mecanismos de control había que renovar, en unas ocasiones, y crear de nuevo, en otras, órganos y estructuras en las que participase la ciudadanía.

Así, en primer lugar, había que modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Tiene su lógica, pues si se trata de un órgano jerarquizado y a su cabeza se encuentra el Fiscal General del Estado, designado por el gobierno de turno, no serán pocas las causas judiciales en las que su papel queda relegado a su mínima expresión. A los hechos me remito (caso Urdangarín es el más sonado).

Quedó igualmente constatado que el Tribunal de Cuentas no era operativo sino que actuaba con una lentitud media de siete años, por lo que la fiscalización de la contabilidad relacionada con la financiación de los partidos políticos quedaba en papel mojado. Si a ello sumamos la normativa que regula su composición, evidentemente, nos hallamos ante un órgano inoperante.

En segundo lugar, el sistema judicial que tenemos debe revisarse por completo, sobre todo su mecanismo de acceso a la carrera judicial, donde los criterios memorísticos pesan más que otros méritos. El sistema judicial no atravesó un verdadero proceso democratizador y renovador tras el fin del franquismo, de hecho, los ataques a la independencia judicial son un auténtico problema que suscita no pocas preocupaciones.  No hay, sin embargo, ninguna voluntad política de renovar la estructura judicial y sí asistimos desde hace algunos años a un proceso de recortes de medios materiales y personales que ha logrado, con mucho, devaluar la percepción que el ciudadano medio tiene de la Justicia.

En tercer lugar, a medida que hemos asistido a la aparición de más escandalosos casos de corrupción, de larguísima duración en su tramitación y en los que no se ha llegado a determinar la responsabilidad de quienes verdaderamente mueven los hilos, sino de quienes constituyen los peones a sacrificar en esta larga partida, la rapidez y la implacabilidad de la justicia y el Ministerio Fiscal frente a los actos de protesta y libertad de expresión no se han hecho esperar.

El órgano judicial que, por antonomasia, se ha especializado en la criminalización de la protesta social y de la libertad de expresión es la Audiencia Nacional, heredera del anterior Tribunal de Orden Público, creada el mismo día en que éste desaparece. Así, hemos visto desfilar a detenidos por las operaciones de rastreo de tuits en las redes sociales, a fin de suprimir cualquier opinión que disienta de la oficial establecida y que cuestione el propio sistema o las instituciones: en los últimos años se ha aplicado desmesuradamente el confuso y abstracto delito de enaltecimiento terrorista en usuarios de redes sociales.

El disparate de esta actuación de la Audiencia Nacional (antes especializada en delitos de terrorismo y ahora en redes sociales) llegó a su culmen con la detención y posterior ingreso en prisión de dos titiriteros que representaban por Carnaval una obra satírica criticando el poder establecido, que ellos entendían encarnado por las fuerzas represoras (la policía) y los jueces.

Por otra parte, la Audiencia Nacional representa el indeseado concepto de “politización de la Justicia”: dos magistrados han sido recusados por su adscripción política a un partido político -el PP- que será juzgado por participar lucrativamente del cohecho de quienes ostentaban cargos públicos y permitieron, así, la financiación ilegal de dicho partido. Este tribunal, la Audiencia Nacional, está siendo fuertemente cuestionado como nunca antes lo fue, lo que conllevará, desde ese clamor de indignación popular cristalizada en el 15M -“No nos representan”- que algún día no muy lejano se prevea su supresión desde un Parlamento que sí nos represente y que entienda que la máxima constitucional de “La igualdad de todos ante la ley” no es una utopía sino un derecho que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar.

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