La constructora pública de Asturias arremete contra miembros del 15M por la vía penal

Un juez de Oviedo ha imputado a cinco personas acusadas de usurpar un céntrico edificio abandonado, antigua sede de la consejería de Sanidad del Principado y en la actualidad convertida en un centro cultural alternativo, por el que han pasado, entre otros, la escritora Angeles Caso, el actor Willy Toledo o el cantautor Nacho Vega. La denuncia parte de la empresa pública de construcción del Gobierno del Principado de Asturias, Sedes, propietaria del inmueble.

Es una historia de ciudad como otras tantas, salvo que los cinco imputados –un médico, un historiador, un informático, un funcionario y un actor- son activistas del movimiento 15M, que se enfrentan a una demanda por la vía de lo penal, por el hecho de transformar un solar vacío y en desuso en un lugar cultural y social, donde se han llevado a cabo más de mil actividades, desde conferencias y conciertos, hasta la creación de bancos de alimentos y de ropa gratuita para bebe, recogida de material escolar y, con motivo de las fiestas navideñas, teatro infantil y la pertinente recogida de juguetes.

En noviembre, la Madreña, nombre simbólico de los indignados asturianos, cumple dos años desde que un grupo de personas decidieron usar el céntrico edificio como sede para actividades culturales, conscientes de que en Oviedo, la ciudad de la zarzuela y la opera, no cuenta con un espacio para los movimientos alternativos.

Sin dudarlo, se metieron en aquella ‘selva’ con moto sierras y corta césped, comprobaron el pillaje al que estuvo sometido el edificio –grifería, cobre, ordenadores-, limpiaron y ordenaron aquel desastre de varios años de abandono y sin vigilancia por parte de la empresa propietaria. En el corazón de Oviedo nacía un centro social auto gestionad, al que comenzaron acudir universitarios, padres de familia y jóvenes que han hecho posible su supervivencia.

Ahora, la empresa constructora Sedes quiere el solar para construir viviendas de lujo y, ante la magnitud que ha adquirido la Madreña, ha decidido recurrir a la vía penal para arrancar de raíz este experimento de autogestión, que sobrevive sin subvenciones y sin ayuda de dinero público.

Pero detrás de la empresa pública y de este abandono, hay otra historia, relacionada con la especulación del suelo y la nefasta gestión de la llamada, popularmente, ‘operación palacios’ en la que, según David Acera uno de los imputados en la demanda, hay nombres de políticos locales y autonómicos, que en la actualidad ya no ocupan cargos de responsabilidad en la administración autonómica, y de dos conocidos empresarios de la región.

Con la ‘operación palacios’, impulsada en la etapa del alcalde del PP, Gabino de Lorenzo, ahora nombrado por Mariano Rajoy delegado de Gobierno en Asturias, y del socialista Vicente Álvarez Areces, ex presidente del Gobierno y actual senador, se encargó la construcción de un palacio de Congresos al arquitecto Santiago Calatrava, que tras una sentencia judicial ha tenido que pagar más de tres millones de euros por los fallos en el edificio. La empresa que lo gestionó hasta este año, Jovellanos XXI, ha entrado en quiebra y desde el Ayuntamiento de Oviedo se ha planteado su rescate.

El palacio alberga consejerías del Gobierno del Principado de Asturias, entre ellas la de Sanidad, un hotel y un centro comercial, que gota a gota es abandonado por las grandes cifras comerciales, como el Corte Inglés. Pero además del conocido Calatrava, también ha estado sobre el plano urbanístico de la ciudad la construcción del Palacio de Justicia en unos antiguos solares públicos, que terminó por convertirse en una parcela para la construcción de viviendas de lujo.

Los cinco demandados, a través de un comunicado, consideran que Sedes, a la que el Principado vendió la parcela para sacar dinero y adquirir las oficinas del Palacio de Calatrava, debería emplear sus servicios jurídicos “en exigir responsabilidades a los causantes de su actual ruina, que no son otros que los diferentes responsables institucionales locales y autonómicos, y no para vaciar un edificio que no va a utilizar, ni siquiera para construir pisos”.

Además de exigir la retirada de la demanda y el mantenimiento del centro socio cultural de La Madreña, piden que se abra una investigación de oficio por parte de las autoridades judiciales sobre la ‘operación palacios’ para depurar responsabilidades civiles y penales “a los responsables de una gestión que ha resultado tan cara –calculan que más de cien millones de euros- a la ciudadanía de Asturias”.

Los cinco imputados recibieron muestras de apoyo por parte de los vecinos y de los distintos colectivos alternativos. Entre los asistentes se escucharon voces que piden a los jueces que entren en razón, porque “los tribunales tienen que estar para perseguir a los corruptos y no a los que defienden a los más desfavorecidos”.

El Gobierno tiene hasta diciembre de 2014 para vender su participación en la constructora pública Sedes, según la disposición introducida por UPyD a la primera ley para la reordenación del sector público y que fue apoyada por el grupo socialista en la Junta General del Principado. Por su parte, la empresa se está desmantelando. Este año ha despedido, a través de un Ere, a cien de sus ciento veintitrés trabajadores.

Sedes se constituyó en el año 1947 como resultado de la unión de siete cajas de Ahorros, entre ellas la Caja de Asturias hoy Liberbank, y surgió con marcadas raíces sociales y generosidad hacia el conjunto de la región, encaminada como un proyecto de todos y para todos