El juzgado rechaza modificar la sentencia sobre la demanda de Calatrava a EUPV

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia ha rechazado completar la sentencia sobre la demanda del arquitecto Santiago Calatrava por la web de EUPV al considerar que todas las aclaraciones solicitadas han sido “debidamente tratadas y valoradas” en la sentencia del 15 de mayo.

El auto, facilitado por EUPV, afirma que quedó aclarado el caso de la posibilidad de utilización del apellido del arquitecto por persona distinta en los dominios de internet “.com”, así como las razones por las que el contenido de la web pertenecía al campo del derecho de libertad de expresión e información, “aun cuando crítica en general con la actuación y obra” de Calatrava.

La resolución, con fecha 17 de junio, recuerda que ya se concretó la intromisión ilegítima al derecho al honor en el título del dominio (www.calatravatelaclava.com) “y no de su contenido”, y que EUPV cesó, en la fase de ejecución de sentencia, en el uso de la declaración injuriosa y la sustituyó por otra (www.calatravanonoscalla.com).

Según añade, la expresión injuriosa no lo era por el uso del apellido del arquitecto “por sí solo” sino por la composición utilizada junto al mismo, en bloque.

Por ello, acuerda no completar la sentencia como había pedido la representación de Calatrava y la mantiene en su integridad.

En un comunicado, EUPV ha destacado que la sentencia condenó a esta formación al pago de una indemnización de 30.000 euros “pero desestimó la pretensión del arquitecto de censurar los contenidos de la página web, que siguen al alcance de todos los internautas”.

El portavoz adjunto de Esquerra Unida en Les Corts, Ignacio Blanco, ha celebrado que Calatrava no haya conseguido “su objetivo de silenciar” las denuncias sobre sus contratos públicos y “sobrecostes millonarios”.

Esquerra Unida ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia que, ha dicho, “ni le gusta a Calatrava ni nos gusta a nosotros”.

La formación política entiende que en el título no hay ninguna intromisión en su derecho al honor sino un ejercicio legítimo del derecho a la información y a la libertad de expresión porque, según Blanco, “a fin de cuentas, con sus pifias y sobrecostes nos ha estado clavando a todos los valencianos durante 20 años”.