México investiga la actuación de sus funcionarios en el caso de Ayotzinapa
Nuevo capítulo del 'caso Ayotzinapa'. La Procuraduría General de la República ha abierto una investigación interna, a través de la Visitaduría General, para comprobar si la actuación de los servidores públicos de esa institución el 28 de octubre de 2014 en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, fue correcta. El grupo de expertos independientes (GIEI) que ha investigado la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos denunció en un informe la labor del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la fiscalía mexicana, Tomás Zerón, en ese lugar.
El GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sacó este domingo, de nuevo, varias faltas a la investigación oficial del caso de los normalistas de Ayotzinapa en su segundo y último informe sobre el caso. Los expertos sostienen que las autoridades intentaron “meter debajo de la alfombra” las desapariciones. El GIEI indicó un “rechazo latente” de la Procuraduría a versiones distintas a la oficial y la tortura a cuando menos 17 testigos detenidos.
Una de las críticas concretas del estudio del GIEI fue la falta de notificación de la visita de Tomás Zerón a la zona de Río San Juan el 28 de octubre en los informes oficiales. Los expertos mostraron un vídeo en el que Zerón estaba presente en la zona en la que un día después, según el expediente oficial, fue hallada una bolsa con los restos óseos a partir de los cuales se pudo identificar plenamente a uno de los 43 jóvenes.
Una de las imágenes divulgadas por el grupo nombrado por la CIDH muestra la bolsa de los restos óseos con una etiqueta marcada con fecha del 28 de octubre, cuando el expediente señala que el hallazgo en realidad se produjo el día 29.
Tomás Zerón aseguró en una comparecencia ante la prensa sin preguntas que la diligencia que encabezó el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan con uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa fue “legal” y presentó un vídeo de más de 10 minutos sobre lo realizado ese día. “Mi presencia en esa fecha fue legal y a la luz del día”, afirmó y destacó que ese día fue acompañado por varios periodistas.
Zerón no informó sobre por qué esta visita no figura en los expedientes de la investigación oficial. Los expertos del GIEI han respondido a las explicaciones de Zerón pidiendo su retirada de las pesquisas y denunciaron que “su comportamiento está en contradicción con los estándares mínimos internacionales”.
El GIEI apuntó también que el detenido presente en esa inspección de Río San Juan no iba a compañado por su abogado y esta persona ha denunciado torturas de las autoridades mexicanas. Los padres de los 43 estudiantes, que han respaldado el trabajo del GIEI, exigen la destitución de Zerón y condenan la labor del gobierno méxicano en la búsqueda de sus hijos.
La oficina de la ONU en México ha negado, además, que estuviera presente en la inspección del Río San Juan, como afirmó Tomás Zerón en sus explicaciones. Los médicos forenses del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también han investigado este caso, también han negado formar parte de esta expedición.
El EAAF denunció, de hecho, que ese día descendieron al basurero de Cocula al río San Juan, y fueron detenidos sin ninguna explicación por personal de la Procuraduría general de la República, “utilizando un lenguaje extremadamente impropio para un Ministerio Público”, informa La Jornada.
El basurero de Cocula ha sido uno de los puntos que más han distanciado a los expertos del GIEI de las autoridades mexicanas. La versión oficial indica que los estudiantes fueron asesinados por miembros del cártel Guerreros Unidos, que incineraron sus restos en un vertedero de basura en el municipio vecino de Cocula. Esa narrativa ha sido negada por el GIEI, que considera que no hay evidencias para sustentarla. El Ejecutivo se negó a renovar el mandato del grupo internacional, que concluye este 30 de abril.
