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SERIE | 'La ayuda desviada'

La UE usa fondos de la lucha contra la pobreza para frenar la llegada de migrantes

Ludovica Jona

Roma (Italia) —

Nutriéndose de fondos europeos de cooperación al desarrollo, la Unión Europea está financiando en determinados países africanos equipos militares, formación de policías, centros para migrantes repatriados y sistemas para la recogida de datos que garantizarán en Europa el reconocimiento del país de origen, lo que facilitará las expulsiones. Los objetivos: controlar las migraciones desde África, así como fortalecer los Gobiernos del país de origen y de tránsito de las rutas migratorias para frenar a quienes aspiran a cruzar el Mediterráneo.

A poco más de un año de su creación, el Fondo Fiduciario de Emergencia para África –European Emergency Trust Fund for Africa– ha asignado alrededor de 600 millones de euros a esta finalidad. El fondo ha sido criticado por financiar proyectos en Estados con regímenes acusados de crímenes contra la humanidad, como Sudán y Eritrea, así como por utilizar, principalmente, dinero del presupuesto destinado a la lucha contra la pobreza.

Desvío de los fondos

En octubre de 2015, tuvo lugar la cumbre euro-africana de Valeta, en el marco de la aplicación de la Agenda Europea sobre Migración. En aquella ocasión, los líderes de los Estados europeos dieron vida al Fondo Fiduciario de Emergencia para África, también llamado “Trust Fund”, un instrumento fuera del control del Parlamento Europeo que tiene como objetivo financiar con rapidez iniciativas para “afrontar las causas profundas de las migraciones irregulares”.

Hoy, el Trust Fund cuenta con 2.820 millones de euros, el 95% de los cuales provienen de instrumentos de la UE dedicados a la cooperación y a la ayuda humanitaria, especialmente del Fondo Europeo de Desarrollo. Mientras, solo 152 millones proceden de las aportaciones de los Estados de la Unión.

El informe del Trust Fund de 2016 enumera 106 proyectos aprobados hasta el momento por un total de casi 1.600 millones de euros. Los gestionan, principalmente, las agencias públicas de cooperación al desarrollo de los países europeos y organizaciones internacionales como la OIM, aunque también, en algunos casos, empresas privadas como la francesa Civipol, especializada en formación de policías.

En Mali, la riqueza está tan vinculada a las remesas de los migrantes –800 millones de dólares solo a través de canales oficiales en 2016– que cuenta con un ministerio para los malienses en el extranjero. El fondo fiduciario ha aprobado un proyecto de 25 millones de euros para consolidar el registro civil en el país africano. Con él, se pretende crear un archivo informático de datos biométricos, como huellas digitales y otras características fisiológicas, para identificar a los inmigrantes malienses en situación irregular en el extranjero y, con ello, favorecer las repatriaciones.

El mismo proyecto se desarrollará en Senegal, con un coste de 28 millones de euros. En ambos países los fondos serán gestionados por la cooperación belga y por la empresa francesa Civipol, que se ocupará de los equipos informáticos del archivo.

Las críticas del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha denunciado que el Trust Fund “viola las Reglas Financieras y compromete los éxitos de las estrategias a largo plazo” de cooperación al desarrollo de la UE a través de varias resoluciones. “Existe el riesgo de que se concentren las ayudas en los países geográficamente interesados en las rutas hacia Europa y nos olvidemos de los países más pobres”, afirma Elly Schelein, diputada italiana del Parlamento Europeo.

“El objetivo de la cooperación al desarrollo es solo uno: la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades”, añade Schelein, quien lidera un grupo de trabajo sobre migrantes y refugiados en la Comisión de Desarrollo del Europarlamento. “Me gustaría entender cómo los proyectos de formación y gestión de fronteras pueden reducir la pobreza y la desigualdad, porque me parece que hacen lo contrario. Existe el riesgo de que los aumenten aún más”.

Las afirmaciones de Schlein son compartidas por el Parlamento Europeo, que ha criticado a la Comisión en varias resoluciones por haber “desviado créditos de los objetivos y principios establecidos (...) para canalizarlos a través del Fondo Fiduciario de la UE para África”, lo que, a su juicio, representa “una violación de las reglas financieras y compromete el éxito de las estrategias a largo plazo de la Unión”. Aunque el fondo gestiona varios miles de millones de euros de dinero público, no está sujeto al control del órgano de la UE elegido democráticamente.

Comisión: “La UE relaciona seguridad y desarrollo”

Desde la Comisión Europea, el portavoz del comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, defiende que la “Unión Europea reconoce una relación entre la seguridad y el desarrollo”, lo que se materializa en diferentes iniciativas, apunta, como la formación de las fuerzas del orden y su equipamiento “con la exclusión del armamento letal”.

En cuanto al cambio de dirección de los fondos, objeta: “La operación Trust Fund se encuentra en la línea con nuestros procedimientos” y reivindica la transparencia del fondo, citando el informe que publica anualmente la Comisión Europea.

El Trust Fund y las nuevas rutas

La Agencia Francesa de Cooperación (AFC) gestiona con Civipol en Níger el proyecto “Apoyo a la justicia, a la seguridad y a la gestión de las fronteras” por un importe de 30 millones de euros. el director de la AFC, Philippe Renault, subraya que la agencia “se ocupa del reforzamiento de la agencia nacional para la lucha contra las migraciones irregulares mientras que Civipol apoya a la policía y a las fuerzas del orden”. Según defiende, “a diferencia de Civipol, nosotros ponemos los fondos a disposición del Gobierno nigerino a través del ministerio correspondiente”.

Este proyecto destina 20 millones de euros al Gobierno nigerino como “apoyo a su presupuesto”, seis a AFC y cuatro a Civipol. Su objetivo es la aplicación de la ley 26/2015 contra el tráfico de personas. Esta normativa, promulgada por el Gobierno de Níger tras presiones europeas, ha influido en los últimos meses, por un lado, en la reducción de las salidas hacia Libia desde la región nigerina de Agadez –también llamada la “puerta del desierto” por su posición estratégica en las rutas del Sáhara–; y, por otro, en el establecimiento de caminos alternativos por Mali y Chad.

“Las rutas alternativas nacidas después del cierre de los pasos tradicionales evitan los centros urbanos, lo que las hace más peligrosas”, explica Olivier Neola, jefe de EUCAP Sahel Níger, la misión de la Comisión Europea para asistir y apoyar a las fuerzas de seguridad del país.

“Gracias a las experiencias que hemos acumulado en el territorio colaboramos con los proyectos del Trust Fund sobre seguridad”, afirma Neola. Este ha sido el efecto del proyecto de 41,6 millones de euros para la creación de “Grupos de acción rápida” dentro de las fuerzas de seguridad de cinco países del Sahel –Burkina Faso, Mauritania, Mali, Níger y Chad–, gestionado por la agencia de cooperación española FIIAPP.

Según el presupuesto publicado, se destinan 28 millones de euros al equipamiento de las fuerzas de seguridad. EUCAP Sahel Níger también ha coordinado el inicio del proyecto –financiado por el Trust Fund con 6 millones–, en el que las fuerzas de la policía francesa y española, colaboraron en la creación de un equipo de policía especializado en las investigaciones sobre redes de inmigración irregular en Níger.

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Nota: esta investigación fue financiada por l'European Journalism Centre (EJC) a través del Innovation in Development Reporting Grant Programme (www.journalismgrants.org).

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