Opinión y blogs

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Una mujer delante de una máquina de coser

Guddiya Subbash en su puesto de trabajo. Copyright: Creative Handicrafts

Uno de los recuerdos más potentes de mi infancia es el de mi abuela frente a su máquina de coser. En aquella época yo no comprendía bien la diferencia entre trabajar para ganarse la vida y hacerlo por placer. Sin embargo, mi abuela se pasaba días y noches cosiendo, hasta que casi se quedó sin vista. Aunque eso lo sé ahora. En aquel momento era sólo mi abuela haciendo algo que yo pensaba que le gustaba.

Cuando veo la foto de Guddiya Subbash ante su máquina de coser, como las de otras trabajadoras de Creative Handicrafts, en la portada del documento 'No les Rebajes' de Oxfam Intermón, no puedo dejar de pensar en mi abuela. 

¿Y qué hubiera pensado mi abuela de ellas? Pues seguramente se habría sentido completamente identificada. Ella, que era mujer de agricultor, que tuvo que ir a la capital y que merced a la enfermedad de mi abuelo necesitaba ingresos que traer a la familia, comprendería perfectamente que para muchas de estas trabajadoras de comercio justo el gran cambio en sus vidas ha sido el poder acceder a un trabajo y, por tanto, a unos ingresos.

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Necesitamos una Ley de transparencia fuerte

Imagen Causa de presión Polétika

La sociedad civil, trabajando mano a mano con periodistas, ha logrado arrojar luz sobre cómo nuestros representantes toman las decisiones públicas que afectan a los derechos de las personas, quién interviene en las mismas y cómo se gastan nuestro dinero. Ahora sabemos el papel que las grandes empresas energéticas y lobistas tuvieron en la redacción de la controvertida ley #ImpuestoAlSol; que el Gobierno de España ignora los derechos humanos en las negociaciones de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRIS) con países en desarrollo como Haití, Etiopía, Gambia y Senegal o; que El Consejo de Ministros convalida gastos públicos en contra del criterio de los inspectores o retira concesiones de nacionalidad por fallos administrativos.

Sin embargo, detrás de cada victoria hay que sortear muchos obstáculos debidos a las limitaciones de la ley de transparencia, llegando incluso a tener que utilizar la vía judicial.

La información mencionada arriba tiene un claro interés público y es importante para la participación y la rendición de cuentas, pero si queremos más casos como estos necesitamos mejorar la Ley.  

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La fiebre del zafiro

Niña trabajadora en la zona minera de Antsohamadiro, al sur de Madagascar

Recorrer la famosa carretera RN7 en Madagascar –la única carretera que permite atravesar el país de norte a sur–, regala paisajes impresionantes. El recorrido empieza desde Antananarivo hacia el sur con una abundante vegetación montañosa para después convertirse en un paisaje desértico, casi extraterrestre, que impresiona incluso a las que hemos tenido la suerte de pisar el infinito desierto del Sáhara.

A medida que el taxi-brousse se va acercando a la costa sur malgache gracias a la carretera semipavimentada, el desierto se va interrumpiendo con la aparición en el horizonte de Ilakaka o Sakaraha, dos de las ciudades que convierten Madagascar en el segundo exportador de zafiros del mundo. Así, tras haber recorrido durante horas un paisaje en el que las casas hechas de paja se funden con su entorno, estas ciudades entran en escena con grandes tiendas, carteles de venta de zafiros en varios idiomas, bares y casas donde vive una población que responde a la ya famosa "fiebre del zafiro". Son ciudades creadas hace veinte años alrededor de las minas de este y otros minerales, en las que se ven también 4x4 y comercios ostentosos regentados por businessmen internacionales, en su mayoría procedentes de Sri Lanka y de Estados Unidos.

Además de tener consecuencias ambientales desastrosas como la tala furtiva de árboles y vegetación en parques protegidos del país –con lo que supone para las especies endémicas en peligro de extinción, como los lémures–, la "fiebre de los zafiros" tiene un impacto muy negativo para las poblaciones locales, especialmente para las niñas y mujeres que se enfrentan a una situación de pobreza extrema en uno de los países más pobres del mundo, agravada además por fenómeno climático El Niño.

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Urgente: cambiar la prioridad

Manifestación en Madrid contra la pobreza, la desigualdad y los tratados comerciales, el 17 de octubre de 2015. Imagen de Carmen Álvarez Tamés, Coordinadora de ONGD

Hace dos años identificamos diez retos comunes, que se mantienen en el tiempo y han crecido en dimensiones. Nos une la defensa de los derechos humanos, el respeto al planeta, la búsqueda de un modelo económico justo, trabajo decente, servicios públicos de calidad, lucha contra la desigualdad, políticas fiscales justas, igualdad de género, participación ciudadana y políticas coherentes.

El conjunto de políticas de austeridad, la regresión democrática, el retroceso en los derechos, y el creciente deterioro del medio ambiente, son tendencias globales. El modelo económico que asocia el "progreso" al crecimiento desmedido, en detrimento de los derechos y del planeta, no ha hecho más que empeorar la situación. Esto es a su vez causa y consecuencia de que existan cifras desorbitadas de desigualdad y de pobreza, del avance sin frenos del cambio climático. Mientras tanto, una pequeña élite acumula en sus manos todo el poder económico, político, social e impide que se actúe por un futuro en el que no se quede nadie atrás.

En 2015 tuvo lugar un primer encuentro por un Futuro en Común, donde tomamos conciencia de que sólo sumando fuerzas podemos lograr transformaciones reales. Dos años después, nos reafirmamos en la importancia de  un abordaje colectivo de estos desafíos y en construcción de un modelo de sociedad basado en los derechos humanos; centrado en los principios de igualdad y no discriminación de todas las personas; la participación y el empoderamiento; y en la atención prioritaria a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad como obligación de los Estados.

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Un puente entre teoría y práctica

Las organizaciones ciudadanas estudian los presupuestos oficiales. Imagen de Timothy Muza.

Graciela nos cuenta cómo su organización de mujeres en Bolivia quería saber qué se hacía con su dinero, así que se pusieron a estudiar el presupuesto del Estado para poder tener una voz cualificada que influyese en que éste tuviese en cuenta las necesidades de las mujeres. Y acabaron, prácticamente, sabiendo más que las autoridades públicas en ese aspecto. Lo cuenta con pasión, con orgullo de lo conseguido y con esperanza de continuar logrando cosas.

A primeros de abril, en Bilbao, lideresas internacionales y especialistas en desigualdad se reunieron para compartir visiones, con las mujeres y sus derechos como protagonistas. El evento, organizado por Oxfam Intermón, sirvió para compartir aprendizajes, reflexiones y propuestas de cambio entre organizaciones sociales, académicos, profesionales del ámbito social y lideresas comunitarias. Los testimonios de mujeres de Bolivia y Burundi, relacionadas con proyectos de Oxfam Intermón financiados por el Gobierno Vasco, permitieron conocer de primera mano sus luchas, desafíos y logros.

Además, se contó con la reflexión académica de importantes figuras como  Mike Savage de la London School of Economics que demostró la relevancia académica que recientemente ha adquirido el estudio de la desigualdad acorde con la importancia de este asunto para el futuro de nuestras sociedades. Me quedo con su idea de que los países desiguales son más proclives a tener problemas de carácter social; la desigualdad es, por lo tanto, un elemento disfuncional para el progreso de las sociedades.

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La Sociedad Civil no quiere que armas españolas maten civiles

Foto de Amnistía Internacional

Una imagen similar a esta pudo pasarle por la cabeza al bombero que el 13 de marzo de este año se negó, por razones de conciencia, a participar en el puerto de Bilbao en el retén de seguridad preceptivo durante el embarque de 26 contenedores de munición española en un carguero con destino Arabia Saudí. Este caso ha vuelto a poner sobre el tapete el cuestionable papel que juega España en la guerra de Yemen, alimentando con ventas de armas un conflicto en el que todas las partes han cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Pero no sólo eso, también ha puesto sobre el tapete otra realidad y es que la sociedad sabe poco respecto al comercio de armas “Marca España”. El Gobierno publica un informe anual sobre las ventas de armas y comparece ante el Congreso para rendir cuentas, pero poco sabemos sobre los acuerdos que alcanzan las empresas españolas para vender armas a destinos donde existe un riesgo claro de que pueden usarse para cometer atrocidades.

Sobre lo que no sabemos nada de nada es sobre los argumentos que utiliza el Gobierno para autorizar la venta de armas a Arabia Saudí, porque las actas de la Junta Interministerial que se ocupa del comercio de armas español están consideradas como Secreto Oficial desde marzo de 1987.  Desde luego, hay secretos que matan , porque ¿cómo puede justificarse la venta de armas como bombas, municiones o aviones, a un país que lleva más de dos años bombardeando sin piedad población civil, escuelas, mercados, fábricas, hospitales y mezquitas, despreciando olímpicamente el derecho internacional humanitario y que ha cometido decenas de presuntos crímenes de guerra en Yemen?

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El origen de la desigualdad en menores transexuales

Concentración en Madrid el pasado 25/03/2017 en el que las familias pedían una Ley estatal

El principio de esa desigualdad y la raíz del problema ha sido el rechazo del núcleo familiar que iba contagiándose, como onda expansiva, al resto de la sociedad.

Al nacer o incluso antes, la familia proyecta una imagen sobre la persona recién llegada que incluye toda una serie presupuestos basados en normas culturales y vivenciales, cualquier realidad que altere esas expectativas distorsiona la sensación de confort que se sustituye por el desasosiego.

Ser una persona transexual tiene que ver con el desajuste que produce que te adjudiquen cuando naces una identidad que no se corresponde con la tuya.

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Expulsados del paraíso (fiscal)

Empresas de buzón en islas Caimán

En diferentes partes del estado español, de Europa y del mundo, miles de ciudadanos estamos saliendo a la calle para decir no a una lacra que sólo sirve para perpetuar realidades de desigualdad e injusticia. Porque ya basta, decimos no al escaqueo fiscal, fuera a los paraísos fiscales.

Hace una semana, desde Oxfam publicábamos un informe sobre los 20 principales bancos europeos en el que desvelábamos que estos bancos declaran el 26% de sus beneficios en paraísos fiscales. Este dato denota la clara discrepancia entre dónde las entidades financieras realizan su actividad económica y dónde reportan sus beneficios y, por ende, pagan impuestos, si es que los pagan. En muchos de estos territorios, algunos de estos bancos no tienen siquiera empleados, lo que da a entender que utilizan empresas fantasma sólo para desviar beneficios allí donde no tienen que tributar por ellos.

Aunque algunos pueden llegar a defenderlo, no es una buena noticia que una empresa utilice paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Cuando alguien está eludiendo sus obligaciones fiscales, está demostrando su total desafección por las sociedades en las que consigue prosperar. Eso, como mínimo, es ingratitud, aunque también podemos hablar de insolidaridad y desprecio por el bien común. Por el contrario, cuando una empresa decide no utilizar paraísos fiscales y pagar su parte justa de impuestos está demostrando que está comprometido con la buena marcha de la sociedad en la que se desenvuelve y con las personas que forman parte de ella.

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Guaridas fiscales: sin tretas no hay paraíso

Paraíso fiscal. Ilustración de Lucid Waters.

¿Es cierto, como afirmaba Peter de Vries, que " los ricos no son como nosotros porque pagan menos impuestos"? Rotundamente SÍ. Los paraísos fiscales son uno de sus artificios para conseguirlo.

Las guaridas fiscales son artimañas de ingeniería financiera de las grandes empresas y fortunas, con la connivencia de los Estados, para evadir o eludir impuestos y conseguir pingües beneficios.

Según datos de OXFAM Intermón, se estima que hay 7,6 billones de dólares ocultos en paraísos fiscales de fortunas individuales, una suma mayor que el PIB de Reino Unido y Alemania juntos, lo que supone una pérdida de ingresos fiscales de unos 190.000 millones de dólares al año. Cada año, la evasión y elusión fiscal de las grandes multinacionales priva a los países más empobrecidos del planeta de más de 90.000 millones de dólares en ingresos fiscales.

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Las múltiples caras de la desigualdad en América Latina

Brasil: Domingos, líder de una comunidad Quilombola

Con frecuencia las cifras macroeconómicas esconden la realidad de la economía de las casas que no llegan a final de mes, pero al medir la desigualdad en un país el problema no es sólo económico. La falta de oportunidades, de acceso a servicios, las diferencias en función de la identidad –étnica y sexual–, el género, la ubicación geográfica o la afectación por el cambio climático definen si estamos en una sociedad más o menos justa. América Latina tiene el dudoso mérito de ser la región más desigual del planeta, aunque muchos países han reducido en términos económicos la pobreza durante la última década, las desigualdades se conectan y excluyen a las personas impidiendo un desarrollo sostenible en la región.

Estos días en Bogotá, la organización InspirAction/Christian Aid ha presentado un estudio que pretende poner el foco sobre "Las múltiples caras de la desigualdad en América Latina" evidenciando el escándalo que supone que cada vez menos personas tengan más riqueza en su poder y la mayoría de la población viva con menos recursos. En la toda la región, (subiendo desde 2014) los ingresos per cápita del 10% más rico son 14 veces más que los del 40% de la población más pobre. Colombia, Guatemala, Haití y Honduras tienen niveles de desigualdad extremadamente altos y están por encima de 55 puntos en el coeficiente de Gini, que mide la diferencia de ingresos entre quien más tiene y quien menos posee en un mismo país.

Pero una sociedad más equitativa no se mide en términos financieros sino en términos de capacidad de las personas para ejercer sus derechos, en las políticas que les permiten tener igualdad de oportunidades.

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