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Cataluña pide que las inversiones del Plan Juncker no computen como déficit

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El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha pedido este jueves que los créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que han de servir para desplegar el denominado Plan Juncker, que movilizará más de 300.000 millones de euros para inversiones en la UE, no computen como déficit.

Mas-Colell ha advertido que los demandantes de estos créditos serán en muchos casos entidades públicas, por lo que habrá países como España que "no están en condiciones" de llevar a cabo inversiones si éstas hacen que se incremente su déficit.

"Hay una contradicción que espero que se aclare", ha afirmado el conseller durante el acto de entrega de la Insignia de Oro del Instituto Español de Analistas Financieros al presidente del Grupo Puig, Marc Puig.

El titular de Economía ha insistido, en este sentido, que o bien se establece una regla para que las inversiones del fondo Juncker no computen como déficit o este programa, ha dicho, "no funcionará o sólo servirá para mejorar las infraestructuras de Dinamarca o Alemania".

El nuevo presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, ha presentado esta semana en la Eurocámara su plan de inversiones para los próximos tres años, que contará con 21.000 millones de euros como palanca para movilizar quince veces más, 315.000 millones, a través de un "Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas" que estará operativo a mediados de 2015 y será gestionado por el BEI.

Lo hará a través de una garantía de 16.000 millones de euros procedentes del presupuesto de la Unión Europea (UE) que solo estará provisionada con 8.000 millones, y con 5.000 millones del BEI.

Con este plan de inversiones, la CE pretende añadir entre 330.000 millones y 410.000 millones de euros al PIB de la Unión y crear entre 1 millón y 1,3 millones de empleos en los próximos tres años.

El objetivo del plan es financiar proyectos en áreas clave como las infraestructuras de transporte, de banda ancha y de energía, la innovación e investigación, las renovables y la eficiencia energética o la educación, pero sin imponer limitaciones sectoriales o geográficas ni cuotas por Estados miembros.

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