Un vicepresidente de la CEOE pagó hoteles y turismo rural con la Visa de la patronal de Castilla y León, de la que era presidente

La patronal de Castilla y León (Cecale) está en plena guerra interna, con denuncias, despidos que ha hecho que dimita su anterior presidente, Jesús Terciado, -pese a que continúa como vicepresidente de la CEOE y al frente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa nacional (Cepyme)-, acosado por una querella por supuesta apropiación indebida.

Aunque judicialmente se ha archivado, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, han salido a la luz un ingente número de facturas pagadas con la Visa Oro de la organización empresarial de Castilla y León, pese a que el cargo de presidente no lleva consigo un sueldo, salvo un dinero que se le da en concepto de dietas.

Jesús Terciado declaró a finales del mes de octubre en el Juzgado por esa querella, interpuesta por el presidente de los empresarios de Salamanca. Y admitió todos los pagos que había realizado con su Visa Oro, según han confirmado fuentes judiciales. Sin embargo, se escudó en que no hay un reglamento en Cecale que impida realizar esos pagos.

Aun así, alguno de ellos es llamativo, sobre todo realizado durante fines de semana. Así, el día 22 de mayo de 2009, que fue viernes, hubo dos pagos de 251,09 y 286,86 euros en el Parador de Soria. El domingo día 2 de agosto de ese mismo año, Jesús Terciado se gastó 346,84 euros en el Parador de La Granja, en Segovia. Del sábado 12 de septiembre de 2010 tiene dos facturas de 225,26 y 161,51 euros. Y el 24 de octubre de 2010, que fue domingo, pagó 242,35 euros en la Casa Rural Posada del Medievo, de Segovia. Todo ello, sin que ninguno de esos días se celebrara en esos hoteles ningún acto de Cecale.

La Visa Oro también la utilizó, entre 2009 y 2012, para realizar diversos pagos en Ávila, en la ciudad donde vive Jesús Terciado, por una cuantía de 8.746 euros. Y en Madrid, de 7.193 euros.

Entre los gastos, destacan, por ejemplo, los 2.781 euros que pagó a través de esa tarjeta en una gasolinera de la capital abulense, que es de su propiedad; o su utilización durante los fines de semana para ir a comer a diversos restaurantes, como el Foster’s Hollywood de Ávila

“Es igual a lo ocurrido con Carlos Dívar, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Realiza gastos inmorales pero no son penalmente reprobables”, han asegurado fuentes de la patronal de Castilla y León.

En la querella que el presidente de los empresarios de Salamanca, Juan Antonio Martín Mesonero, se especifica el dinero recibido en concepto de dietas. Así, se indica que en 2007 recibió 11.520 euros por dietas, que según Cecale se pagan a 180 euros por asistencia a cada una de las reuniones de los órganos de gobierno de Cecale. Es decir, se supone que a lo largo de ese año los miembros de la Confederación se reunieron 64 veces. Pero la cantidad total percibida por Terciado no es igual a la del resto de miembros de la Junta General. En 2010 lo percibido fue de 12.600 euros.

Entre los motivos que alegó el presidente de Cecale para recibir esas dietas figuran reuniones con el vicepresidente de esta organización, con su secretario general o con el comité de comunicación. Incluso recibió los 180 euros de dieta al trasladarse desde Ávila, donde vive, a Valladolid, donde está la sede de Cecale, para ser entrevistado por un periódico local de Castilla y León.

Otro de los gastos llamativos de Jesús Terciado al frente de la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale), es que en 2009 se pagaron cinco facturas por más de 25.000 euros a la empresa Fragua Gestión de Proyectos, que es propiedad de uno de los socios del propio Terciado. Este dinero tenía que ir destinado a un proyecto de cinturón empresarial y de un consejo de internacionalización que pretendía llevar a cabo la organización empresarial de Castilla y León.

La guerra en la patronal de Castilla y León tiene como trasfondo real el estado de las cuentas de la organización. Y en la superficie, unas importantes diferencias entre los presidentes de los empresarios de León, Zamora y Salamanca con el resto de Castilla y León.

Esta guerra incruenta se ha venido generando en los últimos cinco años, en cada una de las reuniones o asambleas de Cecale. En momentos en los que el presidente de la patronal de Salamanca, Juan Antonio Martín Mesonero, se negaba a aprobar las cuentas anuales porque veía más que dudas. O en reuniones entre los técnicos de las diferentes organizaciones donde se trataban de distribuir las subvenciones que le llegan desde la Junta de Castilla y León.

Según fuentes de la organización empresarial, mientras que aumentaba el dinero que le llegaba a Cecale desde el Gobierno de esta Comunidad Autónoma, a las organizaciones provinciales no les llegaba el mismo incremento, “aunque fuera prorrateado”.

Ante estos hechos, el presidente de Salamanca, Juan Antonio Martín Mesonero, ha pedido, en diversas ocasiones, explicaciones y auditorías para justificar sospechas en las cuentas de Cecale. A la vista de que no le llegaban respuestas a las preguntas y dudas, Mesonero, acompañado por una notaria, se presentó el 12 de mayo de 2012 en la sede de la patronal de Castilla y León para pedir un sinfín de documentos, que fueron entregados por los trabajadores de Cecale. Meses después, dos de ellos han sido despedidos por dar esa documentación, pese a que era requerida de forma notarial.

Uno de los detalles que ponen en entredicho la gestión de Jesús Terciado fue la renuncia del tesorero de la organización, que se produjo el 23 de mayo, basándose en “la situación delicada de tesorería” de Cecale y denunciando “la situación económica que atraviesa la Confederación” y que había advertido “reiteradamente sin demasiado éxito”.

Con los documentos en las manos de Juan Antonio Martín Mesonero, se produjo la explosión de la guerra interna. Su actitud fue considerada como un “asalto” a la patronal de Castilla y León, por lo que se le abrió un expediente de expulsión de la organización. Días después, la respuesta desde Salamanca fue una querella por los delitos de apropiación indebida y de administración fraudulenta, que ha sido archivada y recurrida.