Extremadura, segunda autonomía que más aporta para atender a la dependencia
La Ley de Dependencia establece que el sistema de atención a la dependencia debe ser financiado en su gasto público a partes iguales por las Comunidades Autónomas y el Estado, es decir al 50%. Sin embargo, los datos que aporta el Observatorio Estatal de la Dependencia sobre gasto público, han puesto de manifiesto que la media que el Estado aporta es tan solo del 18% de la financiación mientras que las Comunidades Autónomas lo hacen en el 82%.
Situación que según consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles Blanca “muestra un abandono de las políticas de atención a las personas en situación de dependencia por parte del gobierno de España, un abandono que arranca en el año 2012, cuando se publica el Real Decreto Ley 20/2012”, explica la Junta en un comunicado.
En el caso de Extremadura esta situación es más desequilibrada, ya que según los gastos de 2015 financió el 87,6% del total del gasto, y el Estado solamente aportó el 12,4%. Situándose de esta forma en la segunda Comunidad Autónoma que aporta más gasto público al sistema de atención a la dependencia, y la segunda donde menos invierte el Estado. Explica Vergeles que esta situación “ya se ha denunciado en la Asamblea de Extremadura, ofreciendo a los grupos parlamentarios que se pronuncien para derogar el Real Decreto Ley 20/2012 y exigir más financiación al Estado hasta el 50-50 que establecía la Ley, sin que haya tenido el efecto deseado”.
La consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura considera que esta situación lleva a un estrangulamiento en las políticas de atención a las personas en situación de dependencia, llevando a listas de esperas importantes y a no poder cumplir con la exigencia legal de incorporar a las personas dependientes de grado I en el plazo razonable.
Doble estrangulamiento
De esta forma, mantiene Vergeles, Extremadura “sufre el estrangulamiento por parte del gobierno de España por doble vía, por la de Hacienda y por la escasa participación en la financiación del Estado en las personas en situación de dependencia”.
“Un sistema inmaduro, como lo estaba en el 2012, recibe un recorte muy importante por parte del gobierno de España sin tener desarrollado completamente su sistema para atender a las personas en situación de dependencia, sin tener una red de centros públicos potentes con las que atender a las personas y donde no todas las personas estaban incorporadas como establecía la Ley. Y esto tiene consecuencias muy importantes” asegura Vergeles.
“De cada 100 euros de gasto público que se destina a la atención a las personas en situación de dependencia, solamente 12 euros son del Estado y el resto lo pone Extremadura. Sin tener en cuenta lo que aportan las diputaciones provinciales, por ejemplo en materia de teleasistencia, por ejemplo. Este es el mayor de los recortes perpetrados a la atención a la dependencia por parte del Gobierno de España”, añade Vergeles.
Esta situación debe cambiar, y el gobierno de la Junta de Extremadura “contar con el apoyo de todos los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura para que esta situación cambie cuanto antes, los extremeños y extremeñas lo necesitamos”.
