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EXTREMADURA

La juez embarga los bienes de UPA-UCE, y de varios dirigentes

La organización va a recurrir y considera injustificada la decisión

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gnacio Huertas traslada a la Ministra la reivindicación de que se publique la lista completa de los derechos provisionales de la PAC.

Ignacio Huertas a la izquierda, en una imagen con la consejera y la ministra de Agricultura, en presencia de Tomás Gómez

La organización profesional agraria UPA-UCE Extremadura recurrirá la orden judicial de embargo de sus bienes y los de varios de sus dirigentes por parte de la titular que lleva el caso "Tellus" por el presunto fraude en el cobro de subvenciones, ya que la considera es "injustificada, desproporcionada y extemporánea".

Así lo ha dicho el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, en una rueda de prensa en la que también ha analizado la situación del sector ganadero y la sequía que afecta a la región.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Mérida estableció el pasado 20 de diciembre de 2016 el pago de una fianza por importe de 5,4 millones de euros para varios dirigentes de UPA-UCE, que fueron recurridos por la organización y que ahora desestima la jueza.

Huertas ha asegurado que es "desproporcionado" llevar a efecto, nueve meses después de que se dictara el auto, el embargo de sus bienes, ya que la instrucción incorpora "muchas novedades que confirman que la organización actuó correctamente y conforme a la normativa en la prestación del servicio de asesoramiento".

Entre otras cuestiones, UPA-UCE recuerda que en los últimos días se han producido numerosas declaraciones en sede judicial, tanto de técnicos de la organización como de la Junta, que realizaron inspecciones de campo sobre los expedientes de asesoramiento "que vienen a confirmar la correcta realización del asesoramiento".

En este sentido, "a día de hoy, no es posible afirmar" que la organización profesional agraria no prestó los servicios de asesoramiento y, por tanto, no se puede aprobar un embargo que "da por hecho la inexistencia de dichos asesoramientos".

A su juicio, la decisión judicial vulnera la presunción de inocencia y afecta al "adecuado funcionamiento constitucional" de UPA-UCE.

La aplicación del auto judicial tendría consecuencias, no sólo para la OPA, sino también "para los miles de agricultores y ganaderos extremeños a los que la organización representa, defiende y presta servicios profesionales indispensables". 

 

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