Correos ha perdido 50 empleados en Extremadura este año, según los sindicatos
La plantilla de Correos y Telégrafos ha perdido a medio centenar de empleados en la Comunidad Autónoma desde enero, según CCOO y UGT, debido a la falta de reposición por jubilaciones o traslados.
Así lo han aseverado, en una concentración en Badajoz, los responsables del área de ambos sindicatos. Es, según ellos, una situación que es especialmente preocupante durante la campaña electoral pues no ha habido medios suficientes para repartir los votos por correo y el servicio postal propio de este periodo se entrega a base de postergar otros como citas médicas o cartas de diversos organismos públicos.
El secretario provincial de Correos de CCOO, Pedro Sánchez, y la secretaria autonómica del Sector Postal de UGT, Mercedes Ardila, han manifestado a los medios de comunicación durante una concentración en Badajoz que el Gobierno central ha “paralizado” la negociación del convenio laboral.
Esta situación lleva a una falta de personal y de consolidación de empleo y a un aumento de la carga de trabajo, una situación que impide dar un servicio apropiado a los ciudadanos en las distintas comunidades autónomas. Según los dos sindicatos, la negociación del convenio se alargando intencionadamente pese a que el acuerdo es factible pues Correos es una de las compañías que más aporta económicamente y es la mayor empresa pública del Gobierno central.
En la actualidad, Correos lleva a cabo una estrategia de contratación o tasa de reposición cero, por lo que los traslados a otros ministerios o jubilaciones no se reponen, lo que provoca un descenso paulatino de la plantilla. Por esto, han añadido, se protesta para pedir la calidad en el trabajo de los empleados y en el servicio prestado a los ciudadanos.
La progresiva reducción de la plantilla ha hecho que Extremadura haya perdido 300 empleados desde 2011 hasta la actualidad y desde 2008 no se ha producido ninguna reposición en la plantilla, según CCOO y UGT.
El principal efecto negativo de esta situación es que no se cumple con la directiva de la UE de 2010 en cuanto a los servicios ciudadanos que se deben realizar para dar una oferta de calidad.
