Las obras de los quioscos centrales de Mérida tienen ya todos los permisos

Las obras de los quioscos de la Plaza de España de Mérida cuentan ya con todas las autorizaciones necesarias para su inicio, según ha informado el Ayuntamiento.

Desde primera hora del viernes puede verse en la página web municipal la resolución de la comisión ejecutiva del Consorcio de la Ciudad Monumental respecto al proyecto de ejecución.

También figura el informe de la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural de Presidencia de la Junta de Extremadura relativo a la petición hecha en su día por vecinos de Mérida sobre la Declaración de Bien de Interés Cultural.

Por otra parte, en el perfil del contratante puede consultarse también desde hoy la concesión demanial para el uso privativo de los quioscos de la Plaza de España, cuyo anuncio se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.

Caso a IU

El alcalde Antonio Rodríguez Osuna ha asegurado que su gobierno incorporará todas las medidas y aportaciones realizadas por parte de Izquierda Unida para el diseño de los quioscos, puesto que su único“ interés es regularizar una situación que actualmente es ”alegal“.

Asegura que desde el principio toda la información que le han requerido los grupos políticos sobre este asunto, así como la entrega del borrador del documento a los que estaban interesados en aportar medidas, en este caso a IU y Mérida Participa.

Posteriormente hubo una reunión entre las delegadas de Contratación, el delegado de Urbanismo y los portavoces de ambos partidos, en la que el de Izquierda Unida propuso “numerosas” iniciativas que el Ejecutivo local recogerá, ya que son “muy buenas”.

“El único interés del Ayuntamiento en este tema es regularizar una situación alegal de concesión administrativa y que los nuevos establecimientos cumplan con la normativa del sector”.

Después de la publicación habida este viernes se adjudicarán las concesiones en el plazo de un mes aproximadamente, tras las que comenzará las obras que, según el alcalde, durarán entre tres y cuatro meses, por lo que espera que en febrero de 2017 estén disponibles.

Las peticiones de Izquierda Unida

Izquierda Unida había propuesto al equipo de Gobierno local una serie de medidas para su incorporación a los pliegos que regularán las condiciones que deberán respetar los futuros concesionarios, como la incorporación de cláusulas sociales en beneficio de los empleados.

La introducción de productos de comercio justo o la regulación de precios máximos de las consumiciones en beneficio de los clientes, son otras de las propuestas que ha trasladado en un comunicado de prensa la formación política.

IU planteaba ampliar los criterios de valoración de las ofertas mediante la introducción de otros aspectos como la obligatoriedad de contratar a parados de larga duración.

A este respecto, propone además que únicamente se celebren contratos indefinidos, reservar el 30 por ciento de los puestos de trabajo al empleo femenino y abonar las nóminas de los trabajadores en los cinco primeros días de cada mensualidad.

Los pliegos deben recoger también, a su juicio, criterios como la dispensación de productos de comercio justo -en algunos casos como el café, el té, el cacao y el azúcar-; y medidas medioambientales mediante la comercialización de productos extremeños o de producción ecológica y de cercanía.

Del mismo modo, ha apostado por regular unos precios máximos a cumplir por los futuros concesionarios en “justa contraprestación” a la ventaja de disponer de un establecimiento en el pleno centro y en condiciones que, tras las novedades introducidas en la financiación de las obras, considera “cuando menos como notables”.

IU ha argumentado que la condición de los quioscos como bienes integrantes del patrimonio municipal permite al ayuntamiento la incorporación de elementos en la licitación de estos quioscos que no contemplan habitualmente los negocios privados.

Unos elementos que, ha dicho, sirven de garantía para el respeto de los derechos de los trabajadores, los consumidores y la introducción de cláusulas medioambientales, y de fomento del empleo para la inserción laboral de la mujer.

En su opinión, la naturaleza pública de estos establecimientos justifica la introducción de este tipo de condiciones, que “difícilmente están presentes en la oferta realizada por hostelería convencional que se rige únicamente por los mecanismos de la oferta y la demanda”.