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EXTREMADURA

Piden a la Junta que revise la obligación de los taxistas de recabar datos de sus clientes en trayectos interurbanos

Ciudadanos traslada al Gobierno regional que debe evaluarse y plantearse la utilidad de la obligación impuesta a los taxistas, que no cumplen otras CCAA limítrofes

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La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha pedido a la Junta de Extremadura que revise la obligación impuesta a taxistas de recabar datos personales de los usuarios cuando hacen trayectos entre poblaciones, una imposición que no tienen comunidades limítrofes.

La formación naranja se pregunta además por el tratamiento y protección de esos datos de carácter personal. A su juicio, la Junta debe evaluar y plantearse la utilidad de la obligación impuesta a los taxistas, de pedir y registrar en una hoja de control administrativo datos personales de los usuarios cuando hacen estos trayectos entre poblaciones.

La portavoz de Ciudadanos considera que no basta alegar la lucha contra el intrusismo para justificar esta obligación que, además, rechaza una parte del sector. Cree que el Gobierno regional "tiene que explicar con mayor claridad" los motivos por los que los taxistas de Extremadura tienen esta imposición.

"Esta obligación lleva a muchos taxistas a situaciones problemáticas con los usuarios, ya que estos desconocen la finalidad y el tratamiento que recibirán esos datos de carácter personal recabados".

La normativa regional

Impone a estos profesionales registrar el nombre y apellidos del usuario, punto de partida y destino y número de pasajeros de cada viaje entre poblaciones. En este sentido, insiste C's que no entiende los motivos de esta obligatoriedad "como tampoco que en la hoja de control se diga que los datos recogidos deben ser objeto de tratamiento a los que se debe aplicar la Ley de Protección de Datos de carácter personal".

María Victoria Domínguez ha dicho que también desconoce en qué fichero quedan recogidos esos datos y cómo se protegen y son numerosas las quejas de taxistas que se ven obligados pedir unos datos "que no sabemos para qué los quiere la administración pública". 

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