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Feijóo aprovecha la ley de costas y ya no descarta la permanencia de ENCE en la ría de Pontevedra

David Lombao

Uno de los cambios de posición que trajo consigo el ascenso de Alberto Núñez Feijóo al liderazgo del PP gallego fue sobre la continuidad de la planta de ENCE, la fábrica de pasta de papel de la ría de Pontevedra. De la cerrada defensa realizada por Manuel Fraga los conservadores transitaron, pasando por diversos matices, al rechazo. Así, por ejemplo, en el programa electoral con el que concurrieron las autonómicas de 2012 los populares explicaban que, “en la búsqueda de hacer compatible la actividad productiva con la calidad ambiental”, el partido “mantiene su apuesta para que ENCE abandone su actual emplazamiento”. Lo único “irrenunciable” era “la continuación de su actividad en el entorno de la comarca de Pontevedra”. Apenas siete meses después de los comicios, esta postura ya no es, ni mucho menos, tan inquebrantable.

En los últimos días el presidente de la Diputación pontevedresa, Rafael Louzán, le puso voz al aparente giro de su partido. Para el líder de los conservadores en la provincia el traslado de la factoría es “inviable” y, en su opinión, debería “seguir generando riqueza” al lado de la ría “durante muchos años”. El momento de las declaraciones no es menor. Coincide con la aprobación definitiva de la nueva ley de costas, el texto que abre la puerta de par en par a la continuidad de ENCE en el emplazamiento que ocupa desde 1957. Concretamente, la nueva norma permite prorrogar la concesión “a instancias de su titular” si la Xunta emite un informe favorable. Esta prórroga podría durar hasta setenta y cinco años -con la anterior ley las prórrogas se quedaban en 60-, por lo que la pastera podría quedarse dónde está hasta al año 2093.

Con este telón de fondo el presidente de la Xunta fue cuestionado este jueves al respecto tras la reunión semanal del Consello de su Gobierno y las respuestas no fueron, en absoluto, tranquilizadoras para las personas y grupos partidarios del traslado, rechazo basado, esencialmente, en cuestiones ambientales. En el marco de un elogio general a la norma aprobada en solitario por el PP en el Congreso por “legalizar 8.000 viviendas que se ubican en núcleos tradicionales” el jefe del Ejecutivo dice, sin decirlo, que la puerta ya no está cerrada de todo, tampoco políticamente, para los intereses de la pastera. Así, el presidente adapta la textualidad de sus propias promesas electorales para asegurar que “lo que está en el programa del PP es que la concesión caduca en el año 18” y, a continuación, constata que ahora “se abre una ley que da posibilidades de seguir o no seguir”. Por todo esto, dice, la Xunta “evaluará muy al detalle esta decisión”.

Y, ¿qué factores tendrá en cuenta? Dado que ENCE, evidencia, “necesita un informe determinante” de la Consellería de Medio Ambiente para poder seguir en la ría, el Gobierno va “a escuchar, por supuesto, a las instituciones democráticas de Pontevedra -previamente, se le había preguntado por Louzán-” y también “a los agentes económicos y sociales”. Pero, además de este diálogo, la Xunta también tendrá en cuenta “qué mejoras económicas está dispuesta a hacer la empresa”, toda vez que la prórroga no es, en ningún caso, “automática”. “Hoy por hoy ENCE no plantea ninguna medida que nos haga variar de opinión” y esa “opinión”, dice, es que “en 2018 caduca la concesión”. Así las cosas, y a la espera de que ENCE haga ofertas, el titular de la Xunta proclama que no hay ninguna novedad“ y la única convicción que manifiesta es que ”el Gobierno de España no hará nada distinto de lo que proponga la comunidad autónoma“, esto es, que el Gobierno central cumplirá la ley que acaba de aprobar, evidencia.

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