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El fiscal corrige a la Xunta en su acusación a la trama de arte sacro que iba a “repartir Galicia” en contratos

La casa rectoral en 2003, antes de que el presunto líder de la trama empezase a utilizarla

David Reinero

La trama de presunta corrupción con arte sacro Retablo consistió en un triángulo de intereses en el que funcionarios de la Xunta recibían supuestamente importantes regalos de empresas de rehabilitación a cambio de autorizar subvenciones a entidades religiosas que acababan contratando los trabajos con las firmas implicadas. El caso está a punto de llegar al juicio oral después de que el fiscal, el último que faltaba por pronunciarse, haya pedido esta semana en el juzgado instructor cárcel para dos funcionarios autonómicos y cinco empresarios, como ya había hecho también la acusación popular encarnada por vecinos de la parroquia de Paraños, en el municipio pontevedrés de Covelo, que provocaron la investigación al ver cómo la iglesia malvendía su casa rectoral a uno de los acusados. Sin embargo, la Xunta, que sería una de las perjudicadas, evita culpar a uno de sus dos funcionarios implicados, quien en unas de las grabaciones de la investigación alardeaba de “repartir Galicia” en contratos a las empresas de la trama.

Según el relato del fiscal, Antonio Roma, los trabajadores de la Xunta Carlos Gómez-Gil de Aizpurúa y José Manuel Pichel eran los responsables de validar los proyectos de rehabilitación y las subvenciones públicas en connivencia con las empresas implicadas. “La finalidad común de ambos era la obtención de beneficios económicos que les serían facilitados por las empresas”, dice el fiscal, quien enumera esos beneficios.

Carlos Gómez-Gil, que trabajaba para la Consellería de Cultura, “recibía dinero en efectivo o bien labores que no remuneraba por parte de las empresas que ejecutaban las restauraciones, que podían consistir en obras en bienes de su propiedad y otra clase de favores, incrementando notablemente su patrimonio”. El fiscal habla de cuatro coches, una moto y un velero, así como la adquisición a la iglesia de la citada casa rectoral de Paraños “en unas condiciones económicas muy ventajosas” por “60.000 euros a pagar en diez años” para luego “ofrecerla para su venta en un precio de 680.000 euros”. El fiscal también enumera ingresos de las empresas implicadas en su cuenta corriente por un total de 103.350 euros.

Con respecto a José Manuel Pichel, que trabajaba para la empresa pública de gestión del Xacobeo, el fiscal dice que “incrementó notablemente su patrimonio, siendo titular de catorce turismos y motocicletas además de numerosos inmuebles; en una ocasión recibió el beneficio en especie: una vaca de valor incierto superior a mil euros”, además de recibir 7.000 euros en efectivo de uno de los empresarios de la trama. Pichel fue quien, en unas de las grabaciones telefónicas que forman parte de la investigación, alardeaba de su capacidad de intervenir en los contratos: “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”.

Para Gómez-Gil el fiscal pide tres años de cárcel e inhabilitación para empleo o cargo público por cinco años, además de una multa y del decomiso de 103.350 euros y la casa de Paraños origen de la investigación. Para Piñel pide dos años de prisión y tres de inhabilitación para empleo o cargo público, además del decomiso de 7.000 euros y multa. Y para los empresarios Ignacio Márquez Vieira, Olga Quintela López, David Durán Montero, Manuel Montes Carballa y Carmen Acuña Rey el fiscal pide dos años de prisión para cada uno y diversas multas.

La acusación popular de los vecinos de Paraños ya había pedido penas ligeramente superiores para todos ellos. Por el contrario, la Xunta optó por elevar aun más su acusación contra Gómez-Gil, para quien reclama siete años de cárcel y 17 de inhabilitación para cargo público, pero dejando a la margen por completo a Pichel, bien relacionado con el PP de la ciudad de Pontevedra.

Uno de los elementos en el que coinciden fiscal, acusación popular y Xunta es en el comiso de la casa rectoral de Paraños, el origen del caso después de que los vecinos de la parroquia sintieran como un robo la venta a precio de saldo por parte de la Iglesia, exonerada en el caso por el juez instructor y la Xunta, de algo que ellos mismos habían ayudado a mantener durante años.

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