El juez decano de Bilbao afirma que Ana Martínez es una magistrada “intachable” sobre la que no consta queja alguna

El Juez Decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha afirmado que la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Bilbao, Ana María Martínez, quien respaldó la decisión del Ayuntamiento de Etxebarri de prohibir el paso por su casco urbano de la lanzadera de Galdakao, es “intachable, muy querida en su Juzgado, respetada por sus compañeros” y respecto a la cual no consta en el Juzgado Decano queja alguna sobre su actuación profesional.

Ante las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre la residencia en Etxebarri de la magistrada, Uriarte ha señalado que éstas se sitúan en el “polo diametralmente opuesto al escenario deseable”.

“Lejos de plantear un argumento jurídico con el que rebatir la decisión de la magistrada, la crítica se centra exclusivamente en el plano personal, en función de su lugar de residencia, que coincide con el lugar por el que hubiera pasado la lanzadera objeto del conflicto, aderezado con una serie de informaciones inexactas sobre la trayectoria de aquella, y unas afirmaciones sobre sus afinidades partidistas sustentadas sobre el único fundamento de haber hecho clic en la opción ”me gusta“ sobre un artículo periodístico publicado en Facebook”, ha destacado.

A su juicio, las referencias a su vida personal incurren, además, en un “grave ataque a la seguridad de la magistrada, al incluir una fotografía del edificio donde reside, y un plano de localización exacta, por si cupiera alguna duda al respecto”.

INTERÉS PARTICULAR

Aner Uriarte ha reprochado que se insiste, “de manera repetitiva, en una supuesta infracción de un deber de abstención, a partir de la opinión de una fuente jurídica ajena al procedimiento, entendiendo que, como residente en Etxebarri, tenía un interés particular en la resolución del conflicto”.

Según ha indicado, lo “alarmante de tal argumento es que ninguna de las partes lo ha puesto de manifiesto en el proceso judicial, y que se introduce a posteriori, de manera interesada, después de que la decisión cautelar no se haya recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y haya, por ello, devenido firme”.

En el proceso en cuestión, las partes que litigaba eran la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Etxebarri, “y no los residentes de este municipio. Los jueces, especialmente los que desempeñan su labor en la jurisdicción contencioso administrativa, resuelven muchos conflictos que les pueden afectar finalmente, de manera general, como ciudadanos que son”, ha recordado.

En Bilbao, en concreto, se resuelve sobre decisiones del propio Ayuntamiento, de la Diputación, del Gobierno vasco o de órganos de la Administración del Estado, en materias tributarias, sanitarias o educativas, ha citado como ejemplo.

TOTAL IMPARCIALIDAD

“Y todo ello se decide por magistrados que pagan sus impuestos, son perceptores de prestaciones sanitarias, o llevan sus hijos a la escuela pública vasca. Sus resoluciones pueden acabar afectándolos, como a la generalidad de ciudadanos, pero siguen decidiendo lo que consideran ajustado a derecho, con total imparcialidad, como es el caso que aquí nos ocupa”, ha manifestado.

El representante de los jueces de Bilbao ha explicado que los miembros del Poder Judicial tienen encomendada por ley la resolución de los muy diversos conflictos que se pueden llegar a plantear en la sociedad, en cuyo marco, tras oír los diferentes intereses en cuestión, resuelven “de manera imparcial, con sujeción a la legalidad vigente”.

“Lógicamente, al tomar una decisión que resuelve cualquier litigio, es habitual que alguna de las partes se muestre en desacuerdo con la misma, quedando, generalmente, abierta la vía de recurso ante un órgano superior, al que se puede acudir exponiendo los distintos argumentos jurídicos con los que se puede discrepar legítimamente de la resolución judicial en cada caso dictada”, ha dicho.

A su parecer, lo deseable para un buen funcionamiento de una sociedad moderna, es que, trasladado el conflicto al órgano judicial competente, y agotados los recursos correspondientes, se respete la decisión finalmente adoptada, y se obre en consecuencia.

RESOLUCIÓN IMPARCIAL

“Sólo, de esta forma, a través de una resolución imparcial, fundada en derecho, y respetada por todos los afectados, se puede llegar a una situación en la que cualquier ciudadano, persona jurídica u órgano administrativo tenga la garantía de que, si acude a los tribunales con una pretensión razonable, se pueda acoger la misma, con independencia absoluta de aquel frente a quien se peticiona”, ha explicado.

En conclusión, ha llamado públicamente la atención sobre este “ataque injustificado” a su compañera y ha defendido la “independencia con la que, en ésta y en el resto de sus decisiones, actúa siempre Ana María Martínez”.