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Competencia registra nueve empresas de transporte de pasajeros por funcionar como un cártel

El objetivo de las entradas y registros era encontrar "pruebas que ratifiquen los indicios existentes de prácticas anticompetitivas en el mercado del transporte de pasajeros en Euskadi", según la Agencia de Defensa de la Competencia

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La Autoridad Vasca de Competencia (AVC) ha realizado inspecciones en las sedes de nueve empresas del mercado del transporte de pasajeros de Euskadi ante la existencia de "indicios de infracciones graves de competencia" por un posible "reparto de mercado". Es decir, que Competencia sospecha que esas empresas actuaban como un cártel, como una especie de asociación para evitar la competencia y controlar los precios de los billetes.

Las inspecciones han sido dirigidas por los funcionarios de la AVC, con la asistencia de agentes de la Ertzaintza. Asimismo, dada "la amplitud de los elementos investigados y sedes registradas", han colaborado en la inspección funcionarios de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, de la Autoritat Catalana de Competència, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y del Consello Galego da Competencia.

El objetivo de las entradas y registros era encontrar "pruebas que ratifiquen los indicios existentes de prácticas anticompetitivas en el mercado del transporte de pasajeros en Euskadi llevadas a cabo por algunas de las empresas que operan en el mismo, consistentes en un posible reparto de mercado". Según ha indicado Competencia, esta actuación se enmarca en la investigación de una posible infracción de la Ley de Defensa de la Competencia que "no prejuzga el resultado de la investigación, ni la culpabilidad de las entidades inspeccionadas".

Multas

Los acuerdos de reparto de mercado entre competidores son una infracción muy grave de la legislación de defensa de la competencia, que puede suponer la imposición de multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras. La investigación de este tipo de prácticas constituye "una de las prioridades" de la AVC, teniendo en cuenta "la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores vascos y el correcto funcionamiento de los mercados en Euskadi".

Cualquier empresa implicada en las prácticas objeto de investigación en este caso puede beneficiarse de la exención del pago de la multa o de la reducción de su importe si aporta nuevas pruebas.

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