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La Fiscalía pide cárcel para Mario Fernández y Mikel Cabieces

Sostiene que pactaron una salida laboral fraudulenta y onerosa para el socialista como asesor después de que finalizara su etapa como delegado del Gobierno y pide entre dos y tres años

Calcula en 243.000 el quebranto económico de la operación para Kutxabank, aunque reconoce que el expresidente del banco devolvió todo el dinero

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Imputados recurren el auto para la apertura de juicio en el caso Kutxabank

Mario Fernández declarando en el 'caso Kutxabank'. EFE

La Fiscalía de Bizkaia estima probado que el expresidente de BBK y luego de Kutxabank, Mario Fernández, acordó con el abogado Rafael Alcorta la recolocación fraudulenta del exdelegado del Gobierno en Euskadi, el socialista Mikel Cabieces, mediante el pago mensual de una iguala por una supuesta asesoría laboralista. Cifra el quebranto económico que la operación supuso para el banco vasco en 243.592,02 euros y pide para los tres protagonistas penas de cárcel, dos años si el tribunal califica los hechos como “administración desleal” o alternativamente tres si se aprecia “apropiación indebida”, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso eldiarionorte.es.

El ministerio público estima que los tres imputados actuaron “guiados por el ánimo de causar un quebranto económico” a Kutxabank, que integra a las antiguas BBK, Caja Vital, Kutxa y Cajasur. La Fiscalía ve probado que Fernández “ordenó” internamente buscar un acomodo a Cabieces –era una práctica habitual procurar una salida laboral a los delegados del Gobierno amenazados por ETA- y que lo hizo además saltándose los procedimientos habituales de contratación de servicios de la entidad financiera. Además, sostiene que el servicio que aparentemente prestaba Cabieces como abogado laboralista era redundante con otros contratos de asesoría que ya tenía Kutxabank y que el político no ejercía como letrado “desde 1990”.

La iguala mensual que se pactó para Cabieces era de 5.783 euros y la percibió entre marzo de 2012 –salió del Gobierno en enero- y octubre de 2014, aunque luego se abonó otra factura de cuatro meses conjuntos por la misma cantidad pactada coincidiendo con la finalización del mandato de Fernández (noviembre de 2014). Según la Fiscalía, la fórmula para legalizar ese pago era incrementando en esa cantidad el pago mensual al despacho laboralista de Alcorta, que luego a su vez transfería ese dinero contra factura al exdelegado del Gobierno, que al conocerse esta investigación tuvo que dimitir de su cargo en la Ejecutiva del PSE-EE.

El ministerio fiscal subraya que, en paralelo, Cabieces rubricó en las mismas fechas un contrato similar con Iberdrola. La eléctrica le procuraba también 5.000 euros mensuales (lo hizo durante tres años) por un asesoramiento laboral.

Este caso fue destapado por Gregorio Villalabeitia a su llegada a la presidencia de Kutxabank tras la salida de Fernández. La Fiscalía se apoya en que los servicios de auditoría interna confirmaron las irregularidades. Eso sí, se reconoce también que Fernández restituyó de su bolsillo los algo más de 240.000 euros en los que se estima el quebranto económico. Pese a ello, las peticiones de cárcel (como también la multa de 6.000 euros) son idénticas para el banquero, para el expolítico y para el intermediario Alcorta.

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