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Sólo el 22% de las empresas privadas cumplen la normativa sobre atención al público en euskera

El cumplimiento es del 50% entre los bancos y apenas del 1% en supermercados

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Tan sólo el 22 por ciento de las empresas del sector privado de Euskadi cumplen la normativa destinada a garantizar la atención al público tanto en euskera como en castellano, si bien existen grandes diferencias en función de los sectores, con un cumplimiento del 50 por ciento en las entidades financieras y de apenas un 1 por ciento en supermercados.

El viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco, Patxi Baztarrika, ha presentado este lunes en el Parlamento autonómico el análisis sobre los resultados del decreto autonómico sobre derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios.

Esta normativa establece una serie de requisitos destinados a garantizar la atención al público en ambas lenguas oficiales, aunque estas obligaciones no afectan a todos los negocios por igual, sino que se dirigen sobre todo a las de un determinado tamaño.

Según el informe presentado por Baztarrika, el grado de cumplimiento del decreto en el sector privado es "moderado". Tan sólo el 22 por ciento de las empresas privadas cumplen la normativa.

No obstante, el comportamiento varía mucho en función del sector: entre las entidades bancarias, las que se adecuan a la normativa son el 50 por ciento, mientras que las cadenas de comercio que cumplen son el 35,3 por ciento. Por detrás se sitúan el transporte (25,5 por ciento), correo y comunicaciones (16,7 por ciento), energía (7,1 por ciento), centros comerciales (tres por ciento) y supermercados (un uno por ciento).

"MARGEN DE MEJORA"

"El margen de mejora es aún considerable", ha reconocido el viceconsejero, que no obstante ha destacado que se han logrado "avances" en esta materia a lo largo de los últimos años.

Baztarrika ha destacado que, al margen del sector, el grado de cumplimiento varía en función de las características sociolingüísticas de la zona, así como de la "presión" que ejercen los clientes para ser atendidos en una u otra lengua.

En este sentido, Baztarrika ha destacado que "la forma más efectiva de asegurar que se cumplen los derechos lingüísticos de los consumidores en el ámbito privado es la petición de la ciudadanía, y no tanto de la Administración".

SECTOR PÚBLICO

Además del sector privado, el informe analiza el grado de cumplimiento de la normativa en diversas entidades públicas, como Alokabide, Visesa o Lanbide. En este ámbito, el grado de cumplimiento es "alto".

Por otra parte, Baztarrika ha anunciado que en los dos próximos años, el Gobierno vasco destinará 500.000 euros (250.000 en 2015 y otro tanto en 2016) para impulsar convenios con empresas con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios.

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