Andreu rechaza pedir al Banco de España su opinión sobre el debut de Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado pedir al Banco de España su opinión sobre el debut bursátil de Bankia, después de que el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, instara a hacerlo para comprobar si las tesis del supervisor coincidían con las del informe pericial.

Rato hizo esta petición después de que Efe se hiciera eco de que, según fuentes próximas al proceso, internamente el Banco de España había estudiado el trabajo llevado a cabo por los dos peritos para el juez de la Audiencia Nacional y había detectado algunos errores.

Estos errores serían suficientes para invalidar las principales conclusiones del informe pericial, en el que se aseguraba que las cuentas de la salida a bolsa de Bankia no reflejaban su imagen real, por lo que Rato animó al juez a que reclamara esta información.

Sin embargo, en un auto conocido hoy, el instructor del caso Bankia rechaza la propuesta y critica que el exvicepresidente del Gobierno se sustente en la noticia divulgada por la agencia Efe y recogida posteriormente por otros medios, que el exbanquero aportaba en su escrito.

Andreu sostiene que no procede acceder a la práctica de la prueba interesada al sustanciarse la misma en una noticia, una afirmación que ha sorprendido a fuentes jurídicas consultadas porque el mismo juez admitió una querella de UPyD apoyada igualmente en informaciones de prensa para abrir su investigación.

De hecho, el propio Rato indicaba en su escrito que aunque la “mera divulgación de una noticia no puede mover la actuación de los órganos judiciales”, la difundida por Efe “afecta a aspectos esenciales de la presente causa” y garantiza el “correcto ejercicio” de su derecho de defensa.

Y ello porque, tal y como señaló la Fiscalía Anticorrupción, corresponde al Banco de España la “interpretación auténtica” respecto del alcance de la praxis bancaria llevada a cabo “por aquellas entidades sometidas a su supervisión y disciplina”.

Pero Andreu responde en su auto, contra el que cabe recurso, que “el derecho a utilizar los medios de prueba para la propia defensa no debe llevar, desde la vertiente judicial decisoria, a una admisión indiscriminada de cuantas pruebas se propongan por las partes”.