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La Asamblea de Murcia inicia este martes el proceso para elaborar una Ley regional de transparencia

Los partidos acuerdan la comparecencia de expertos universitarios, Consumur y el Colegio de Ciencias Políticas

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La Asamblea Regional iniciará este martes los trámites para la elaboración de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia, que los tres grupos parlamentarios del PP, PSOE e IU-Verdes confían en acordar con la intención de acercar la administración pública a los ciudadanos.

Este martes tendrá lugar la reunión de la Ponencia encargada de la elaboración de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia para fijar su calendario de trabajo y, de momento, los tres grupos parlamentarios han consensuado que van a pedir asesoramiento a tres colectivos.

En concreto, van a comparecer un colectivo de expertos universitarios que han sido ponentes de otras reformas; así como la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur) y el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región, que van a plantear sus propuestas.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz adjunto del PP en la Asamblea Regional, José Antonio Ruiz Vivo, ha destacado que la Ley de Transparencia aprobada por el PP cuando ha llegado al Gobierno central "ofrece un magnífico marco" que ahora "hay que territorializar y darle una singularidad".

Ha destacado que ese marco "no existía antes de llegar el PP al poder". Por tanto, ha ensalzado que el Partido Popular "es el primer partido que ha dotado a la sociedad española de un espejo público como es la Ley nacional transparencia, donde tienen un magnífico espejo en el que mirar y en el que mirarse".

Ha destacado que esta Ley de transparencia "sólo está desde que ha llegado el PP", a pesar de que "los demás han tenido ocasión de hacerlo". "Seguiremos profundizando en las singularidades propias del territorio murciano, en lo que nos caracteriza, en lo que nos identifica", ha añadido.

Ha reprochado igualmente que "alguien intente utilizar esta ley como una herramienta política", algo que según ha advertido, el Gobierno no va a "consentir", ya que "se trata de una herramienta de gobierno, que supone negociar, acordar y avanzar en el marco de un texto que es el que tenemos ya validado a nivel nacional".

EL PSOE PROPONE UNIVERSALIDAD E INFORMACIÓN

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Oñate, ha recordado que el PSOE presentó el pasado mes de mayo una ley completa, pero lo hizo con la intención de "lanzar una piedra en el estanque del debate sobre la transparencia en la Región, que estaba muy quieto". No obstante, el PSOE acabó por retirarlo para "alcanzar un consenso", ha añadido.

La Ley presentada en mayo fue un trabajo personal "de meses" desarrollado por Oñate, ayudado por "expertos y profesionales". Con todo, el diputado socialista está satisfecho por haber logrado abrir el debate sobre la transparencia, ya que en su opinión se trata de un tipo de ley que "debe de trascender a los partidos y a las legislaturas".

En general, Oñate reclama "la universalidad de los sujetos afectados, para que todo el que percibe una remuneración, un contrato o algo que tenga que ver con la Administración regional tenga la obligación de someterse a la Ley de transparencia". Su propósito es que "no haya ni instituciones ni de personas que dependan para su funcionamiento de la administración regional que queden excluidos".

La propuesta de Oñate también incluye un capítulo de información, que se desglosa en dos aspectos. En primer lugar, defiende el "derecho universal a solicitar información sin motivación y sin tener que estar afectado por un tema concreto".

Y es que, hasta ahora, todo aquel que pide una información "tiene que dar una explicación". El objetivo que plantea el PSOE es que "cualquier ciudadano pueda preguntar cualquier tema sin estar afectado por él necesariamente", ha subrayado.

Al mismo tiempo, el PSOE promueve el principio de "publicidad activa", de forma que el Gobierno regional ofrezca información "de absolutamente todo lo que hace, como contratos y disposiciones" sin que la gente lo demande, empleando para ellos herramientas como el portal del 'gobierno abierto', aunque señala que "se podría emplear cualquier otra herramienta".

Además, la propuesta del PSOE incluye un capítulo de participación, cuyo objetivo es "abrir la administración a una participación efectiva de la población, no solo en momentos electorales". A su juicio, hay que dar cabida a la ciudadanía "en las resoluciones y normas de carácter general".

Por ello, el PSOE defiende la creación de un registro de asociaciones de interés público que tengan el derecho de antemano de intervenir y participar en la elaboración de normas relacionadas con su tarea. Hasta ahora, explica Oñate, "hay asociaciones que protestan cuando ya está hecha la norma".

En lo que respecta al gobierno, el PSOE también defiende la obligación de verificar la gestión pública con el fin de evitar la "improvisación", obligando a "hacer programas de gobierno por legislaturas y anuales". Además, el PSOE promueve "un compromiso ético", para que "no haya partidos políticos que hagan programas electorales y luego los incumplan".

En este compromiso ético, el PSOE también propone "declarar la administración pública como territorio nudista". Reconoce que es algo "incómodo" porque "tienes que contar cosas que no son necesariamente de la política", pero advierte que es necesario "tal y como están los tiempos".

IU RECLAMA TAMBIÉN TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PRIVADO

Por su parte, el portavoz de IU-Verdes en la Asamblea, José Antonio Pujante, ha recordado que su partido "siempre ha defendido la máxima transparencia en las administraciones públicas en su gestión, pero también de las empresas privadas y de las instituciones financieras".

Recuerda que IU-Verdes suscribió el documento redactado por la Plataforma por la Transparencia, al que también se adhirió el PSOE, pero lamenta que el PP "fue el único partido con representación parlamentaria que no ha suscrito este acuerdo". Incluso, Pujante recuerda que cuando él fue elegido concejal del Ayuntamiento de Lorca en 1995 hizo pública en rueda de prensa el patrimonio que tenía.

Ha insistido en que la transparencia debería incidir no solo en el ámbito de lo público, sino también de lo privado, aunque reconoce que la Ley regional "no va a poder incidir sobre este terreno". A su juicio, la gestión privada debería quedar regulada por la legislación estatal.

De hecho, recuerda que los organismos europeos e internacionales "abogan por que las relaciones económicas y comerciales se puedan realizar con la máxima certidumbre posible", ya que "uno de los grandes problemas que ha habido con la crisis financiera ha sido la ocultación de información".

Aunque IU-Verdes "siempre ha apostado por la transparencia", Pujante reconoce que es un tema que "ahora se ha puesto de moda por todas las operaciones de opacidad, ocultación y corrupción que han tenido lugar".

En este sentido, ha afirmado que las propuestas de IU-Verdes van a ir enfocadas a lograr "la máxima transparencia en el funcionamiento de las administraciones públicas, hasta el límite de las garantías constitucionales del derecho a la privacidad o la intimidad".

Por ejemplo, propone que cualquier ciudadano pueda acceder a la web de la administración pública y pueda hacer un seguimiento de las licitaciones de contratos de bienes y servicios, y que pueda ver "claramente" cuál es el procedimiento seguido en estos procesos, las empresas que concurren o el dinero que se oferta.

Igualmente, IU-Verdes apuesta por que cada ciudadano pueda hacer un seguimiento "pormenorizado de la ejecución del presupuesto de la Comunidad", de tal manera que cualquier ciudadano pueda ver "cómo se gasta el dinero y el grado de ejecución del presupuesto".

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