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Asesinatos políticos, el precio de la democracia al estilo camboyano

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Asesinatos políticos, el precio de la democracia al estilo camboyano

Asesinatos políticos, el precio de la democracia al estilo camboyano

Cuando el asesino confeso del analista político camboyano Kem Ley expuso las razones del crimen nadie creyó su explicación, ni la policía, ni la familia del muerto, ni la oposición política, ni siquiera el primer ministro, Hun Sen, quien prometió ese mismo día una investigación.

"Chuop Somlap", como se identificó el asesino y que en camboyano significa "reunirse para matar", alegó ante la Policía que la víctima le debía 3.000 dólares (unos 2.700 euros) tras ser detenido el 10 de julio, horas después de disparar a bocajarro a Kem Ley en una gasolinera de Phnom Penh.

Tanto la mujer de Kem Ley, Pou Ratana, como la pareja del supuesto asesino, que le identificó como Oeuth Ang, aseguraron que no eran conscientes de la deuda y apuntaron a motivaciones políticas, en declaraciones publicadas por la prensa local.

El reguero de sangre que bajaba por la cabeza del presunto asesino en el vídeo de su declaración, filtrado a los medios, no era de la víctima, sino suyo tras ser golpeado por una turba de locales que se encontraban cerca en el momento de asesinato.

Solo la intervención de la policía evitó el linchamiento del ejecutor a las puertas de una pagoda donde buscaba refugio.

Al mismo tiempo, otra multitud se congregó en el lugar del crimen para evitar que la policía se llevase el cadáver y lo trasladó hasta una templo, donde permanecerá hasta el próximo domingo, mientras miles de personas han acudido a honrar los restos mortales.

"Se vio un nivel increíble de ira en las redes sociales entre los jóvenes camboyanos que están furiosos y culpan al Gobierno, estoy preocupado", indicó a Efe el abogado especializado en derechos humanos, Ruppert Abbot.

Los asesinatos de rivales políticos y disidentes no son nuevos en la Camboya de Hun Sen, en el poder desde hace más de treinta años, pero desde la década de los noventa la violencia había amainado (el último caso ocurrió en 2012).

"El asesinato de Kem Ley conmocionó a muchos de nosotros, pensábamos que los días oscuros y violentos estaban en el pasado, pero aparentemente no", afirma el camboyano fundador del centro de investigación "Future Forum", Ou Virak.

Kem Ley había creado la red popular "Khmer for Khmer", tenía una reconocida trayectoria como activista político independiente y su recientemente fundado "Grassroots Democracy Party" iba a presentar candidatos para las elecciones municipales de 2017.

Su popularidad había crecido en los últimos meses, según algunos analistas, aupada por un discurso antivietnamita.

Al igual que Kem Ley, Ou Virak, comenta en los medios la actualidad política de Camboya y critica abiertamente al Ejecutivo, lo que provocó que el partido gobernante le denunciase por difamación en abril.

"Mi caso se ha usado para enviar un poderoso mensaje al resto de los analistas: no puedes ser crítico, no puedes explicar cosas a la población", asegura el camboyano.

En la última década, la lucha política se había trasladado a los tribunales, que han encarcelado a veintiséis presos políticos en el último año, según los últimos datos de la ONG local Licadho.

Además, los dos líderes de la oposición, Sam Rainsy y Kem Sokha, enfrentan procesos judiciales.

El primero vive en Francia desde noviembre para evitar su arresto y el segundo se refugia en la sede de su partido desde abril.

Expertos en derechos humanos como Billy Chia-Lung Tai consideran que la financiación que recibe Camboya de sus donantes internacionales exige la apariencia de una democracia que respeta los derechos humanos, pero que en la práctica "no implementa los tratados internacionales".

"El Gobierno no puede dirigir una escuadrón de la muerte en Camboya, aunque nada les gustaría más que eso, y necesitan, por absurdo que parezca, algún tipo de negación plausible, que permita que donantes y Gobierno miren para otro lado", indica a Efe el consultor neozelandés.

El crimen ha sido condenado por Estados Unidos y las Naciones Unidas, así como por ONG internacionales y setenta ONG locales, que pidieron una investigación independiente.

Por otro lado, Abbot, considera que las nuevas generaciones, más informadas gracias a la rápida penetración de las redes sociales y que no vivieron los años del régimen genocida del Jemer Rojo, no reaccionan a la política del miedo como sus mayores.

"Si el Gobierno continua en esta ruta de represión, la confianza de la población se romperá por completo y quién sabe que pasará", sentencia Abbot.

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