La Audiencia Nacional rastrea el patrimonio de Álvaro Lapuerta para que abone toda su fianza

El extesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta ha entregado bienes que no alcanzan ni a la mitad de la fianza de 8,4 millones que le impuso el juez José de la Mata para hacer frente a la fianza por responsabilidad civil en la causa de la financiación irregular del PP. La respuesta de la Audiencia Nacional ha llegado en una diligencia de la secretaria del Juzgado de Instrucción número 5, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que ordena que se proceda a “la averiguación de bienes y derechos titularidad del acusado a los efectos oportunos”.

El juez De la Mata dictó auto de apertura de juicio oral el 25 de mayo pasado. En el mismo, establecía la responsabilidad civil subsidiaria que debían satisfacer las cinco personas físicas que se sentarán en el banquillo. Con este tipo de fianza se pretende asegurar las sumas a las que deberán enfrentarse los acusados en el caso de una eventual condena. En el caso de Lapuerta, la cantidad inicial establecida fue de 8.988.559,77 euros, pero un recurso del extesorero logró rebajar la cantidad hasta los 8.411.310,63 euros.

El antecesor de Bárcenas en la tesorería del PP tenía diez días para abonar la fianza y presentó en el Juzgado 320.000 participaciones sociales nominativas emitidas por la entidad Inmobiliaria El Royuelo S.L, a 10 euros el valor nominal de cada una. En teoría, 3,2 millones de euros, cifra muy alejada de la cantidad requerida y que la secretaria del Juzgado, Ana Esther Sánchez García, ha solicitado que sea comprobada por los peritos judiciales de la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional. En un decreto, al que ha tenido acceso eldiario.es, Sánchez García pide a los funcionarios que comprueben el valor de esas acciones a fecha de 12 de junio.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 5 años de cárcel para Lapuerta por apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal en el caso de la caja b del PP. Las limitaciones del Código Penal vigente cuando se cometieron los hechos y la imposibilidad de demostrar que los empresarios financiaron al PP a cambio de adjudicaciones concretas ha centrado la investigación de la Audiencia Nacional en el pago en b de la reforma de las obras de Génova. Además, Lapuerta y Bárcenas están acusados de quedarse con 209.550 euros de la caja B que iban destinados a la compra de acciones de Libertad Digital.

En su escrito de defensa, el abogado de Lapuerta intenta que su defendido no se siente en el banquillo porque sufre “demencia sobrevenida”. Hasta el final, Lapuerta ha negado la existencia de una caja y ha cargado contra Bárcenas, en sintonía con la tesis promulgada desde Génova. La investigación no pudo acreditar que los visés que aparecen en los papeles de Bárcenas fueran obra de Lapuerta, el otro guardián del dinero en el PP que podría haber corroborado el sistema de financiación irregular que la instrucción finalmente ha dado por acreditado.

Con Lapuerta demente, o al menos aferrado a la tesis del PP, el partido se ha asegurado un apoyo relevante a su tesis de  que Bárcenas se aprovechó de él, que el dinero negro le es ajeno y que todo es una trama organizada por el principal imputado para enriquecerse a su costa.

En este tramo final de la causa, el abogado de Lapuerta describe sus 15 años de tesorero (1993-2008), los mismos en los que Bárcenas actuó como su mano derecha en el puesto de gerente: “Mi cliente se sujetó a la disciplina orgánica del partido sin que por razón de su gestión fuera sometido a expediente disciplinario ni, en consecuencia, sancionado, conservando su condición de afiliado. Su gestión ordinaria y presupuestaria fue aprobada por el Comité Ejecutivo del Partido, conforme previsión estatutaria”. O lo que es lo mismo, lo contrario de lo ocurrido con Bárcenas, apartado con deshonor de la formación.